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China y Estonia desarrollan “jueces virtuales” basados en Inteligencia Artificial para resolver demandas de cantidad

Sobre estas líneas la juez de Inteligencia Artificial desarrollada por los chinos.
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China y Estonia se encuentran a la cabeza del desarrollo de “jueces virtuales” basados en la Inteligencia Artificial (IA).

El gigante asiático presentó recientemente el llamado Tribunal de Internet de Pekín, un centro de litigios en línea en el que un juez de apariencia femenina, con cuerpo, expresiones faciales, voz y gestos, todo ello modelado sobre la base de un ser humano que, incluso “respira”, basado en la IA, resolverá litigios simples, aunque en esta primera fase funcionará de apoyo a los jueces de verdad.

El mencionado tribunal ha desarrollado el denominado Sistema de Cadena de Equilibrio en el que todo el proceso de extracción y conservación de pruebas electrónicas puede comprobarse su trazabilidad y, por lo tanto, su veracidad.

Además, la juez de inteligencia artificial –sobre la que las autoridades chinas afirman que es la primera en su género– tiene la capacidad de “estudiar” casos anteriores y verificar la jurisprudencia  en tiempo real.

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“La juez de inteligencia artificial ayudará a los jueces de la corte a completar el trabajo básico repetitivo, incluyendo la recepción de litigios basada en tecnologías inteligentes de síntesis de voz e imagen que permitirán a los profesionales poner toda su atención en los procesos judiciales”, informa Xinhua.

ESTONIA, LA OTRA EXPERIENCIA

Por otra parte, en Estonia, uno de los tres países bálticos, con una población de 1,3 millones de habitantes, se ha puesto a la cabeza de la investigación en lo que allí han denominado “jueces robots” de los que se espera, en esencia, lo mismo que en China.

De hecho, se espera que sus jueces de inteligencia artificial comiencen a operar a finales de este año en la resolución de demandas de cantidad hasta un máximo de 7.000 euros.

A grandes rasgos, el sistema funciona de la misma forma que la de los chinos.

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Las partes presentan sus demandas y sus pruebas en formato digital. El juez de inteligencia artificial que están desarrollando analizará la documentación y emitirá una sentencia. 

La inteligencia artificial permitiría acelerar decenas de casos atrasados que los jueces y secretarios judiciales no pueden hacer frente actualmente.

Si alguna de las partes disiente con el resultado siempre podrán presentar un recurso de apelación ante un juez humano.

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El proyecto lo está llevando a cabo Ott Velsberg, un brillante joven de 28 años, director de Datos del Gobierno estonio.

En Estonia se  espera que sus jueces de inteligencia artificial comiencen a operar a finales de este año en la resolución de demandas de cantidad hasta un máximo de 7.000 euros.

PELIGROS Y LIMITACIONES ÉTICAS

«Tener un sistema automatizado para resolver casos poco importantes y, sobre todo, sencillos o con una respuesta jurídica clara puede ayudar a descongestionar los órganos judiciales y ofrecer respuestas más rápidas, imparciales y fiables», afirma David Martínez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Catalunya y ponente en la jornada «Inteligencia artificial y derecho. El panorama de los retos éticos y jurídicos», que organizan los Estudios de Derecho y Ciencia Política el lunes, 14 de octubre, en la sede de Tibidabo, en Barcelona.

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«El uso de algoritmos, en términos generales, siempre conlleva mejoras de eficiencia, rapidez, previsibilidad y seguridad», afirma Martínez, que añade que «se eliminan los aspectos subjetivos que pueden afectar a la toma de decisiones e introducir distorsiones que en principio no deberían influir en estas decisiones».

Así pues, ¿un juez artificial podría dictar sentencia de manera más imparcial que un humano?

«En la medida en que un algoritmo no tiene por sí mismo ningún elemento de subjetividad, sino que se limita a ejecutar una serie de órdenes, se elimina la posibilidad de interferencia de prejuicios o creencias que puedan alterar la aplicación mecánica de las normas», advierte Martínez.

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Sin embargo, la aplicación de esta tecnología también tiene peligros éticos y limitaciones técnicas. «

En cuanto a la tecnología, la toma de decisiones judiciales está bastante limitada. Por ejemplo, porqué no es adecuada en casos que involucran discrepancias relativas a la interpretación de preceptos legales o en discusiones en torno a cuáles son los hechos probados», detalla el profesor.

David Martínez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, opina que, desde el punto de vista técnico, no habría ningún problema.

¿QUIÉN CONSTRUYE LA ÉTICA DEL ALGORITMO?

Este es uno de los retos pendientes más importantes dada la repercusión que puede tener en la vida de las personas. «Es importante tener la posibilidad de examinar y supervisar el código de estos algoritmos, ya que se corre el riesgo de incorporar, intencionalmente o no, sesgos, prejuicios u otros elementos en la misma programación que de algún modo “contaminen” la respuesta», advierte Martínez.

Un ejemplo controvertido es el algoritmo COMPAS, que utilizan, entre otros, los tribunales penales del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, para hacer una estimación del grado de peligrosidad y el riesgo de reincidencia del acusado y así calcular la pena que se le impondrá.

Ha habido acusaciones, con un cierto grado de credibilidad, de que el algoritmo discrimina a determinados colectivos, como los afroamericanos, pero no se ha podido demostrar ni desmentir porque el código no es accesible, dado que es propiedad de una empresa privada.

EL JUEZ DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, IMPORTABLE PARA ESPAÑA

Los 1,3 millones de ciudadanos de Estonia ya utilizan la tarjeta de identidad nacional para servicios en línea tales como la votación electrónica y la presentación de impuestos digitales.

Por tanto, la idea de un juez robot tiene muchas posibilidades de funcionar.

¿Esta figura, casi proveniente de la ciencia ficción, sería importable a España?

«Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna diferencia en que los algoritmos de decisión artificial se apliquen en un estado o en otro; solo habría que ajustarlos a los contenidos del sistema jurídico de cada lugar», afirma Martínez.

Pero, en todo esto, hay un cambio de mentalidad. ¿La ciudadanía aceptaría ser juzgada por un robot?

«Hay que tener presente la posible reticencia tanto de los profesionales del derecho como de los ciudadanos a aceptar que un algoritmo tome decisiones con cierta trascendencia», explica Martínez. Ahora bien, la eficiencia y la rapidez de esta tecnología podrían ayudar a los tribunales.

«Teniendo en cuenta la falta de recursos suficientes y la saturación de los órganos judiciales, se podría aligerar derivando parte de los casos (aquellos más mecánicos o de trámite) a sistemas de decisión automatizada, lo que podría tener efectos positivos», considera el experto.