El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha manifestado hoy en la Audiencia Nacional que no recuerda que Esperanza Aguirre diera ninguna indicación para contratar a empresas investigadas en el ‘caso Púnica’ empleadas supuestamente para el desvío de dinero de fondos públicos al PP madrileño, según fuentes jurídicas.
González ha declarado hoy como imputado en la pieza separada 9 del ‘caso Púnica’ que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid en tiempos de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
Ignacio González, que presidió la Comunidad de Madrid de 2012 a 2016, está imputado en Púnica por los presuntos delitos de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral en relación al presunto «desvío continuado de fondos públicos» desde las consejerías de Transporte y Presidencia mediante supuesto «amaño de las partidas de publicidad» y a través de subvenciones públicas a Fundescam. También con las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) y el Canal de Isabel II.
Su declaración ante el magistrado instructor del ‘caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha durado dos horas. A su salida de la AN, González ha dicho a los medios de comunicación que ha ido «muy bien».
Según las citadas fuentes, González ha dicho que la reunión de principios de 2004, en la que, según el instructor, Aguirre convocó a sus consejeros de máxima confianza para dar instrucciones de que contrataran al empresario Horacio Mercado para publicidad, efectivamente se produjo, pero ha señalado que la entonces presidenta no dio esa indicación.
De acuerdo a estas fuentes, ha dicho que Aguirre sólo les presentó el ‘logo’ que había diseñado Mercado, con el eslógan ‘Madrid la suma de todos’, y les indicó que debía acompañar todos los actos oficiales del gobierno autonómico.
También, según estas fuentes jurídicas, González ha explicado que Mercado, a quen conoció en aquella reunión, acudió como tantas otras empresas de comunicación política que hacen un proyecto para una institución y después lo presentan, pero ni él recibió instrucciones de contratar preferentemente con él ni fue testigo de que nadie marcase esa consigna.
La versión de González se contradice con la del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, uno de los hombres de confianza de Aguirre que estuvo en esa reunión.
Lamela, que declaró el pasado lunes como imputado, dijo que Aguirre invitó a contratar a Mercado y a su empresa Over Marketing.
El departamento de Lamela ha salido a colación cuando las fiscales han preguntado a González por la cláusula del 1% que se imponía en Madrid a las grandes adjudicatarias y que éstas debían dedicar a publicidad contratada con las empresas de la Púnica. El exvicepresidente ha señalado que sabía de la existencia de esa práctica en la Consejería de Sanidad, en ninguna otra.
Ha dicho que si bien todos los contratos de publicidad de las consejerías pasaban por su mesa, a él le llegaban los expedientes ya enteros, no entraba en el pormenor y que se limitaba a velar por que los mensajes que se lanzaban fuesen congruentes con la estrategia de comunicación del gobierno regional; tarea que, a su juicio, justifica que la entonces directora General de Medios, Isabel Gallego, se involucrase en este asunto.
Respecto a la supuesta reunión celebrada en la Asamblea de Madrid en 2012 en la que González habría pedido en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, el expresidente lo ha negado.
Según fuentes presentes en la declaración, ha asegurado que dicho encuentro nunca se produjo y ha subrayado que él nunca se dedicó a la financiación de las campañas pues, aunque estuvo en el comité electoral del PP de Madrid, se dedicaba a tareas de coordinación política y estrategia. Todo lo relativo a la contratación y los pagos, conforme ha dicho, lo llevaba el entonces tesorero Beltrán Gutiérrez.
Es la misma tesis que ha defendido la exconsejera de Asuntos Sociales y expresidenta del patronato de Fundescam Gádor Óngil, que ha declarado después de González, también en calidad de investigada.
Óngil ha asegurado que nunca se ocupó de cuestiones relativas a gestión de los fondos porque la propia Aguirre le dijo que era una competencia de Gutiérrez.
Según el magistrado instructor del ‘caso Púnica, Manuel García-Castellón, Ignacio González «participó en una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación por el PP madrileño de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008».
En esos años ocupaba el cargo de vicepresidente y consejero de Presidencia.
El expresidente madrileño también está imputado en el caso Lezo, en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, y por el que estuvo casi siete meses en prisión preventiva en Soto del Real, del 21 de abril de 2017 al 8 de noviembre.
Se encuentra en libertad condicional desde noviembre de 2017, cuando salió bajo fianza de 400.000 euros.
La exconsejera Gador Óngil está investigada por los presuntos delitos de falsedad electoral, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y fraude, como patrona de Fundescam desde el año 2010 y autora de un documento de marzo de 2012 que supuestamente «amparó» la justificación de una subvención a esa fundación y «remitió las facturas mendaces» confeccionadas por otros investigados con «conceptos simulados coincidentes con los fines» de aquella ayuda pública.
ESPERANZA AGUIRRE DECLARARÁ MAÑANA
Mañana declarará ante García-Castellón la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
El juez imputó a Aguirre el pasado 2 de septiembre porque la investigación arroja «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad».
«Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», apunta el magistrado.
El 2 de septiembre también fue imputada la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que ya ha declarado ante el juez, el pasado 9 de octubre.
En su caso está imputada por el contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.
Tras declarar ante García-Castellón y la fiscal Carmen García Cerdá, Cifuentes afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que su «principal participación» en la trama Púnica «fue personar al Gobierno de la Comunidad de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños» cuando presidía la región.
Destacó que si algo hizo como presidenta «fue luchar contra la corrupción».
Su declaración duró unas tres horas, y un error de la Audiencia Nacional permitió escuchar 50 minutos de ella.
Se interrumpió en dos ocasiones porque, a pesar de no ser pública, se estaba escuchando en la sala de prensa por un error técnico. Finalmente, el juez decidió cambiar de sala.
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