La nueva asociación surgida del Primer Congreso de la Abogacía Independiente, Red de Abogadas y Abogados, ha pedido al Ministerio de Justicia que le facilite los informes del abogado del Estado y del Interventor que impiden pagar aquellas asistencias del turno de oficio a las que no se les haya reconocido la Justicia Gratuita.
A través del portal de transparencia, Red de Abogadas y Abogados hace referencia a la información publicada el pasado 4 de diciembre por Confilegal en el que informábamos de la existencia de esos dos informes.
En la misma petición, dicha asociación solicita cualquier otro informe que pueda obrar en los archivos del Ministerio así como cartas, requerimientos, escritos en general que el Ministerio haya remitido a la Abogacía (el Consejo General de la Abogacía Española) «informando de que va a interrumpir esos pagos, así como las respuestas del CGAE en relación a ello, o cualquier documento presentado por la Abogacía que trate este tema (limitado a los últimos 5 meses)».
El Ministerio dio, ese 4 de diciembre pasado, un plazo, hasta el 11 de diciembre próximo, para que los 23 decanos de los colegios de abogados del territorio Ministerio (Comunidades Autónomas de Murcia, Extremadura, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid –por los órganos centrales, léase la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional–) presentaran las certificaciones de las asistencias del turno de oficio concedida por Justicia Gratuita, porque es lo que establece la ley.
El CGAE contestó exigiendo que se pagaran todas las asistencias del turno que hubieran sido dictadas por los jueces de instrucción, porque es un derecho constitucional de todos los ciudadanos.
«INJUSTA PRETENSIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA»
La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) hicieron público ayer un comunicado apoyando al CGAE y a los colegios de abogados y procuradores frente a «la injusta pretensión del Ministerio de Justicia».
De acuerdo con ALTODO, «los órganos judiciales en ocasiones requieren a los Colegios profesionales para el inmediato nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, y en tal caso, los Colegios están obligados a designar de forma inmediata y urgente a un profesional, con independencia de que la persona o entidad tenga o no derecho a justicia gratuita, cuestión ésta que decidirá, varios meses después, un órgano mixto denominado Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita».
La decisión de no pagar aquellas asistencias que no tengan la Justicia Gratuita concedida supone «admitir ‘de facto’ la esclavización de un cuantitativo y cualitativo sector de la ciudadanía española, por cuanto que se les obliga a prestar un servicio público sin percibir compensación económica alguna».
Y convocan a los abogados y procuradores del turno de oficio para una concentración togada para el próximo 20 de diciembre a las 12 horas en los Juzgados de cada ciudad española, menos en Madrid, donde será ante el Ministerio.
