El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sant Feliú de Llobregat, Barcelona, ha aceptado a trámite la demanda interpuesta por el letrado David Bravo en representación legal de la «youtuber» María Rubio, de 22 años, conocida en Internet por el nombre de «Miare», y de su madre, Antonia Sánchez, contra el también ‘youtuber’, el sevillano Javier Oliveira, al que acusan de un delito de intromisión ilegítimo en el honor de ambas.
Madre e hija solicitan 60.000 euros de indemnización –30.000 euros para cada una– el cese de la conducta difamatoria, la lectura por el ‘youtuber’ demandado del fallo de la sentencia desde su canal semanalmente durante un mes y el pago de las costas del procedimiento.
De acuerdo con la demanda, Javi Oliveira, que tiene 245.000 suscriptores en Youtube, ha emprendido «una campaña de desprestigio» contra las demandantes» que dura varios meses, «con una cascada de vídeos incesante, repetitiva y cuasi-obsesiva en la que les dirige todo tipo de insultos» y con una periodicidad casi diaria.
Y habría convertido su espacio en una suerte de canal temático sobre las dos demandantes, desde el que incesantemente desgrana sus vidas mientras las insulta llamándolas «cachos de mierda», «sinvergüenzas», «hijas de la gran puta», «malas personas», «gentuza», «enfermas», «trozos de mierda», «fracasadas», que tienen una «puta secta», que Miare es además una «puta enferma».
Oliveira acusa a ambas de medrar en su carrera por acostarse con determinadas personas influyentes y critica a Miare por llamar la atención subiendo a Instagram fotos en sujetador, afirmando que nunca se la «follaría» porque «tiene el pelillo de escoba, como una alfombra vieja y andares de montar en pony», que si tuviera que elegir entre ella o una cucaracha se quedaba con la cucaracha, y que además su madre, la también demandante Antonia Sánchez, es una «vieja loca» y una «payasa» con «el coño muy viejo para hacer gilipolleces».
Miare, por su parte, la demandante, tiene 867.000 suscriptores en su canal.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO AMPARA EL «DERECHO» AL INSULTO
El letrado Bravo, quien llevó el caso del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, contra Luis Pineda, de Ausbanc, apela a la conocida doctrina del Tribunal Constitucional que rechaza la existencia de un pretendido derecho al insulto y que califica como vulneración del derecho al honor las expresiones objetivamente injuriosas e innecesarias para transmitir la opinión o información que se desee manifestar.
En la demanda Bravo señala que los vídeos de Oliveira están llenos de anuncios publicitarios, por los que este saca un importante beneficio económico.
«Llevo varios meses viendo cómo este señor gana dinero en su canal a costa de vejarme diariamente. Pensé que, si no le contestaba, él mismo pasaría a otra cosa, pero el ataque no ha hecho más que incrementarse día tras día y con 35 años ha hecho de esto su oficio», ha señalado María Rubio, a través de una nota difundida por el despacho de abogados que lleva su caso.
«Los insultos se dirigen contra mi hija y todos los que la rodeamos, no solo yo, sino también sus amigos, la gente con la que trabaja y hasta sus abogados», explica Antonia Sánchez.
«Pretende humillarla y aislarla. Que nadie quiera estar cerca y pasar a ser el próximo objetivo».
