Indra pagó facturas por servicios no acreditados a una empresa contratada por el PP de Aguirre

El representante legal de la Indra también ha dicho al juez que en su investigación interna no se han detectado pagos en metálico relacionados con el ‘caso Púnica’.

Indra ya comunicó estas conclusiones por escrito a la Audiencia Nacional y se ha comprometido a seguir aportando «toda la nueva documentación, que será producto de la auditoría de costes que la compañía realizará sobre los procesos electorales investigados» por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN.

También entregará todas las actas e informes de su Unidad de Cumplimiento, algo que no había podido hacer antes porque que no estaba personada la causa.

La empresa destaca que «si ha existido una violación» de su propio sistema de cumplimiento, es «producto de la conducta desleal realizada de algunas personas que no son parte de Indra en la actualidad».

LA UCO CONCLUYE QUE INDRA FINANCIÓ CON 566.497 EUROS LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2011 CON CONTRATOS FALSOS

En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral del año 2011 del PP de Madrid, a través de contratos falsos.

Los investigadores destacan que las evidencias documentales prueban la «aquiescencia de directivos de Indra -antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril– a pagar gastos vinculados» al PP de Madrid, lo que se hizo a través de «servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral».

Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y «habrían servido para retribuir los trabajos» que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat, y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con el expresidente madrileño Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Según los investigadores, el partido no fue el que abonó los servicios a Swat, sino que lo habría hecho Indra a través de otra empresa, Formaselect Consulting.

A raíz de la incorporación de este informe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN imputó a Indra como persona jurídica.

EL JUEZ ESTIMA QUE ENTRE 2008 Y 2013 INDRA ABONÓ FACTURAS FALSAS DEL PARTIDO POR UN TOTAL DE 1,1 MILLONES 

Entre 2008 y 2013, el juez sostiene que Indra -que ya presentó un escrito «reconociendo la no realidad de trabajos» facturados- abonó facturas falsas del partido por un total de 1,1 millones de euros.

García-Castellón considera a Indra «parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP de Madrid para utilizar las arcas públicas» de la Agencia Informática de la Comunidad (ICM) «como fuente de ingresos del partido».

Cree que Indra, «con la participación activa» de varios directivos, entre ellos Monzón y Roura, se convirtió «en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente» al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.

Sospecha que Monzón y otros directivos «intervendrían en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos» del partido.

El juez instructor estima que Indra abonó facturas falsas del partido por 1,1 millones de euros y que su «pleitesía» presuntamente le sería recompensada con adjudicaciones públicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente al magistrado la imputación del exvicepresidente de Indra Regino Moranchel en esta pieza.

El Ministerio Público quiere citar a declarar a Moranchel después de que el que el exdirector de Operaciones de Indra Santiago Roura le señalara en sede judicial el pasado 30 de septiembre como la persona que ordenó algunos de los pagos.

MONZÓN SE HA DESVINCULADO DE LOS SUPUESTOS PAGOS DE INDRA AL PP

El expresidente de Indra Javier Monzón, que actualmente preside el consejo de administración del Grupo Prisa,
declaró el pasado viernes como investigado y se desvinculó de los supuestos pagos de Indra al PP.

Dijo que desde su posición no estaba en el detalle de los contratos, tampoco con los que se suscribían en la Comunidad de Madrid que gobernaba Aguirre y que, en todo caso, la compañía contaba con sistemas de control sólidos y efectivos en la gestión de sus operaciones y proyectos.

Apuntó que él se encargaba de la estrategia y no estaba en los pormenores de las operaciones, como tampoco tuvo conocimiento de los pagos objeto de las pesquisas ni conocía las facturas hasta que las ha visto en el sumario de la causa.

El pasado 18 de septiembre, el exdirector la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo, reconoció ante ante el juez que el organismo adjudicó a Indra un contrato por importe superior a 200.000 euros fuera del procedimiento legalmente establecido.