Las informaciones aludían a los autos de prisión de los CDR investigados por presunto terrorismo; la Asociación de la Prensa de Madrid considera que "quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público". Foto: EP
Un juez investiga a 12 periodistas de 8 medios por revelar datos del sumario de los CDR cuando estaba bajo secreto
ACIJUR DISCREPA DE esta DECISIÓN; DICE QUE 'PONE EN ENTREDICHO EL VALOR CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN'
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21/11/2019 09:23
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Actualizado: 21/11/2019 12:43
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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, ha citado en calidad de investigados por un presunto delito de revelación de secretos a 12 periodistas de ocho medios de comunicación –El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE– por publicar informaciones sobre el sumario de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos y en prisión por presunto terrorismo.
En el momento de las publicación de esas informaciones alusivas a los autos de prisión de los CDR investigados por terrorismo, el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encontraba bajo secreto.
Semanas después fue levantado ese secreto y trascendieron en los medios de comunicación nuevas revelaciones sobre la investigación.
El pasado 4 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional instó a que un juzgado de Madrid indagara una presunta revelación de secretos por la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión.
Lo hizo después de que las defensas de los siete miembros de los CDR en prisión provisional solicitaran que se abriera una pieza separada para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de las partes secretas de la causa, además de la adopción de medidas cautelares para evitar que volviera a ocurrir.
Las defensas de los miembros de los CDR quieren que se investigue si esa «filtración masiva procede de la Guardia Civil o de la Fiscalía», a las que señalaban en su denuncia.
El Ministerio Público señalaba en su escrito al magistrado Manuel García-Castellón que las filtraciones pueden suponer la posible comisión de un delito de revelación de secretos, pero descartaba que ello fuera incluido en la causa principal en la Audiencia Nacional, al entender este órgano carece de competencia para instruir la revelación de secretos.
Pedía que el caso se trasladara a los Juzgados ordinarios de Madrid para aclarar si ha existido ese delito y encontrar a los responsables, y así ha ocurrido.
En los autos se revelaba, entre otros datos, que los investigados celebraron una «reunión secreta in itinere» el 15 de septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont que tenía como objetivo de «entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras» entre éste y el actual presidente de Cataluña, Quim Torra.
En dichas resoluciones también se detallaba que «en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día ‘D’, con el fin último de subvertir el orden constitucional».
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha manifestado su «sorpresa y absoluto rechazo» ante la medida adoptada por el juez Juan Carlos Peinado de citar en calidad de investigados por un presunto delito de revelación de secretos a periodistas.
«Desde el más escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, que ha sido y es consustancial a esta asociación, ACIJUR discrepa de esta decisión que pone en entredicho el valor constitucional de la libertad de prensa y sobre todo el del derecho a la información, del que son titulares todos los ciudadanos», ha señalado en un comunicado esta asociación que preside Patricia Rosety.
Afirma que «sorprende» que el juez haya citado a los periodistas en calidad de investigados cuando lo «lógico» sería que fueran llamados como testigos a la hora de investigar una presunta filtración.
ACIJUR destaca que los periodistas «tienen la obligación de informar, que es elemento fundamental para la formación de una opinión pública libre».
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos ha trasladado su «total apoyo» a los profesionales de estos ocho medios de comunicación investigados.
Tras incidir en su defensa del «ejercicio responsable de la actividad informativa, de manera especial la que tiene que ver con la Administración de Justicia», ha subrayado que no puede permanecer «indiferente» ante una decisión judicial «que parece ir en dirección opuesta a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha primado siempre el interés general que garantiza el derecho a la libre y veraz información».
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también ha publicado un comunicado en el que «rechaza la citación judicial como investigados de 12 periodistas» por informar sobre el sumario de los CDR cuando la causa estaba bajo secreto.
Resalta que los periodistas han sido citados como investigados por el juez «a pesar de que investiga un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público» y que «según este juez instructor, los periodistas serían cooperadores necesarios de dicha revelación de secretos».
La APM considera que «quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público».
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