La expresidenta madrileña ha afirmado que irá a declarar «con mucho gusto» para defender su inocencia, ha negado cualquier vinculación con la trama Púnica y ha asegurado que el contenido del auto por el que se le imputa es «completamente falso» en lo referente a ella.
Aguirre declara hoy por la presunta ‘caja B’ del PP de Madrid
El juez instructor de Púnica le atribuye "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha de que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía
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18/10/2019 08:53
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Actualizado: 18/10/2019 08:54
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declarará hoy en la Audiencia Nacional como imputada por la presunta financiación irregular del PP madrileño que ella presidía.
Aguirre ha afirmado que irá a declarar «con mucho gusto» para defender su inocencia, ha negado cualquier vinculación con la trama Púnica y ha asegurado que el contenido del auto por el que se le imputa es «completamente falso» en lo referente a ella.
Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, está imputada desde el pasado 2 de septiembre en la pieza separada del ‘caso Púnica’ que investiga una presunta ‘caja B’ del partido, que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizados para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
Según señala el magistrado instructor de esta macrocausa, Manuel García-Castellón, en el auto de imputación de Aguirre, «el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado«, cuyas empresas debían actuar como «vehículo de trasvase de fondos» de los contratos de publicidad que le daban las consejerías.
Éstas a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad «como forma de desviar» el dinero, añade.
El auto del magistrado atribuye a Aguirre «un papel decisivo y esencial» en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien «ideó la búsqueda de recursos» para costear las campañas que ella elegía.
A Aguirre se le imputan los presuntos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, pues hay «indicios racionales de criminalidad» que apuntan a que ella «podría haber asegurado el control de las partidas de publicidad, promoción, divulgación y anuncios de las adjudicaciones de cualquier consejería al más alto nivel del gobierno regional» imponiendo que todo pasara por la vicepresidencia de Ignacio González y «con intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria».
«Esperanza Aguirre era la presidenta del PP de Madrid y candidata en los comicios del 2007 y 2011 y estaba autorizada en las cuentas de funcionamiento del partido. Su cargo de presidenta del PP de Madrid, puesto de máxima responsabilidad en el partido, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban», apunta García-Castellón.
«Es, en efecto, difícil de imaginar que no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y gerente del PPCM, Beltrán Gutierrez, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas«, indica el magistrado en el auto de imputación.
Considera, asimismo, que «no es verosímil» que «ocurriese sin su conocimiento y consentimiento» el despliegue de «artificios que utilizó» el partido para pagar esos gastos a los proveedores a partir de 2007.
Ayer declaró ante el juez instructor el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y dijo que no recuerda que Aguirre diera ninguna indicación para contratar a empresas investigadas en el ‘caso Púnica’ empleadas supuestamente para el desvío de dinero de fondos públicos al PP madrileño, según informaron fuentes jurídicas.
PAGAR DEUDAS, ORGANIZAR ACTOS DE CAMPAÑA Y ENGORDAR LA ‘CAJA B’: ASÍ FUNCIONABA EL PP DE AGUIRRE, SEGÚN EL JUEZ
La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.
Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.
El auto del juez García-Castellón dibuja un «plan preconcebido» por el que supuestamente a golpe de licitaciones ‘a dedo’ en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas, los dirigentes de la formación y del ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta ‘caja B’.
«Se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor», según indica el auto del magistrado.
El punto de partida está en la campaña de 2003, en la que el PP accedió al Gobierno de Madrid. En aquel momento, sus dirigentes «fijaron unaestrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las Consejerías», y adjudicar «en connivencia con determinadas proveedores de confianza la licitación de determinados contratos de suministros».
Aquello se centralizó, según recoge el auto, con las empresas de Horacio Mercado -investigado en la causa-. Él entró definitivamente en el sistema en 2004, cuando en una reunión a la que se presume que asistió Esperanza Aguirre, fue introducido al resto de consejeros con la instrucción de que las campañas de publicidad y comunicación se contratasen con él bajo «decisión final» del vicepresidente, que era entonces Ignacio González y con «supervisión» de la presidenta, pues todo «pivotaba» en torno a ella.
