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La Justicia en los programas electorales para el 10N

Sobre estas líneas, el autor de esta columna, José Luis Sariego Morillo, abogado especialista en derecho de familia.
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Ha sido un trabajo algo difícil, conocer el programa electoral de los partidos en relación con la Justicia. Sobre todo porque hay partidos que se presentan a estas elecciones sin programa alguno (ERC o CC).

Es curioso, cómo en algunos programas ha desaparecido toda referencia a cómo controlar el poder judicial y a los jueces, a diferencia de cómo se explicaba en los programas de las anteriores elecciones.

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Son el caso del PSOE, PdCat, PNV y Podemos.

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Ahora, sólo el PNV y el PdCat dejan claro y de forma contundente que quieren un sistema judicial independiente del Estado Español, conocida como España.

EHBildu y ERC lo hacen de forma indirecta, reclamando la independencia de determinados territorios (País Vasco, Navarra y Cataluña).

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Hay un punto que nos llama la atención, y es que un partido llama cómplices del maltrato a las mujeres a los jueces “españoles”. Otros, sin embargo, los llaman cómplices de otro tipo de delitos.

Pero no les canso más, y pueden leer tranquilamente, si tienen valor, los puntos de los programas electorales referidos a la Justicia para el 10N

Valor y al toro.

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PSOE

2.3.7 Justicia independiente. Promoveremos un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales, y que garantice también la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial, estableciendo mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes.

Derogaremos la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción política, así como la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, restaurando lo previsto en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

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PP

161. Fortaleceremos la independencia del Poder Judicial. Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución española.

162. Fortaleceremos los cuerpos nacionales de Jueces y Fiscales, así como el de los Letrados de la Administración de Justicia, incrementando sus plantillas y siempre a través de una oposición libre y pública que garantice su independencia y capacidad técnica, con un desarrollo de carrera que reconozca su mérito y esfuerzo.

163. Impulsaremos un Plan especial para abordar la situación de Jueces y Fiscales en Cataluña y otras Comunidades Autónomas donde resulte necesario, tanto en lo referente a su situación profesional como a su seguridad. De esta manera, destinaremos un complemento retributivo a los Jueces y Fiscales que estén destinados en Cataluña debido al aumento de presión en su desempeño profesional y con el fin de evitar el desamparo de quienes representan al Poder judicial.

164. Aprobaremos un plan de inversiones en nuevas sedes judiciales para dignificar y mejorar los juzgados en toda España y para proteger a las víctimas en los procesos más dolorosos. Promoveremos la sede judicial electrónica para la atención permanente, el sistema de gestión procesal integrado, la firma electrónica y las comunicaciones telemáticas con todos los profesionales que intervienen en la justicia.

165. Reformaremos el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados los siguientes:

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– Asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima.

– Asesinato tras secuestro del rehén.

– Muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos.

– Asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada.

– Violadores reincidentes

166 Reformaremos el Código Penal para recoger las nuevas formas del delito, principalmente en lo referente a los que hoy se realizan en el ciberespacio. Mejoraremos la tipificación de los nuevos delitos económicos, que deben tener el mismo castigo que en el mundo analógico así como las nuevas formas de violencia como el acoso, la difamación y el bullying.

167 Reformaremos la Ley del Menor. Aumentaremos las penas de internamiento y propiciaremos el ingreso en prisión en determinadas circunstancias al cumplirse la mayoría de edad.

CIUDADANOS

Una Justicia independiente, ágil, moderna y eficaz.

Garantizaremos un Poder Judicial independiente y sin injerencias políticas: reformaremos el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los 12 procedentes de la carrera judicial sean elegidos directamente por todos los jueces y magistrados. Modificaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar a todos los jueces una verdadera carrera profesional que respete estrictamente los principios de igualdad, mérito y capacidad y para eliminar la capacidad de las Asambleas Legislativas de las CCAA de nombrar magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

Cortaremos el cordón umbilical entre el Fiscal General del Estado y el gobierno de turno, para que el poder político no pueda influir en su labor constitucional. Reformaremos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para exigir que el Fiscal General del Estado deba ser ratificado por una mayoría cualificada del Congreso, tras acreditar 25 años de ejercicio profesional, no tener vinculación con ningún partido político y que sea elegido por un periodo de 6 años.

