El juez abre pieza separada de supuestas mordidas de Mercasa y otras empresas en Angola a cambio de contratos públicos
Una veintena de personas y ocho sociedades están investigadas por pagar más de 20 millones a funcionarios y autoridades del país africano
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01/11/2019 06:18
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Actualizado: 31/10/2019 22:19
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El magistrado José de la Mata ha abierto una pieza separada para investigar las supuestas mordidas pagadas por un consorcio de empresas españolas, entre las que se encuentra la pública Mercasa, a funcionarios y cargos públicos de Angola a cambio de la adjudicación de contratos públicos en ese país.
En un auto adelantado por Voz Pópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dirige su investigación contra 21 personas físicas y ocho sociedades, esto es, las que formaban parte del consorcio empresarial que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.
Según el escrito del magistrado, estas empresas «se concertaron para la consecución, mantenimiento y modificación de contratos públicos en Angola mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos».
Estas se canalizaban a través de «acuerdos de consultoría y agencia» y que abonaban «en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas» que empleaban a las sociedades españolas investigadas.
CONTRATOS SIN CONTENIDO REAL
Las dádivas, remarca el juez, «eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas».
Contratos que «eran meramente instrumentales y sin contenido real alguno».
Su «única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario como a terceras entidades que proporcionaban el éxito de la operación y que no eran sino autoridades y funcionarios públicos».
«Estos sobreprecios o comisiones –añade De la Mata en su escrito fechado el 23 de octubre– fueron también destinados al lucro propio de algunas de las personas intervinientes, relacionadas con las propias compañías» investigadas en esta pieza separada.
En Angola, las pesquisas alcanzan directamente los contratos obtenidos con la entidad PRESILD NOVA REDE (Programa de restructuración del Sistema Logístico de Distribución), perteneciente al Ministerio de Comercio.
El objetivo era, a priori, realizar un mercado mayorista en la ciudad de Luanda, en el noroeste del país, con la participación del comisionista portugués Guilherme de Oliveira Taveira Pinto y sus sociedades pantalla, explica el auto.
DIEZ AÑOS DE CONTRATOS
Según el magistrado, el primero de los contratos públicos en Angola por parte de este consorcio y que están siendo examinados en esta pieza separada fue firmado en noviembre de 2006 y los últimos datan de diez años después.
Los delitos que se investigan son corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y organización criminal.
Entre los imputados en esta pieza se encuentran 21 exdirectivos del consorcio de empresas y otros involucrados en los negocios de Angola, incluido José Herrero de Engaña López del Hierro, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Quien no está entre los investigados es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y quien fuera director de Estrategia y Operaciones de Mercasa.
De hecho, acudió a declarar como imputado por este asunto en julio de 2017 a la Audiencia Nacional, donde se desvinculó de cualquier contrato presuntamente irregular entre el consorcio y Angola, ya que precisó que él entró a formar parte de la empresa pública después de la firma del mismo.
En el auto, el magistrado también da traslado a la Fiscalía para que informe en relación con la situación personal del comisionista Guilherme de Oliveira Taveira para que pueda ser localizado.
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