Piden 6 años de cárcel para la exdirectora del IVAM por comprar obras falsas
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04/12/2019 00:00
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Actualizado: 04/12/2019 00:00
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La Abogacía de la Generalitat valenciana pide seis años de cárcel para la exdirectora del del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar, por el supuesto desvío de fondos del museo a la compra de réplicas del artista Gerardo Rueda, fallecido en 1996, que se pretendieron hacer pasar por auténticas.
También reclama 10 años de inhabilitación absoluta para ella.
La Agobacía de la Generalitat valenciana, que ejerce acusación particular en la causa, considera a Ciscar coautora de supuestos delitos continuados de malversación en concurso medial con los de prevaricación y falsedad.
Císcar fue directora del IVAM entre 2004 y 2014. Está casada con el exconsejero del PP Rafael Blasco, condenado por corrupción en el ‘Caso cooperación’.
Además, la Abogacía de la Generalitat valenciana reclama cinco años de prisión para el exdirector financiero de la institución cultural, Juan Carlos Lledó, como coautor de los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad, y la misma pena para José Luis Rueda, hijo y heredero del creador, a quien ve cooperador necesario de los supuestos delitos de malversación en concurso con el de falsedad.
También reclama que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a las arcas públicas con 4.176.863 euros, al considerar que este el perjuicio económico por la compra de las piezas falsas y la promoción «indebida» que se hizo.
La petición de la Abogacía se une a las ya realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, que también pide 6 años de cárcel para Císcar seis años de cárcel y en el casi de José Luis Rueda y Lledó, cinco años y medio; mientras que la acusación popular, que ejerce Acción Cívica contra la Corrupción, que reclama 12 años para cada uno de ellos.
En su escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la representación de la Generalitat destaca que en las diligencias previas «se ha confirmado cómo el IVAM, a través de dos contratos mixtos de donación y compra, adquirió, en 2004 y 2006, obras de arte no originales, como si lo fueran, enriqueciendo indebidamente con fondos públicos a José Luis Rueda Jiménez, heredero del supuesto autor de las obras, Gerardo Rueda Salaberry».
Señala que «la Dirección del IVAM (Consuelo Ciscar), con la concomitancia de la Subdirección de gestión económica, responsable del procedimiento administrativo de adquisición (Juan Carlos Lledó) destinaron, a sabiendas, caudales públicos a adquirir obras de arte que eran réplicas; haciéndolas pasar por originales y produciendo así una desviación de los fondos presupuestarios hacia el patrimonio de José Luis Rueda, quien necesariamente prestó su contribución vital y axial para dar apariencia de autenticidad a las obras y apropiarse así, indebidamente, de los haberes de la Hacienda Pública Valenciana».
Explica que posteriormente, «el IVAM, a través de sus máximos responsables, destinó fondos públicos a promocionar, indebidamente, las esculturas falsamente atribuidas a Gerardo Rueda y la colección particular de José Luis Rueda con el objeto de promocionar, prestigiar y aumentar el valor de una colección de arte ajena a la institución cuya titularidad ostentaba José Luis Rueda Jiménez y al objeto de facilitar la venta de nuevas esculturas no originales a terceros».
Para la administración valenciana, «las exposiciones que el IVAM realizó de la obra monumental falsamente atribuida a Gerardo Rueda sirvieron para que su hijo José Luis promocionara y diera publicidad a su colección particular de arte y además para posibilitar la venta de nuevas esculturas monumentales a otras instituciones museísticas».
Afirma que «los máximos responsables del IVAM pusieron los fondos públicos del museo y su proyección exterior al servicio de los particulares intereses de José Luis Rueda, de forma que este utilizó indebidamente toda la infraestructura, medios y prestigio de un museo consolidado para acrecentar indebidamente su patrimonio».
La Abogacía recuerda algunos de los datos que se han ido reuniendo durante la instrucción de la causa, como la denuncia anónima que se registró en marzo del año 2015 en la que, bajo el título ‘Affaire José Luis Rueda’, se aseguraba que «el más importante, en términos económicos, de los pelotazos de la banda del IVAM consistió en la adquisición de una serie de supuestas obras del artista madrileño Gerardo Rueda, ya fallecido».
También reproduce un email enviado por José Luis Rueda a una trabajadora del IVAM que «revela de forma clara» que era el hijo adoptivo de Gerardo Rueda quien «decidía materialmente el contenido, comisarios, transporte y montaje de las exposiciones, llegando incluso a impartir instrucciones concretas sobre los catálogos de las mismas».
FUE ENCAUSADA EL PASADO OCTUBRE
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió fase de procedimiento abreviado contra la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno el pasado octubre.
Estas diligencias constituyen la pieza separada número 2 de las supuestas irregularidades en la gestión del museo público que fueron denunciadas en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción.
La magistrada instructora del caso considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.
En su auto, notificado el pasado 4 de octubre a las partes, la juez relataba a lo largo de 109 páginas el supuesto fraude perpetrado por la cúpula directiva del IVAM mediante la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras de Gerardo Rueda.
En él explica que esas creaciones fueron adquiridas, junto a otras 40 del mismo escultor a precio de obras de arte originales, «contraviniendo con ello lo suscrito en los contratos y enriqueciendo con ello ilícitamente» a José Luis Rueda en la cuantía de 2.944.325 euros.
Un importe que debe sumarse a los 512.524 euros que pagó el IVAM a una fundación privada para fundir 44 de las obras.
Además, dice que algunas de esas piezas fueron promocionadas «de forma indebida» con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio IVAM, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para «encubrir y extender el engaño», con un desembolso añadido de casi 720.000 euros.
Indica que hay dos expedientes de adquisición bajo sospecha.
El primero, fechado en 2004, se inició con una carta enviada por la Fundación Rueda a Consuelo Císcar en la que se ofrecía al IVAM la obra ‘El Gran Relieve’, que había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996, por 360.000 euros, como condición previa para la donación de otras trece creaciones del artista.
Todas esas obras, según la juez instructora, no habían sido realizadas en vida por el escultor, sino que fueron reproducidas tras su muerte en la fundición Eduardo Capa, lo que no concuerda «con lo pactado y estipulado en los diferentes documentos» donde se justificaban esas compras.
El segundo expediente de adquisición analizado es del 2006 y comprende la compra de otras siete obras de Rueda por un importe total cercano a los 2,6 millones de euros, sin que conste una propuesta de venta previa efectuada por el hijo del artista.
El contrato en el que se formalizó esa operación, que incluía la donación de 77 piezas más, obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición de 44 de ellas.
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