La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del 9 de junio de 2020 al comisario jubilado Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, por la obtención y custodia de un pendrive ‘fantasma’ con datos de Jordi Pujol Ferrusola, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.
También será juzgado el subordinado de Pino entonces, Bonifacio Díez Sevillano.
Ambos por los supuestos delitos de falso testimonio, fraude procesal y descubrimiento o revelación de secretos.
Los juzgará un tribunal de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
Prevé celebrar cuatro sesiones.
El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el ‘caso Tándem’, deberá comparecer como testigo.
La Fiscalía considera que «no queda suficientemente justificada» ninguna conducta penal porque «no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados», según explicó en su escrito del pasado 22 de febrero en el que solicitó el sobreseimiento provisional del caso.
Podemos, que ejerce la acusación popular, atribuye a Pino los supuestos delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, los mismos que al que fuera su ‘mano derecha’, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano.
Pide 10 años y medio de prisión para Pino y la misma pena para Díaz Sevillano, para quien reclama, además, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
Podemos considera que actuaron «de forma concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa» en la DAO para facilitar a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) «un dispositivo electrónico ‘pendrive’ con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho ‘pendrive'».
Este caso estuvo inicialmente en la Audiencia Nacional debido a que la documentación de Pujol Ferrusola fue incorporada en un informe de la UDEF que se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el marco de la investigación sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol.
El magistrado instructor de la causa, José de la Mata, «vio indicios del origen incierto» de dichos documentos, por lo que incoó una pieza separada con el fin de no contaminar la causa.
Finalmente, derivó a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, y recayó en el Juzgado número 11, del que es titular el magistrado Juan Javier Pérez, que procesó a Pino y Sevillano al no creer sus versiones.
Durante la instrucción, Pino aseguró que la memoria USB le llegó al que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que le había indicado que provenía de la agencia de detectives Método 3.
Apuntó que, previamente, el dispositivo se lo había ofrecido el excomisario José Manuel Villarejo, pero a cambio de que le pagara medio millón de euros, cantidad que luego rebajará a 200.000 euros.
Díez Sevillano, por su parte, dijo que nunca había entregado ese dispositivo a ningún responsable de la UDEF.
GUERRA DE COMISARIOS
La Fiscalía pone en duda las argumentaciones contrapuestas de los diferentes mandos y afirma en su escrito que todo esto se refiere a la ‘guerra de comisarios’.
«No hay credibilidad subjetiva, la misma desaparece ante la enemistad y rivalidad existente entre los mismos», dice sobre los diferentes testimonios en sede judicial de los responsables de la cúpula policial.
Cita la enemistad de Pino con Martín-Blas -cuyo testimonio ve «totalmente mediatizado y sin valor»-, y otras causas en las que han estado enfrentados como la del ‘pequeño Nicolás’, y concluye que «aun adoleciendo la conducta de los investigados de corrección, seriedad y profesionalidad, no existen indicios fundados de haberse cometido hechos con relevancia penal».
Podemos considera que «el ánimo de los acusados al indicar un origen falso de la documentación a los miembros de la UDEF fue crear una apariencia de legitimidad bastante sobre esta documentación de forma que ésta pasara a ser incorporada, en forma de informe policial», a las diligencias que se habían abierto en la Audiencia Nacional.
«Así, en un día indeterminado del mes de marzo de 2015, Bonifacio Díez entregó al comisario general responsable de la UDEF, Manuel Vázquez López, un ‘pendrive’ con documentación perteneciente a Jordi Pujol Ferrusola informándole de que dicho ‘pendrive’ había resultado incautado durante las operaciones de entrada y registro» ordenadas en Barcelona.
AMBOS ESTÁN INVESTIGADOS EN LA PIEZA KITCHEN DEL CASO VILLAREJO
La Audiencia Nacional sigue investigando derivadas de las operaciones llevadas a cabo en la etapa de Eugenio Pino como la pieza ‘Kitchen’ de la macrocausa Tándem, relativa a la sustracción de documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas, que instruye el magistrado Manuel García Castellón.
En esta pieza están imputados Pino, Díez Sevillano, y Marcelino Martín-Blas, entre otros.
