De esta forma, Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, recordó a Charles E. Hughes, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien, en 1931, con su voto, materializó un «leading case» (un caso que marca jurisprudencia) histórico, Near versus Minnesota, que apuntaló para el futuro la libertad de información amplia.
Fue en el marco de una mesa redonda sobre presunción de inocencia y derecho a la información, dentro del Curso de Derecho Probatorio Penal del Postgrado para juristas iberoamericanos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Junto a Del Moral intervinieron los periodistas María Peral, de El Mundo, Ángeles Vázquez, de El Periódico de Catalunya, y Carlos Berbell, de Confilegal.
Moderados por Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal de esa Universidad y abogado.
«Cierto grado de abuso es inseparable del buen uso de todo, y en ningún caso es más cierto que en el de la prensa. Por consiguiente, la práctica de los Estados ha decidido que es mejor dejar algunas de sus ramas nocivas a su crecimiento exuberante que, al podarlas, perjudicar el vigor de las que dan los frutos adecuados», escribió entonces Hughes.
Su voto dio la mayoría (5 a 4) para declarar inconstitucional La Ley de Molestias Públicas del Estado de Minnesota, que había provocado el cierre, cinco años antes, de The Saturday Press.
«Desde mi punto de vista, el juez Hughes tenía razón. Es preferible mantener la vitalidad del árbol del periodismo que dañarlo cortando algunas ramas torcidas. Es como la cizaña, que no puede ser eliminada totalmente si se quiere ver crecer el trigo«, afirmó el magistrado.
«En mi opinión, los juicios paralelos tampoco son preocupantes sino, por el contrario, necesarios. Lo que es perjudicial es que los juicios que se hacen en los medios interfieran con los de la justicia», añadió.
El magistrado Del Moral negó que el derecho a la presunción de inocencia pueda ser infringido por los particulares y sostuvo que la adopción de medidas de precaución contra personas sospechosas de la comisión de delitos en el ámbito privado o político resulta totalmente razonable.
«Nadie contrataría para cuidar de sus hijos a una persona detenida en varias ocasiones por pederastia y los votantes no tienen por qué elegir a un político sospechoso de corrupción», explicó.
Los periodistas intervinientes analizaron el estado de la cuestión en España y en los países de nuestro entorno y coincidieron en la puesta en valor del derecho de información sobre procesos jurisdiccionales en curso, esencial en una sociedad democrática y que en nuestro país se ejerce, en la generalidad de los casos, con profesionalidad y moderación, sin perjuicio de los excesos que puedan cometerse en casos concretos.
María Peral puso como ejemplo de mala praxis periodística la publicación, hace años, en un importante medio, de una fotografía del sospechoso, bajo el titular “La mirada del asesino de una niña de tres años” (que posteriormente resultó haber fallecido a consecuencia de un accidente) y reclamó la necesidad de fortalecer los mecanismos de exigencia de responsabilidad pecuniaria por la causación de perjuicios injustos.
JUEZ DIVULGADOR
Carlos Berbell, a continuación, relató los avances que se han ido produciendo en el ámbito de la comunicación institucional en la justicia, materia en la que fue pionero en su época en el Consejo General del Poder Judicial y recomendó la instauración de la figura del “juez divulgador”.
Por su parte, Ángeles Vázquez puso énfasis en la conveniencia de fomentar el conocimiento de las instituciones jurídicas para evitar la confusión del público ante determinadas noticias, que no se interpretan correctamente, comenzando por las escuelas.
En el debate con los asistentes se discutió el caso de “La Manada”.
¿Han presionado los medios a los tribunales españoles en dicho asunto?, preguntó una jurista mexicana.
Por los participantes en la Mesa se explicó a los asistentes que la reacción social provocada por la sentencia de la Audiencia de Pamplona, galvanizada en el lema “hermana yo si te creo”, no se correspondía con el contenido de la resolución, cuyos hechos probados se habían redactado desde la convicción de que la víctima decía la verdad.
Ciertamente el Tribunal Supremo corrigió la sentencia, pero por entender que la calificación jurídica había sido errónea y que, en lugar de abuso, se había cometido agresión sexual: un problema de subsunción normativa y no de valoración probatoria.
