Cuatro nuevos encausados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos y logística del 1-O, se acogieron ayer al derecho a no declarar ante Alejandra Gil, la magistrada que lleva el caso en el trámite de la declaración indagatoria la tarde de este martes y una quinta sí que ha optado por hacerlo.
Solo lo hizo la actual directora de Servicios de la Conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública, Teresa Prohias, que hizo una declaración genérica en relación al auto de procesamiento y en la línea de lo que testificó ante el Tribunal Supremo (TS) en el juicio a los líderes del proceso soberanista.
Prohias testificó en el Alto Tribunal, en relación al contrato de la campaña sobre el registro de catalanes en el exterior, que recordaba haberlo firmado pero que, tras conocer las diligencias abiertas por Instrucción 13, consultó a la asesoría jurídica de Presidencia.
Según ella, estos le recomendaron la suspensión del pago de estos anuncios.
Entre los nuevos encausados está el delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, a quien la magistrada instructora atribuye la contratación de The Hague Center for Strategic Studies y posibles pagos de hasta 123.500 euros.
El objetivo de esto «era contratar servicios de observación internacional del referéndum ilegal del uno de octubre», según el auto.
A Manonelles, la juez le investiga, junto a el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Aleix Villatoro, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y desobediencia.
Registro en el exterior
También está encausado el actual director general de Medios de Comunicación de la Generalitat, Ignasi Genovès, por presuntamente proponer la contratación de una empresa para anuncios del registro de catalanes en el exterior,.
Además, esta se contrató por un importe de 10.929,50 euros, adjudicación que presuntamente firmó Prohias –cuando tenía el mismo cargo en Presidencia– y que supuso un gasto del 1-O, según recoge el auto de imputación a partir de los hechos probados que estableció el TS en la sentencia.
Sobre Genovès, la juez también indica que firmó a finales de 2016 contratos de publicidad institucional de cerca de 8 millones de euros y que presuntamente fue un gasto «relacionado directamente con el referéndum» al tratarse de un anuncio con un ‘Sí o no’ sobre un mapa de Cataluña.
La juez también incluyó en su auto a la directora de Servicios de la Conselleria de Acción Exterior, Marta Garsaball, porque aprobó una «solicitud de soluciones TIC» para el Registro de Catalanes en el exterior.
Genovès, Prohias y Garsaball están siendo investigados por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y desobediencia, ya que la magistrada considera que sus actuaciones «perseguían facilitar y conseguir la celebración del referéndum que era ilegal».
Mientras, en el caso de Garsaball, también ve una posible falsedad documental.