Para poder centralizar esta contratación, el ejecutivo regional llegó incluso a aprobar una ley para depositar toda la competencia en la Vicepresidencia Primera y Portavocía a cargo de Ignacio González, que se convertía así en el órgano ejecutor de lo que el juez define como un «plan preconcebido» para «recaudar fondos para el PP de la Comunidad de Madrid» que consiguió «desviar entre 2006 y 2010 un flujo muy importante de fondos públicos».
FONDOS PÚBLICOS, GASTOS PARTICULARES
La investigación arroja «indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos», posteriores a la reunión del año 2004, dirigidos «a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales» de las campañas autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.
Lo hicieron, de acuerdo al relato de los hechos que recoge el juez, utilizando como herramientas la fundación Fundescam -mediante subvenciones- y las empresas públicas Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, «a través de la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada», así como la Dirección General de Medios que dependía de Vicepresidencia.
El ‘modus operandi’ era el mismo en todas las consejerías involucradas. Por un lado, se amañaba la adjudicación de contratos públicos de publicidad e información, sin concurso ni concurrencia a empresas de Horario Mercado desde cualquier organismo. Los servicios sólo se prestaban a veces y sólo en parte «para disimular el verdadero objeto de la licitación de cobertura, que no era otro que recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP».
Con esta «cobertura», el empresario confeccionaba las facturas, ya fuera recogiendo servicios no prestados o inflando el precio. Este sería el caso de las Consejerías de Presidencia, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión de Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia.
‘MÁS DE 5 MILLONES DESVIADOS’
Otra vía era la llamada cláusula del 1%, creada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Comunidad, de la que formaban parte Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco González y Manuel Lamela, entre otros, y que obligaba a las adjudicatarias a asumir un sobrecoste para financiar la publicidad de la obra a concurso, encareciendolo al final.
«Todos ellos conocían que era una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato», subraya el magistrado, que sitúa el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008.
EL DINERO NO IBA A CUENTAS ELECTORALES
De acuerdo al auto de García-Castellón, el plan «gestado por los altos cargos» de la Presidencia de la Comunidad de Madrid desvió entre 2005 y 2010 «importantes cantidades» de las Consejerías y entidades públicas implicadas a las cuentas bancarias de Horacio Mercado, pero «la investigación ha podido constatar que el dinero desviado no sería ingresado en las cuentas de funcionamiento del PP de Madrid, ni tampoco en las cuentas electorales» y dice que «podría tener» varios destinos.
Refiere en concreto la ‘caja B’ del partido, con las que el PP de Madrid «vino realizando pagos en efectivo que costeaban actos privados de dicha fuerza política y otros gastos que no han podido ser determinados» así como «atendió subrepticiamente» parte del coste de las campañas a las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las generales del año 2008.
Plantea, asimismo, que ese dinero pudo pagar «encubiertamente los servicios electorales prestados» por Mercado o «enriquecería ilícitamente a alguna de las personas que se situaron detrás de las adjudicaciones».
FALSEDAD ELECTORAL
En lo que respecta a la financiación de campañas, dice el juez, el PP de Madrid no sólo recurrió a fondos ilícitamente obtenidos, sino que ignoró el límite legal establecido para gastos electorales.
«Pese a conocer las cantidades actualizadas del límite de gastos de las elecciones del año 2007 y 2011 a la Asamblea de Madrid y a las elecciones generales del año 2008, no ajustaron con los empresarios ni el coste total de los servicios contratados para la celebración de los actos, ni repararon en el gasto de la contratación de publicidad exterior, ni limitaron la compra de propaganda en medios, ni restringieron la contratación de los medios de divulgación de la campaña, sino muy al contrario, concertaron y diseñaron con ellos la mejor campaña y su gran difusión pública y la forma de ocultar el gasto para ajustarlo al límite legal», explica el auto.
Así, los proveedores facturaban a quien se les indicaba desde la gerencia del partido, «desglosando los importes» en facturas falsas «para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas y otra parte fuera opaca».
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