Eliminaremos la limitación de los plazos máximos de la instrucción penal y pondremos en marcha mecanismos de refuerzo inmediato en causas complejas. Impulsaremos una reforma de la legislación procesal penal para que sean los fiscales quienes asuman la dirección de la instrucción en causas penales, siempre bajo la supervisión de un juez de garantías.

Incrementaremos los recursos de la Administración de Justicia para asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Mejoraremos las condiciones de jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, realizaremos una distribución efectiva de las cargas de trabajo y regularemos la llamada carrera horizontal. Fomentaremos el recurso a los procedimientos de arbitraje y mediación, sobre todo en asuntos de escasa cuantía económica, para reducir el número de procesos judiciales evitables. Apostaremos por una Justicia eficaz y digital, avanzando de paso hacia el objetivo de ‘cero papel’, potenciando el uso de la tecnología y los sistemas informáticos de notificación y requisitorias compatibles en todas las CCAA.

Revisaremos el sistema de tasas judiciales para que nadie se vea privado de defender sus derechos por falta de recursos y liberaremos a las pymes de pagar estas tasas. Aseguraremos una Asistencia Jurídica Gratuita eficaz y estableceremos un baremo con criterios comunes para la retribución de los abogados del Turno de Oficio que garantice la igualdad en todo el territorio nacional.

AHORA PODEMOS

117. Recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

159 Garantizar el derecho a una Justicia de calidad. La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos. Sus profesionales desempeñan con alta calidad sus funciones hoy en día, en un contexto de carencia de recursos y de personal que no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008 y que causa situaciones de precariedad y excesiva demora. Al mismo tiempo que se aumenta el conjunto de su financiación, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

160. Hacer justicia a nuestra memoria democrática. La recuperación de la memoria democrática de nuestro país va mucho más allá de la exhumación de la momia del dictador. Hace falta verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos a revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño).

Para avanzar en este camino, implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios políticos del franquismo.

También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.

VOX

Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbys u organizaciones supranacionales.

Ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Impedirá de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, desde los colegios hasta el último de los organismo oficiales.

Creación de un memorial de las víctimas del terrorismo.

Promulgar leyes antiokupacion y anti usura. Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.

Desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros. Investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos. Modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista.

Depuración de responsabilidades a quienes, desde el estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas. Inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa.

Las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento, y también en la ejecución de la sentencia.

Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua.

Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora.

Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales.

Reforma del Poder judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia. Supresión del tribunal Constitucional, sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo

Tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Inhabilitar como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles. Exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente.

Eliminación del Jurado.

PNV

Adecuación de la Administración de Justicia a la realidad autonómica vasca. EAJ-PNV defiende que la organización judicial culmine en Euskadi en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ante el cual se agotarían las sucesivas instancias procesales, incluidas los recursos de casación o la última instancia que proceda en todos los órdenes de la jurisdicción, con la única excepción, en el conjunto del Estado, de la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Asimismo, el gobierno del Poder Judicial en el ámbito de Euskadi correspondería al Consejo Vasco de Justicia, al tiempo que la Ertzaintza sería, en todo caso, la Policía judicial en el ámbito vasco. Transferencia en materia penitenciaria. Transferencia urgente, tal y como queda reflejado en el Estatuto de Autonomía de Gernika, y que se ha solicitado reiteradamente en los últimos cuarenta años por EAJ-PNV, a fin de asumir la gestión de los centros penitenciarios radicados en Euskadi y las facultades correspondientes para la ejecución de la legislación penitenciaria. Respeto a los derechos de la ciudadanía.

Oposición frontal a las leyes aprobadas en legislaturas pasadas y que suponen retrocesos en la preservación de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. En concreto, nos referimos a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “ley mordaza”) respecto a la que EAJ-PNV ha sido autor de una iniciativa para su modificación en la pasada legislatura y que no ha podido culminarse por la labor de obstrucción del PP, del PSOE y Ciudadanos.

Plan de Derechos Humanos. Promover y exigir la elaboración de un Plan de Derechos Humanos con medidas concretas tanto en política exterior como en política interior, con objetivos claros, estrategias de acción y plazos que permitan contribuir a la consecución de resultados, incluyendo la incorporación de mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes que permitan el control e implementación por parte de la sociedad y del Congreso de los Diputados.

Igualdad entre mujeres y hombres. EAJ-PNV trabajará sin desmayo por la efectiva y eficaz aplicación del Tratado sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y su 9 Protocolo facultativo, así como por la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y para que la paridad e igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva.

