Xabi Alonso será juzgado el miércoles por presunto fraude fiscal

La Fiscalía de Madrid pide cinco años de prisión.

El representante del Ministerio Público reclama la misma pena para el asesor fiscal Ivan Zaldúa Azcuenaga y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre Casanova.

A cada uno de ellos, además, les exige el pago de una multa de 4 millones de euros y en concepto de responsabilidad civil les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, esto es, la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la Administración Tributaria, más los intereses generados.

El caso será juzgado por la Sección 30 de la Audiencia Provincial. El tribunal ha fijado el juicio para el miércoles y el jueves.

Se iba a celebrar el pasado enero, pero la Audiencia Provincial de Madrid lo suspendió hasta que se resolvieran las dudas sobre la competencia en relación a la aplicación de la reforma del Código Penal en uno de los tres delitos fiscales de los que se le acusa.

El pasado junio, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una segunda querella contra Xabi Alonso por la presunta comisión de un delito fiscal durante el ejercicio 2013, que asciende a 572.008 euros.

También dirige ésta contra Zaldúa Azkuenaga y contra Maestre Casanovas.

‘APARENTE’ CESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN

La Fiscalía expone en su escrito de acusación que a mediados de 2009 los tres acusados se pusieron de acuerdo para articular una «aparente» cesión de la explotación de los derechos de imagen del exfutbolista «con la intención de que el mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito».

Indica que dicha mercantil fue facilitada al exfutbolista por Maestre, que figuró como administrador de la sociedad Kardzali hasta el año 2014 “consciente él mismo de que iba a utilizarse a los efectos de evitar el pago de impuestos”, y quien, además, era administrador en las islas de otras 23 sociedades.

Relata que el 5 de agosto de 2009, Alonso, asesorado de forma «efectiva» por Zaldúa, suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali ubicada en Madeira y cuyo administrador era Maestre.

Dicha mercantil, en la que Maestre ocupaba también desde el 16 de abril el cargo de gerente, pertenecía a una sociedad residente en Panamá de la que Alonso era el titular del cien por cien de las participaciones sociales desde el 16 de diciembre de 2009.

Para la Fiscalía, la «aparente» cesión de los derechos de imagen se realizó cuando el exfutbolista gozaba de su condición de «no residente» en España, «si bien mantuvo dicha estructura formal» durante los años siguientes y, «al menos hasta 2012», teniendo durante ese tiempo la condición de residente fiscal español.

El Ministerio Público señala que entre 2009 y 2012 Alonso explotó su imagen a distintas empresas que le contrataban con la ayuda de los otros dos acusados sin hacer «uso real» de la sociedad que se encontraba en Madera «convirtiendo dicha entidad en un mero instrumento formal de ingresos y pagos que no desarrolló función alguna en la explotación de la imagen del acusado».

Afirma que de este modo Kardazli Comercio Servimos de Consultoría e Investiremos LEDA percibió entre los ejercicios 2010-2012 un rendimiento de actividades económicas «aparentemente» derivado de la explotación de los derechos de imagen de Alonso de 2.083.400 euros que debieron integrarse en la base imponible del IRPF de los ejercicios correspondientes.

Esto supuso, según la Fiscalía, un perjuicio a la Administración Tributaria de 2.032.845 euros.

En la otra querella, la Fiscalía señala que la Delegación en Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria le remitió el pasado 14 de junio un informe-denuncia relativo al exjugador del que se desprenden indicios de la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2.013, al resultar un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 572.008 euros.

La querella recae sobre el tributo personal de renta del año 2013 del exfutbolista, «cuyo fraude se sustenta en la operación defraudatoria diseñada en el año 2009 y que se han mantenido en el periodo del 2013″.