En la foto, el edificio de la Audiencia Provincial de Málaga. Cadena Ser.
La Audiencia Provincial de Málaga suspende un proceso sobre IRPH hasta ver lo que dice el TJUE
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27/12/2019 00:00
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Actualizado: 27/12/2019 00:00
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Está previsto que el primer trimestre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haga pública su sentencia sobre si el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH) es transparente y si los jueces pueden entrar a estudiar si es abusivo o no.
A la espera de conocer el desenlace, la Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido el trámite judicial de una demanda presentada contra Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.
La parte afectada, representada por el bufete rondeño Francisco Orozco & Asociados, solicitó la suspensión del procedimiento alegando, precisamente esto: la existencia de cuestión prejudicial civil frente al TJUE.
Cuestión que elevó al tribunal de Luxemburgo el magistrado Francisco González de Audicana, titular del Juzgado número 38 de Barcelona, ante las dudas que le suscitaba la cuestión.
«La resolución europea habría de tener una incidencia incuestionable», dice el auto de la Audiencia Provincial en el que se hace referencia a las conclusiones del abogado general jefe del TJUE, el polaco Maciej Szpunar, que el pasado 10 de septiembre hizo públicas sus conclusiones en las que afirmaba que el IRPH no es un índice transparente por el mero hecho de ser oficial y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo avaló en 2017 el IRPH y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial de este índice no implica falta de transparencia ni abusividad.
Si el TJUE siguiera el sentido de las conclusiones del abogado general jefe obligaría al Supremo a realizar un cambio jurisprudencial.
El impacto económico de las demandas sobre hipotecas referenciadas a IRPH asciende a unos 25.000 millones de euros, sin contar intereses y costas, según los cálculos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
Los sustenta en la estimación de que hay un millón de afectados con unos 25.000 euros de pérdida por estas cláusulas, si bien las entidades españolas afirman que su exposición es de algo más de 16.500 millones.
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