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Expertos en lucha contra la corrupción reclaman una estrategia estatal para transponer la nueva Directiva de Protección del Denunciante

Debate en el que participaron : Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Ciudadana CIVIO, Jesús Sánchez Lambás, Abogado. Secretario General de Transparencia Internacional. Joan Linares Director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Elisa de la Nuez , Secretaria General de la Fundación Hay Derecho y Jaime Far Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears.
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Por cuarto año consecutivo, las tres Agencias Antifraude autonómicas mantuvieron  un encuentro de trabajo, en esta ocasión en Palma de Mallorca, donde fueron invitados, entre otras entidades, la Fundación Civio, Transparencia Internacional, la Fundación Hay Derecho e instituciones  estatales como la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación Pública y el Servicio Nacional de Coordinación de la Lucha contra el fraude en Fondos Europeos.

En este encuentro de dos días de duración, que terminó el viernes, se pusieron en común nuevos métodos e ideas para la lucha contra la corrupción y se analizó la Directiva de Protección al Denunciante que tendrá que trasponer nuestro país en los próximos dos años.

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Los ponentes recordaron la necesidad de una normativa nacional que regule una Agencia Estatal contra la Corrupción que se coordine con las Agencias existentes o las que se pondrán en marcha en breve.

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VALENCIA PROTEGE A LOS DENUNCIANTES 

Joan Linares, director de la Agencia Anfitraude Valenciana, recuerda que “somos la única Agencia con un programa de protección de denunciante. De él se benefician 19 personas en la actualidad”, destaca. Confía que  la Directiva recién aprobada suponga la aprobación una Ley contra la Corrupción y una Agencia Estatal contra el Fraude que coordine el trabajo de las existentes en Comunidades Autónomas como Baleares, Cataluña y Valencia”.

A medio plazo la idea es que exista una agencia antifraude en cada Comunidad Autónoma y otra estatal como coordinadora.

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“Hay tres operativas y  pendiente de aprobarse están Aragón y Navarra, al igual que Castilla León. En Madrid y Barcelona tienen su propia Oficina Anticorrupción dentro de cada Ayuntamiento. El movimiento de este tipo de instituciones es imparable», señala.

Linares explica que a estas jornadas de trabajo han acudido, por vez primera, dos organismos estatales: la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación Pública y el Servicio Nacional de Coordinación de la Lucha contra el fraude en Fondos Europeos.

Joan Linares, director de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana. Foto: Valencia Plaza.

«Son dos entidades, vinculadas al Ministerio de Hacienda  muy necesarias que reclaman más medios, materiales y humanos para poder hacer su trabajo”, explica.

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Cada una tiene seis profesionales, insuficiente para realizar su trabajo.

Sobre la situación del Consejo de Transparencia, con escasez de medios y que durante el pasado año según datos hechos públicos por Eva Belmonte, subdirectora de Civio, otra asistente a estas jornadas que durante el 2018, hubo 88 recursos judiciales contra sus resoluciones, que suman un gasto de 287.159,46 €.

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“Y eso es solo lo que destina el Consejo, a lo que hay que sumarle lo que gasta el Gobierno en esos recursos”, comenta.

Linares recuerda que España fue el último país de la UE en aprobar en el 2013 una Ley de Transparencia, que visto lo visto, poco ha servido.

Los recursos de la Administración vía judicial contenciosa en muchos casos son para evitar publicar datos que reclama el propio Consejo de Transparencia.

“Sin medios lo único que se hace es debilitar las instituciones generándose una especie de cinismo jurídico. No hay preocupación porque se pueda aplicar cualquier normativa”, subraya.

Inauguración de las jornadas. Vicent Thomas, presidente del Parlamento Balear, y Jaime Far, director oficina de Prevención y lucha Corrupción de las Islas Baleares, en la mesa presidencial.

CATALUÑA, PIONERA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

Miguel Angel Gimeno, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, asumió la dirección de la Oficina Antifraude de esta Comunidad Autónoma en septiembre del 2016.

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En noviembre autorizólas denuncias anónimas que se reciben por el canal de denuncias.

Ahora, a través de un sistema, esta entidad interactúa de forma anónima por el denunciante.

«Ni siquiera nosotros conocemos el IP de quien la hace. Pero se puede interactuar con él y pedirle que amplíe la denuncia”, cuenta.

A 20 de noviembre de este año se han incrementado éstas en unas 240.

De estas hay un 30% que no prosperan por no estar cumplimentadas o denuncian otras cosas.

No dan lugar a ninguna actividad. Se remiten al lugar adecuado. Del resto el porcentaje que pasen a una investigación es otro 30%.

“A partir de ahí, hay un porcentaje que va a la fiscalía con lo cual se establece una colaboración a nivel judicial”, subraya

Este jurista echa de menos una ley nacional integral contra la corrupción, donde se regule incluso el propio e. procedimiento judicial.

“Donde se  defina bien la protección del denunciante y al mismo tiempo  distribuyan bien las funciones de cada operador que interviene  por cuestiones de eficacia”, opina.

El director de la Agencia Antifraude de Cataluña es Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Foto: Crónica Global.

