Ha estimado íntegramente el recurso de apelación presentado por Emérita Resources contra el auto de sobreseimiento dictado el pasado marzo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que ahora queda revocado. Foto: Carlos Berbell
La Audiencia de Sevilla ordena reabrir la causa de la adjudicación de explotación de la mina de Aznalcóllar
Pide que declare Vicente Fernández, exsecretario general de la Consejería de Innovación de la Junta y actual presidente de la SEPI, quien tras conocer la reapertura de la causa ha puesto su cargo a disposición del Gobierno
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01/10/2019 15:53
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Actualizado: 01/10/2019 23:21
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015.
El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ve «poderosos indicios» de prevaricación, así como «indicios ostensibles» de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación tras el estudio de los correos electrónicos entre exsecretario general de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía Vicente Fernández Guerrero, actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y los representantes de Magtel, Isidro L.M. y Mario L.M., expuestos y analizados en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Vicente Fernández Guerrero, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Foto: EP
Destaca la «inexistencia de motivo que explique por qué Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis para hacerlo, a no ser por las ventajas que pudo ofrecerle esta última entidad de cara a conseguir la concesión», y «los ascensos de personas relacionadas con el concurso», que «podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados».
En un auto, fechado a 26 de septiembre, del que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya, el tribunal ha ordenado la «reapertura de las actuaciones para la completa y definitiva investigación de los delitos por los que se instruye la presente causa, de cuantas personas en ellos hayan intervenido, bien en su ideación, bien para favorecer el concurso, bien como consecuencia del mismo».
Solicita a la Junta de Andalucía que informe a través de la UCO de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo, especificando fechas de ascenso.
Además, ordena que declaren Vicente Fernández y dos representantes del grupo que ganó el concurso, Isidro L.M. y Mario L.M.
Vicente Fernández es en la actualidad presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y tras conocer la reapertura de la causa ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, según ha informado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
El tribunal que ha tomado esta decisión está integrado por los magistrados Juan Romeo Laguna, María de los Ángeles Sáez Elegido, Enrique García López-Corchado y Mercedes Alaya Rodríguez.
ESTIMA ÍNTEGRAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EMERITA RESOURCES
El tribunal ha estimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la sociedad Emerita Resources contra el auto de sobreseimiento dictado el pasado 11 de marzo por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que ahora queda revocado.
Emerita Resources reclama en su recurso la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que, además, era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.
Señala presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., a los que todavía no se ha tomado declaración, en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, «considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no».
Además, pide que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que constante el presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.
EL TRIBUNAL VE CLARO QUE EL GRUPO MÉXICO NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS
El tribunal señala que resulta «evidente«, que Grupo México, como licitador, «no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles» para pasar a la segunda fase, relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, «lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública».
Los magistrados señalan que se «quebrantó» el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y, además, se estaba dando cobertura con la actuación «llamativamente ambigua» de la Administración, al resultado final, «legalmente inadmisible» de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que «debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él».
El tribunal indica que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente, sino como Minorbis-Grupo México, lo que «hace dudar sólidamente» de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea «un simple error arrastrado».
Señala que puede ser una medida «intencionada» para procurar «cierta lógica» a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, «que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan».
El tribunal sospecha que no se cumplan los preceptos de solvencia económica y técnica.
En el primero de los casos, apunta que Minorbis «habría intentado justificar la solvencia necesaria mediante los medios económicos, financieros, técnicos y de experiencia profesional de la entidad Grupo México en virtud de dos documentos íntimamente relacionados entre sí» que la Administración consideró insuficiente, «pues era palmaria la ausencia de acreditación de la aportación de medios, tratándose de reuniones de trabajo no vinculantes como toma de contacto entre ambas entidades».
El tribunal manifiesta que «la patente ilegalidad, la grosera y burda ilegalidad» radicaría en que esta nueva sociedad «tendría una minúscula participación de Minorbis, licitadora que ha ganado el concurso, y que pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida formalmente del mismo, que realmente no participó en el concurso, y que la Junta de Andalucía ‘a posteriori’ argumenta que sólo fue una tercera entidad acreditadora de solvencia de la licitadora Minorbis».
«Esta presunta ilegalidad a la que antes aludíamos encontró provisoriamente su complemento adecuado, en primer lugar en el perfecto conocimiento que la Administración tenía desde el inicio, a través del Memorándum de Entendimiento que establecía que aunque ganara Minorbis la adjudicación iba a aceptarla una sociedad distinta y controlada por Grupo México, a pesar de que la misma consideró a esta última en el desarrollo del concurso únicamente como aportadora de solvencia; y en segundo lugar en mantener intencionadamente a Grupo México frente a terceros como licitadora durante todo el concurso de la explotación de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar», concluye.
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