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La abogacía institucional, una organización en crisis
El autor de esta columna, León Fernando del Canto, es abogado y "barrister" en Londres. Es miembro de la Honourable Society of Lincoln’s Inn, Freeman de la Ciudad de Londres, miembro de The Worshipful Company of Tax Advisers y de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Jerez de la Frontera.
02/12/2019 00:00
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Actualizado: 07/6/2022 16:33
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Escribo estas líneas mientras guardo mi acreditación del I Congreso de la Abogacía independiente, organizado por la Red de Abogadas y Abogados, celebrado en Córdoba los días 29 y 30 de noviembre.
Tratando de digerir aun lo que ha significado este foro de debate, pensamiento y acción, puedo decir que reflejaba de forma auténtica el sentir de una mayoría de letrados y letradas españolas que creemos en la abogacía como profesión igualitaria, diversa, independiente y libre.
Una Abogacía comprometida con la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas; Abogacía con mayúscula.
Por otro lado pienso en la abogacía institucional, formada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y los Colegios de Abogados y Abogadas, y veo una organización corporativa, que desafortunadamente esta perdiendo legitimidad.
Porque la legitimidad no es algo que una organización controle, como si se tratase de un activo en el balance.
No, la legitimidad es más bien un crédito que nos otorgan nuestras representadas y representados, con quienes estamos en deuda.
La legitimidad mengua con la falta de representación, pero la abogacía institucional no baja a la calle, y tampoco acaba de entender que su trabajo requiere muchas manos, y menos despachos.
LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL VIVE EN UNA ESPECIE DE ILUSIÓN
Manos diversas y manos críticas. Manos que trabajen en plano de igualdad, letradas y no, de mujeres y hombres y también LGTB+, manos negras, blancas y amarillas, con arrugas y jóvenes, con callos y muy cuidadas y sobre todo quienes ya ni siquiera tienen manos. Manos, muchas manos, y menos sillones pomposos, puñetas, medallas y menos contar y recontar el dinero que hace ya tiempo se divorció del mutualismo y la fraternidad.
La abogacía institucional vive en una especie de ilusión creyendo ostentar la marca Abogacía Española, pero ignora que el mapa no es el territorio.
Sobre todo, porque en el territorio de la Abogacía con mayúscula hay una gran diversidad de personas y asociaciones, la mayoría actuando a nivel local, que tratan de dar voz a una profesión que a su vez tiene que abogar –dar voz a la ciudadanía.
Y lo están haciendo, vaya que si lo están haciendo.
Con muchas manos y muchas ganas.
La abogacía institucional tiene que reformarse radicalmente y no puede hacerlo de forma endogámica, negando la crisis que padece.
En ”La Abogacía, una profesión liberal en crisis” comentaba como “La Abogacía como institución jurídica, con mayúscula, que representa y defiende a la ciudadanía y que actúa como garante de garantías políticas, se encuentra cada vez más lejos de la voz de aquellas personas, colectivos e instituciones que no tienen voz.
Esta disfunción genera una desafección de la ciudadanía hacia la institución que, a la vez, deslegitima la propia abogacía, a la que como profesión distingo con minúsculas».
LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL TIENE DOS PROBLEMAS
Desde mi punto de vista es la crisis de la abogacía institucional la responsable de la crisis de la Abogacía como institución.
La abogacía institucional tiene dos problemas muy serios: uno constituyente y el otro constitucional.
Constituyente al no haberse constituido por sus miembros en el marco de nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho, y constitucional al no haberse aún liberado de aquellos defectos sistémicos heredados del sistema jurídico y político donde se gestó; el franquismo o “ la dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte” (Diccionario de la RAE).
Y es que tenemos la historia que tenemos, y no es nuestra culpa.
Pero debemos reconocer los defectos para poder superarlos, y ello no es posible sin un análisis crítico.
La historia de la abogacía institucional contemporánea, aunque algunos colegios sean mas antiguos, se remonta al estatuto de los Colegios de Abogados de 1838.
Pero la configuración institucional y organizativa actual de los órganos que hoy gobiernan la profesión letrada se establece en la Orden Ministerial de 3 de febrero de 1948 por la que se aprueba el Estatuto General de los Colegios de Abogados de España, seguida del Decreto de 19 de junio de 1943 por el que se crea el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España (hoy, CGAE) y culmina con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
Mencionaré el Estatuto de la Abogacía y el Código deontológico como normas internas, pero sigo manteniendo que lo que no se legisla por el Parlamento, no existe para la ciudadanía a que nos debemos.
NECESITAMOS UNA LEY QUE REGULE EL MERCADO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y SU EJERCICIO PROFESIONAL
El punto de inflexión lo sigue marcando, pues aún la inflexión no ha ocurrido, la aplicación del artículo 36 de la Constitución Española de 1978 que establece que “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos».
Este artículo se queda en una declaración de intenciones que tan sólo ha conseguido algunos cambios estéticos en lo que se refiere a la abogacía institucional.
Necesitamos con urgencia una ley que regule el mercado de servicios jurídicos y su ejercicio profesional.
Para redactar dicha norma, tanto los Colegios como el CGAE necesitan revisar con una perspectiva crítica todos sus protocolos, políticas, procedimientos, normas de carácter interno y de organización, además de sus procedimientos electorales y la administración de sus presupuestos, para mejorar, no sólo su representatividad, sino también su eficacia sociopolítica y su eficiencia financiera.
Todo ello debería resultar en una regulación donde se pueda ver una mayor transparencia, participación y control público sobre su gestión. Y, ya que estamos en sede colegial, dejar de culpar a las y los colegiados.
Tenemos que recordar también que no estamos revisando una Ley antigua, sino la organización que se creo y creció bajo los postulados de dicha Ley.
La abogacía institucional, además de lo anterior, tiene una tarea clave.
Tendrá que reconfigurarse y ganarse un reconocimiento sociopolítico en base a la confianza que logre generar con su trabajo.
Ello pasa por escuchar a sus miembros, haciéndose eco de sus peticiones y críticas, así como esforzarse por representar la diversidad de sus intereses.
Pero aún mas importante que todo ello será establecer puentes con la Sociedad Civil de forma creíble, posicionándose junto a ella; convirtiéndose, mejor pronto, en un verdadero contrapoder, que pueda defender y representar de forma independiente a todas y todos los sujetos de derecho –incluyendo abogadas y abogados.
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