La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará en vistas diferentes los recursos de apelación contra el auto de prisión provisional presentados por los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Estos están investigados por delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Los imputados han eludido recurrir en reforma ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, García Castellón, que fue quien ordenó la medida de prisión provisional el pasado 26 de septiembre y han acudido directamente a la Sala de lo Penal para solicitar que se revise su situación.
Las defensas de todos los investigados han pedido en sus recursos la aplicación del artículo 766.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la revisión del auto de prisión se haga en una vista en la que los abogados expongan sus argumentos al tribunal, que conforman tres magistrados.
En todo caso, en estas vistas, que no son públicas, no estarán presentes los imputados, sino sólo sus letrados y el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.
LA PRIMERA, EL 13 DE NOVIEMBRE
Al tener abogados diferentes, los investigados han ido presentando los recursos de apelación ante la Sala en días distintos, de modo que las vistas se irán señalando a medida que la Sección Segunda vaya teniendo conocimiento de los escritos.
La primera de ellas se ha fijado para el próximo 13 de noviembre.
Los siete investigados llevan ya más de un mes en prisión preventiva por formar parte supuestamente de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica).
Esta es una facción de los CDR con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta«, según el auto del magistrado instructor.
«En la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día ‘D’, con el fin último de subvertir el orden constitucional», explica el magistrado.
Ese día ‘D’ sería, según los investigadores, una fecha entre el pasado 1 de octubre, por el segundo aniversario del referéndum ilegal, y la publicación de la sentencia sobre los políticos procesados por organizar el ‘procés‘, que finalmente se hizo pública el 14 de octubre.
UNO CONFESÓ QUE TORRA LO SABÍA
Uno de los imputados confesó ante García Castellón durante su declaración en la Audiencia Nacional que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament, pero se trataba en todo caso de manifestaciones de referencia.
También admitió la compra de material explosivo y la realización de pruebas.
El juez entiende que los ERT contaban con una «estructura jerarquizada» y en este contexto, el auto destaca que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), considerado como el ‘CNI catalán’, «asumió y planificó» el «asalto y posterior ocupación de forma ilegal» del Parlament.
Este lo debían ejecutar los ahora detenidos y que tenían este entre sus planes junto al sabotaje de infraestructuras críticas.
Unos planes que los propios investigados habrían comentado en conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.
Los presuntos miembros del ERT habrían ensayado con «teléfonos clandestinos, secularización de comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de ‘walkie talkies’» durante los disturbios organizados en diciembre del año pasado contra la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona.
Así lo entiende la tesis que maneja la Audiencia Nacional.
Otro detalle apuntado por el instructor es que algunos investigados participaron en septiembre de 2018 «en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT, consiguiendo llevar a término la misma.
Esta fue «una reunión secreta ‘in itinere’ con la hermana del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont«.
La intención, según García Castellón, era «entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido de la justicia española y el actual presidente de la Generalitat».