El problema radica en cuál será el nivel de competencias de esta Oficina.

Gimeno señala que hay en marcha un Consejo Asesor para definir dicha estrategia estatal “donde participan entidades como la Fiscalía Anticorrupción, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Intervención General del Estado, entre otros organismos. Nosotros también dimos nuestra visión sobre dicha estrategia”.

Y apunta un dato cuando se afronta una crisis: “no hay denuncias sobre corrupción urbanística porque no se edifica, con lo cual el riesgo de fraude es menor”.

Para el director de la Oficina Antifraude de Cataluña «es importante que las personas que se encuentran cerca de donde suceden los hechos puedan reportarlos. Necesitamos ofrecer canales seguros y que protejan a los alertadores. La nueva Directiva europea es muy positiva, pero sólo marca unos mínimos y hay que ver cómo se transpone. En Cataluña ya estamos trabajando en una ley que proteja a los alertadores . Uno de los principales objetivos debe ser garantizar su indemnidad”

En esta cumbre de expertos contra la corrupción su intervención ha servido para explicar los diez años de vida de esta Oficina Antifraude, la decana en nuestro país.

“Sin embargo, uno de los hitos logrados es haber logrado un mapa de riesgos de la contratación pública en Cataluña. Muchas de las denuncias nos vienen desde ese ámbito”, aclara Gimeno.

Ahora ya está aprobado un Plan Estratégico sobre Cataluña con recomendaciones claras. “ Si hacemos documentos, deben ser ejecutados”.

UNA LEY AMBICIOSA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, también participó en esta cumbre de Palma.

“Es digno de resaltar este tipo de encuentros en los que participan las propias agencias antifraude y expertos de la sociedad civil, como es el caso de Eva Belmonte de Civio o yo misma: Trabajamos en lo mismo aunque sea desde otro punto de vista. Se trata de poder compartir informaciones y proyectos”, cuenta.

De acuerdo con el punto de vista de esta experta, “hay que aprovechar la coyuntura actual para crear un proyecto estatal, con una agencia antifraude también estatal  que impuse la adaptación de la directiva en nuestro ordenamiento jurídico. Todo va a depender del Parlamento que se configure. Ya no hay excusas para luchar contra la corrupción con esta normativa europea”.

Según De la Nuez, debemos aprovechar la coyuntura para aprobar una ley “ambiciosa, de corte integral  y que proteja bien a los denunciantes de cualquier acción que la empresa o administración denunciada quiera hacer en su contra

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, durante su intervención, que versó sobre la corrupción y su percepción en España. Confilegal.
Elisa de la Nuez es secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?. Carlos Berbell/Confilegal.

A su juicio debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno que se constituya y de esta nueva legislatura que arranca en los próximos días.

“Es muy importante exigir que se dote de los medios adecuados, tanto a nivel presupuestario como de recursos humanos para que la iniciativa estatal antes comentaba pueda funcionar y ser efectiva en la práctica», destaca.

Y apunta a que el político, una vez que cree la norma, se desentiende un poco porque hablamos de organismos de fiscalización a nivel público, incómodos por lo que prefieren evitar esos controles.

Así en estas jornadas, los ponentes reflexionaron sobre el Consejo de Transparencia y las dificultades que tiene para hacer su trabajo por su carencia de medios, en sus primeros cinco años de existencia  “ahora incluso las administraciones ni responden a los requerimientos del Consejo. Creo que deberían tener capacidad sancionadora para ser más efectivo su trabajo”, subraya  esta jurista.

OFICINA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE BALEARES 

Desde la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, creada en el 2016 y operativa desde hace unos meses, se ha organizado este IV Encuentro entre Agencias Antifraude y profesionales vinculados a la lucha contra la corrupción.

Jaime Far, su director, señala, sobre la Directiva que “hubiera sido más partidario de la denuncia anónima, «como lo tiene organizado Cataluña que, a través de un programa y un código, permite interactuar con el denunciante de forma anónima”.

La propia Directiva, en su artículo 6.2, deja a criterio de cada estado el uso de estas denuncias anónimas.

«Sin embargo en nuestra LOPDGDD si se prevé la posibilidad de contar con esas denuncias anónimas que incluso se podrían poner en las administraciones  públicas. Confiemos que la trasposición a la normativa española se permita”, aclara Far.

Este experto reconoce la buena sintonía  existente entre las tres agencias existentes donde hay reuniones periódicas e intercambio de buenas prácticas.

Jaime Far es director Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares. Foto: Menorca.info.

“Nos gusta el modelo italiano, que se ha explicado en estas jornadas,  en cuanto a los programas de prevención en organismos públicos que estamos dispuestos a implantar en Baleares”.

Un modelo, el italiano, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros y 360 empleados donde cada organismo tiene un responsable anticorrupción que es tutelado por dicha entidad.

Far advierte que la corrupción en España ha crecido de forma notable porque los controles externos no han funcionado.

“Uno de los grandes problemas de la corrupción es junto con la contratación pública, la propia administración local donde los controles son insuficientes y la estructura es menos profesionalizada.  Muchos ayuntamientos tienen pocos medios en su intervención y eso permite las prácticas irregulares”, comenta a Confilegal.