Violencia machista. Combatir la violencia machista, garantizando que se dota de suficientes recursos a fn de su prevención y de que las víctimas (incluidos los menores concernidos) puedan obtener protección, atención y justicia de forma efectiva; así como para que recuperen la seguridad en su vida privada y social, y su plena dignidad como personas.

Reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales, a fin de evitar sentencias como la de “la manada”. Para lo que consideramos absolutamente necesario adecuar los ordenamientos jurídicos internos para garantizar la aplicación, en su integridad, del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul) y cumplimiento, en su integridad, de las medias suscritas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Reforma del Código Penal en lo relativo a la protección de la infancia. Se prestará especial atención a los delitos sexuales contra los menores estableciéndose medidas de prevención, persecución y protección. Se establecerán plazos de prescripción hábiles -alineados con las legislaciones más eficientes de nuestro entorno- para que la persecución de estos delitos sea eficaz y no queden impunes.

Dignidad en el final de la vida. Es imprescindible abordar social y jurídicamente un debate serio y profundo sobre esta cuestión. En Euskadi se ha avanzado con determinación y claridad de ideas en esta materia y hoy en día todas las personas tienen derecho a una atención paliativa integral desde el momento del diagnóstico de su enfermedad, atención que ha de ser profundizada e incrementada a medida que los medios terapéuticos de la enfermedad de base no logren su objetivo curativo o que el paciente vaya sucumbiendo a la misma. Consideramos que esta atención de base debe ser universal y accesible tanto en el ámbito socio sanitario como en el domicilio; que la no iniciación o la retirada de cuál tratamiento, incluso de aquellos dirigidos al mantenimiento de la vida, es un derecho de todas las personas, cuya decisión debe estar basada en la información tanto de los objetivos del tratamiento como de las alternativas existentes y también de las consecuencias que dicha decisión pueda suponer.

Así mismo, desde EAJ-PNV consideramos que vivimos en una sociedad madura y consciente de la necesidad de acometer un debate serio y clarificador que conlleve la despenalización tanto de la ayuda médica a morir como de la eutanasia. En este sentido, es necesaria una ley integral que regule con absoluta claridad las condiciones concretas y las salvaguardas de todo tipo que deberán ser estrictamente contempladas antes de su puesta en práctica.

Plena aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, memoria, justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional humanitario, cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Legislaciones excepcionales. El terrorismo internacional no puede convertirse en excusa para la regresión de los derechos y libertades que constituyen los valores sobre los que se sustentan nuestras sociedades. Es necesario disponer de legislación adecuada para enfrentar el fenómeno, con la proporcionalidad necesaria para conjugarla con el pleno respeto a aquellos derechos y libertades, y sin consentir aplicaciones expansivas.

Respeto a las lenguas cooficiales. Defenderemos el derecho de las personas al uso de su lengua propia, la correcta aplicación de la cooficialidad y su pleno uso en todos los ámbitos dependientes de la Administración del Estado.

Prevención, persecución y reparación de malos tratos y torturas. Adopción de las medidas recomendadas por Relatores de organismos internacionales, públicos y privados, así como por defensorías de la ciudadanía, para que, en los espacios y ámbitos para la detención, no haya posibilidad de practicar malos tratos y torturas. De igual manera, investigar a fondo las denuncias que pudieran producirse y las que en el pasado se formularon, a fin de que en estas últimas, sin perjuicio de la prescripción del ilícito -si es que este llegó a producirse- pueda procederse al reconocimiento y reparación de la víctima.

Jurisdicción universal. Promover la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de permitir a las autoridades investigar y procesar a toda persona sospechosa de un crimen de derecho internacional, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima.

No a la cadena perpetua. EAJ-PNV rechaza frontalmente la denominada “prisión permanente revisable”, que supone la instauración de hecho de la cadena perpetua. Esta pasada legislatura presentamos una proposición de ley para derogarla; solo el bloqueo por parte del PP, PSOE y C’s lo ha impedido. Volveremos a presentar una iniciativa para la derogación de la “prisión permanente revisable”.

Adopción de una política europea de inmigración y asilo. El abordaje de un fenómeno como la inmigración -económica y la demandante de refugio y asilo- reclama, por su naturaleza, dimensión y globalización, un tratamiento comunitario tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino. Adopción de medidas para una equitativa distribución de menores migrantes no acompañados (MENA).

