El exresponsable de los servicios jurídicos del BBVA para España y Portugal José Manuel García Crespo se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los contratos entre la entidad financiera y las empresas del excomisario José Manuel Villarejo.
Estaba citado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, en calidad de investigado por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.
En un primer momento había sido convocado para el pasado 19 de noviembre junto a otros cuatro directivos y exdirectivos del banco, pero solicitó un aplazamiento por un viaje.
Al igual que la decena de investigados por su supuesta implicación en la firma de aquellos contratos que se extendieron a lo largo de una década e implicaron pagos por encima de 10 millones de euros, García Crespo ha rechazado responder a las preguntas del juez y los fiscales alegando que esta pieza de la macrocausa Tándem está bajo secreto y que no ha tenido acceso a las actuaciones.
En ella se investigan las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
También se ha negado a declarar ante el juez Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Sólo han declarado el expresidente del banco Francisco González, el que exresponsable de Real State Antonio Béjar y el director de los servicios jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas.
El juez instructor imputó el pasado julio a la entidad como persona jurídica por supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Hasta el momento, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que abonó.
También están investigados la sustituta de Corrochano en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y su exdirector de finanzas, Javier Malagón Navas.
Otros investigados son Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado julio ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA -fue cesado entonces al conocerse la imputación del BBVA-; el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y el responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega.
José Manuel García Crespo dependía jerárquicamente del máximo responsable del área jurídica del banco en aquel momento, Eduardo Arbizu, a quien se relaciona con supuestos encargos a Villarejo como la investigación acometida sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.
PINEDA SE QUERELLÓ EN JULIO CONTRA VILLAREJO, EL BBVA, FRANCISCO GONZÁLEZ Y JULIO CORROCHANO
El presidente de Ausbac se querelló el pasado 8 de julio contra el excomisario José Manuel Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los supuestos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
Un día después de que el bufete Durán & Durán Abogados interpusiera esta querella, el BBVA retiró la acusación contra Ausbanc en la causa que se sigue contra esta entidad.
El juicio está señalado para el próximo 29 de enero.
