La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones para mañana para reclamar al Gobierno que «cumpla y garantice de una vez por todas» a partir del 1 de enero de 2020 la subida salarial de un 2% pactada en marzo de 2018 para los más de 2,5 millones de empleados públicos de todo el país.
Tendrán lugar frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el país, de 11,00 a 12.00, según ha informado en un comunicado este sindicado, en el que recuerda que los empleados públicos todavía arrastran «una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20%» en los últimos 10 años.
Anuncia que si el Gobierno no ejecuta lo pactado, «continuarán con más medidas de presión».
CSIF informa que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, envió una carta a los sindicatos el pasado octubre en la que condicionaba la subida a que el Ejecutivo esté “en plenas funciones”.
Este sindicato, presidido por Miguel Borra, reclama que aunque el Gobierno esté en funciones, la subida a los empleados públicos se haga efectiva por la vía del Real Decreto a 1 de enero de 2020, ya que el Gobierno, aún estando en funciones, «está facultado para dictar dicha norma» y que, por lo tanto, si no se ejecuta la subida «es un a muestra más del desinterés que tiene el actual Gobierno con todos los empleados públicos».
Apunta que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tiene previsto convalidar hoy cuatro decretos sobre parámetros retributivos del sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra el Cambio Climático; medidas sobre administración digital y contratación en el sector público; y la paga de diciembre de los pensionistas.
También señala que el Congreso de los Diputados estará en plenas funciones a partir del próximo día 3 de diciembre.
«Por eso, desde CSIF no vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable», destaca.
También indica en el comunicado que en las últimas semanas distintos organismos nacionales e internacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento para España en 2020 y han alertado sobre un deterioro en la creación de empleo, «una situación aún más grave en el actual escenario de incertidumbre política», sobre el que CSIF también «quiere dar la voz de alarma».
También pone el foco en la «situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas».
CSIF denuncia que ha habido un «parón en las convocatorias de empleo público», y que sólo se han llevado a cabo el 20% de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.
Habla de «alta temporalidad, precariedad» y «deterioro» de nuestros servicios públicos por la falta de plantilla.
En Justicia señala que «la parálisis del Gobierno ha bloqueado la negociación colectiva y en ámbitos como la homologación salarial o las guardias se acumulan los expedientes (como los derivados de las cláusulas suelo), y se producen retrasos porque se ha frenado la apertura de nuevos juzgados».
Además, recuerda que está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018.
CSIF también destaca que la Sanidad «ha destruido 50.000 empleos en los últimos dos meses, coincidiendo con la llegada de las bajas temperaturas», a lo que se añade «el retraso en las ofertas de empleo público».
Dice que esto se traduce en «situaciones de saturación en urgencias hospitalarias y centros de salud», y en «listas de espera diagnóstica y para intervenciones».
Por otra parte, afirma que en Educación «hay una gran inestabilidad laboral e incertidumbre con las titulaciones al final de etapa» y que «no se están negociando cuestiones esenciales como los horarios lectivos o las ratios de alumnos por docente».
También llama la atención también sobre «las políticas de lucha contra la violencia de género». Al respecto, denuncia «congelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno a las políticas por el parón del Pacto de Estado».