Una política española de inmigración y asilo. A fin de evitar la sobrepoblación migrante de menores no acompañados en determinadas Comunidades Autónomas y municipios, así como condiciones de acogida dignas, impulsaremos una adecuada y equilibrada política de distribución en el conjunto del Estado. Garantizar el principio de no devolución “en caliente”.

En cumplimiento de los tratados internacionales en materia humanitaria y de derechos humanos respecto a las personas demandantes de refugio y asilo, se volverá a plantear la reforma de la legislación de extranjería que de hecho permite el llamado “rechazo en frontera”, tal y como ya lo hemos hecho esta pasada legislatura y que el bloqueo del PP, PSOE y C’s ha impedido. Garantizar los derechos de las personas migrantes.

Trabajaremos para que el respeto a sus Derechos Humanos y a la asistencia humanitaria de emergencia sea real y efectiva, prestándose especial atención a aquellas personas migrantes que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así mismo, velaremos por la aplicación de alternativas a la privación de libertad en los Centros de Internamiento (CIE), por la reforma del Reglamento de los CIE para una mejor garantía de los derechos de las personas migrantes, y por la investigación exhaustiva y rigurosa cuando se produzcan denuncias de malos tratos u otras violaciones de derechos humanos.

Lucha contra la pena de muerte. Defensa de los Derechos Humanos en países donde existe la pena de muerte y asegurar una defensa jurídica adecuada a ciudadanos con pasaporte español condenados a muerte en otros Estados. Ley integral contra la trata de personas y para su protección.

Ratificación de instrumentos internacionales relativos a Derechos Fundamentales aún pendientes, tales como la Carta Social Europea (revisada) en garantía de los derechos sociales y económicos fundamentales, y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una política exterior comprometida con los derechos humanos, que no los deje en la cuneta en aras a otros supuestos intereses superiores. Los intereses de la geopolítica no pueden hacer que el discurso humanista, democrático y social en que se basa Europea Occidental quede en entredicho a la hora de actuar sobre el terreno en terceros países. Cumplimiento de los compromisos de cooperación. EAJ-PNV es consciente de los tiempos en que vivimos pero, precisamente por ello, es el momento de demostrar que nuestra vocación de solidaridad es tan firme como siempre. Por eso, sin perder de vista las necesidades locales actuales, los presupuestos públicos deben contemplar un peso suficiente de las partidas dedicadas a la cooperación internacional, impulsando un modelo de desarrollo global que garantice la justicia, la igualdad de oportunidades, la defensa de la infancia, la igualdad de género, la sostenibilidad medio ambiental y la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.

PDCAT

3.3.2. La Administración de justicia Como pieza clave del estado de derecho, la Administración de Justicia necesita urgentemente un cambio profundo que refuerce su papel como elemento vertebral de la democracia. La Justicia continúa recibiendo insuficiente atención por parte del Gobierno, y la ciudadanía percibe como partidistas muchas de sus manifestaciones.

Procederemos a la adopción de medidas destinadas a garantizar la independencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional, como elemento imprescindible de un Estado de Derecho y como cuestión básica para que los planteamientos ideológicos del partido en el Gobierno no mediaticen ni condicionen -como ocurre ahora- la independencia de las resoluciones de los más altos órganos judiciales.

Para garantizar la imparcialidad también es necesaria la dedicación exclusiva de todos los vocales del Consejo General del Poder y que los miembros de las más altas instancias judiciales sean candidatos de consenso que persigan la imparcialidad del órgano, esto es posible si han de obtener 13 votos para nombrar magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los tribunales superiores de justicia y presidentes de las audiencias provinciales y 11 votos en el resto de nombramientos.

Por otra parte, resulta evidente que la lentitud en los procesos judiciales es una de las principales asignaturas pendientes que tenemos en nuestra democracia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que un proceso judicial que dure más de cinco años es contrario al derecho a un juicio justo. Afrontar de una vez este problema requiere más recursos humanos y materiales. La Xªlegislatura el ámbito judicial ha sufrido muchos cambios legislativos, la mayor parte aprobados con el exclusivo apoyo del Grupo Parlamentario Popular; no se han hecho los traspasos que Cataluña reivindica, y no se ha afrontado el desarrollo de lo que señala el Estatuto en materia de justicia. En la próxima legislatura, más que nunca, reivindicar el traspaso del personal y de los recursos que corresponden a Cataluña para gestionar la Administración de Justicia. Así pues, promoveremos: ·

La derogación de la reforma de la Ley orgánica del tribunal constitucional, una reforma tramitada por un procedimiento expreso, con el apoyo exclusivo del PP, que pretende poner las decisiones del Tribunal Constitucional por encima de las decisiones de los ciudadanos en las urnas.

