Villarejo ha fichado recientemente a Antonio José García Cabrera como abogado; este es presidente ejecutivo del despacho Lemat Abogados de Granada, en sustitución de Ernesto Díaz-Bastien, del bufete Ernesto Díaz-Bastien & Asociados.
La Audiencia Nacional confirma la prórroga de dos años de la prisión provisional de Villarejo
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13/12/2019 00:00
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Actualizado: 13/12/2019 00:00
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La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la prórroga de la prisión provisional del excomisario jubilado José Manuel Villarejo por un máximo de otros dos años, hasta el límite de cuatro.
Villarejo cumplió el pasado 3 de noviembre dos años en preventiva, investigado en el ‘caso Tándem’ por supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública.
La AN ha desestimado el recurso que Villarejo presentó contra el auto dictado el pasado 28 de octubre por el magistrado instructor del ‘caso Tándem’, Manuel Garcia Castellón, acordando dicha prórroga.
En un auto, con fecha de hoy, el tribunal de la Sección Tercera compuesto por los magistrados Félix Alonso Guevara Marcos (presidente), Carolina Rius Alarcó y Ana María Rubio Encinas señala que la medida cautelar de prisión provisional debe ser prorrogada pues persiste el riesgo de fuga y “su aparente capacidad para hacerlo”, tanto por las conexiones en el extranjero como por la capacidad económica que se le atribuye en los oficios policiales.
También sustenta la medida en la necesidad de evitar la alteración u ocultación de pruebas, dado que hay diligencias de instrucción pendientes de finalizar y material intervenido que no ha sido analizado totalmente, así como para evitar la reiteración delictiva asegurando que el investigado no pueda servirse de sus actividades empresariales para repetir conductas indiciariamente ilícitas.
Además, el tribunal no considera que la prórroga de la prisión vulnere el derecho del comisario a ser juzgado en un plazo razonable ni de disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa, como contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene que “es la medida cautelar adecuada a las condiciones particulares del apelante justificando la dimensión de la investigación el tiempo que se está invirtiendo en ella, que precisa cooperación judicial internacional y el análisis de material informático encriptado, entre otros, que lleva tiempo”.
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