La modificación de la Ley orgánica del poder judicial para impedir que un Estatuto pueda ser sometido a dictámenes del Tribunal Constitucional y en particular, que en ningún caso pague serlo si ha sido sometido a referéndum, como ha ocurrido con el Estatuto de Cataluña · la modificación de la Ley orgánica del poder judicial para propiciar el traspaso integral del personal de la Administración de justicia, de acuerdo con el artículo 103 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). ·

La creación del Consejo de Justicia de Cataluña, de acuerdo con los artículos 97 al 100 del EAC.

La codecisión en la política de demarcación y planta judicial, en relación con la constitución de juzgados y tribunales y la delimitación de su ámbito territorial de competencias.

La ampliación de competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haciendo que sea el tribunal de última instancia jurisdiccional en Cataluña en todos los órdenes jurisdiccionales (art. 95 del EAC).

Garantizaremos la implantación de los juzgados mercantiles en Cataluña de acuerdo con nuestra estructura económica, poblacional y de volumen de asuntos, lo que significa su implantación en ciudades como, Sabadell, Terrassa, Granollers, Sant Feliu, entre otros.

La garantía de los derechos lingüísticos de los catalanes en sus relaciones con la Administración de Justicia.

El conocimiento de la lengua catalana y el derecho propio de Cataluña debe ser considerado un requisito para la prestación de servicios en Cataluña. Asimismo, hay que reconocer la plena validez y eficacia de las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en catalán. La ampliación de las competencias de los juzgados de paz.

La reforma de la Ley de justicia gratuita, para evitar que mucha gente quede excluida del acceso a los servicios judiciales. Por otra parte, hay que recordar que, de acuerdo con el Estatuto, corresponde a la Generalidad la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita.

La reforma del Código Penal y la pena de prisión permanente revisable, la cual puede significar la recuperación de la cadena perpetua, vulnerando los principios de reinserción que debe tener cualquier medida de prisión.

La modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ya que invade competencias reconocidas en el artículo 147 del EAC, en atribuir las funciones registrales a los registradores mercantiles y al mismo tiempo eliminar la mayor parte de las oficinas -de las cuarenta y nueve en Cataluña actualmente a cuatro-, olvidando que Cataluña tiene competencias reconocidas en el Estatuto para poder determinar el número y la sede de las oficinas del registro civil.

La reforma de la Ley de la justicia universal que imposibilita de hacer frente a las lesiones de derechos que han sufrido ciudadanos en el extranjero.

La transposición de la Directiva relativa al derecho a interpretación ya traducción en los procesos penales se ha hecho sin tener en cuenta que la Generalitat, con competencias asumidas en materia de justicia, tiene la competencia para crear, regular, en su ámbito territorial , el registro de traductores e intérpretes.

La Modificación de la Ley de demarcación y planta judicial, propiciando el régimen de codecisión y procediendo a la separación de las jurisdicciones de los partidos judiciales de Gavà, Manresa y Vilanova y la Geltrú.

La adopción de medidas que favorezcan la resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje por ser ésta una vía de basada en el diálogo entre las partes y de corresponsabilización en su resolución.

Hay también un conjunto importante de transferencias históricas que Cataluña ha estado reclamando al Estado desde que ejerce las competencias en Administración de Justicia. Entre estas se encuentran: ·

La Generalidad debe ser titular de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, así como de sus rendimientos.

La transferencia a la Generalitat de las cantidades correspondientes a los ingresos procedentes de las tasas judiciales estatales, recaudadas por el Estado en Cataluña.

El traspaso de las funciones, los servicios y los medios del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El traspaso del Cuerpo de Médicos Forenses en Cataluña.

El traspaso del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. La supresión del carácter estatal del cuerpo.

El traspaso completo de los cuerpos de personal al servicio de la Administración de justicia. La supresión del carácter estatal de los cuerpos. Más allá de estas iniciativas parlamentarias y de traspaso hacia la Generalitat, es evidente que Cataluña deberá afrontar -como también lo tendrá que hacer el Estado español- una reforma a fondo de la Administración de Justicia en la que participen todos los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos, profesionales de la justicia y otras organizaciones a través de un diálogo permanente.

Esta reforma deberá incorporar una acelerada puesta al día en el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de justicia, y especialmente en cuanto a las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre los operadores jurídicos y los ciudadanos, fomentando, además, la acceso al sistema mediante mecanismos que permitan la adecuada interoperabilidad con otros sistemas. Y en el marco de la legislación vinculada con la justicia hay que impulsar diversas medidas que responden a problemas específicos o de carácter sectorial que hoy la justicia y la normativa vigente no han sabido resolver adecuadamente.

Entre estos citar: ·

En el marco del código penal y en relación a los delitos de abusos cometidos contra menores, propondremos la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso, para que con la ayuda de expertos, elabore un dictamen sobre la necesidad de revisar, en determinados casos, la prescripción de este delitos, sea para evitar o para retrasar su prescripción.

A la vez, promoveremos que la misma subcomisión analice la viabilidad de impulsar un Proyecto de Ley Integral de Protección a los menores por casos de abusos sexuales y malos tratos, que, en línea con las normativas contra la violencia de género, aborde las acciones de detección, prevención y denuncia de los delitos de abusos contra menores y contemple el enjuiciamiento especializado y específico de los mismos por juzgados especializados.

También en el marco de la modificación del código penal, defenderemos que la catalanofobia en cualquiera de sus manifestaciones, sea tipificada como delito de odio.

Y también en el marco de la justicia, hay que hacer referencia a la necesidad de abordar un serio debate para garantizar el derecho de las personas a morir dignamente, un debate que hay que afrontar de manera participativa y democrática.

Desde la perspectiva de los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia, CDC estamos comprometidos en la tarea y función que se realiza desde los Colegios profesionales ya que son garantía de la calidad del servicio, de formación y actualización de sus colegiados, que velan por la deontología del colectivo y todo ello revierte en más y mejores garantías en el ciudadano. Tenemos un modelo colegial que no tiene réplica en Europa y por lo tanto, CDC se opondrá a cualquier intento de armonización de la legislación de servicios y colegios profesionales que no garantice las actuales funciones colegiales.

Volveremos a proponer la supresión de las tasas judiciales para las PYMES y para todas las Entidades sin ánimo de lucro en la línea de lo que ya hemos defendido y conseguido aprobar en comisión, esta pasada legislatura.

Asimismo, defenderemos que los importes que el Estado Español ha recaudado por concepto de tasas y aranceles en materia de justicia, sean distribuidos entre las CCAA con competencias en la materia ya que son las que efectivamente han prestado el servicio.

Y en otro ámbito, hay que parar la dinámica normativa centralizadora en materia de registros de fundaciones y asociaciones, y establecer medidas de fomento del mecenazgo y de la participación ciudadana en entidades civiles.

ERC

No tiene programa elaborado en su web.

Coalición Canaria

No tiene programa elaborado en su web

EHBildu

Luchar contra la violencia machista estructural, hacer frente a la connivencia de la Justicia española con los agresores, e impulsar medidas para una igualdad real en los ámbitos laboral, social y económico.

Propondremos una nueva Ley del Aborto que asegure el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo sin plazos y desde un sistema público, gratuito y universal; cambiar el Código Penal para acabar con la impunidad frente a cualquier agresión machista y habilitar tribunales especiales ante la violencia machista, con formación específica y presupuesto necesario.

Promoveremos la recusación de todos los jueces que amparen y justifiquen cualquier tipo de agresión machista como mecanismo para acabar con la connivencia de la justicia y los jueces con la violencia machista.

 

por José Luis Sariego Morillo.

Abogado de familia desde hace casi 30 años. En 1991 fundó junto con otros muchos idealistas la primera plataforma de la promoción de la mediación en España, (AMPE) en Madrid, para promover la cultura del diálogo. Entre 2001 y 2004 fue asesor del CGPJ en prevención de actos de violencia sobre la mujer, niños y otras violencias intrafamiliares. Actualmente es miembro de las Plataformas Europeas de Derechos de la Infancia Colibrí (Italia) y Two Homes (Alemania). Asesor en los 90 de organizaciones de familias con parejas del mismo sexo. Colaborador de diversas universidades, instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios de Justicia, Asuntos Sociales, Interior, etc., Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, CA Galicia, Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc. Es autor de varios libros: varios libros: Guía de la separación matrimonial (Tecnos 1998), Familia y Violencia (Dykinson 1999), Guía de la adopción internacional (Tecnos 2004) Guia de la mediación en divorcio (psimatica 2017) y Coautor del Manual del síndrome de alienación parental (Planeta-Paidós 2017).