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La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde de Navalcarnero por prevaricación

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La Fiscalía Provincial de Madrid reclama 9 años de inhabilitación para el exalcalde de Navalcarnero (Madrid) Baltasar Santos González (PP), y para la interventora municipal Teresa de Jesús Hermida Martín por un delito continuado de prevaricación.

Ambos están acusados de poner en marcha en 2004 una serie de obras situadas en distintas zonas del casco histórico del pueblo, declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, sin la previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico que es necesaria a la hora de acometer una obra.

El juicio comenzará el próximo martes, 21 de enero, a las diez de la mañana, en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, uno de los proyectos, con un presupuesto de alrededor de un millón de euros, consistía en la construcción, consolidación y posterior interconexión de una serie de cuevas bajo el subsuelo de la plaza de Segovia.

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Señala que con un simple informe, que no puede alcanzar la consideración de “proyecto de obra”, el exregidor aprobó la adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo dicha obra dando también el visto bueno al gasto por el importe presupuestado “ejecutándose la obra haciendo uso de los medios propios del Ayuntamiento”.

La Fiscalía subraya que el acusado, “pese a tener pleno conocimiento de las irregularidades descritas, siendo consciente de que se estaban incumpliendo los trámites legalmente establecidos y actuando, por tanto, en claro fraude de ley”, presentó el informe como si de un proyecto de obra se tratara “e interesó su aprobación a la Junta de Gobierno, aplicando una figura jurídica que no se ajustaba a las características de la obra a acometer”.

En este punto, la Fiscalía también aprecia responsabilidades en la otra acusada, Teresa de Jesús Hermida Martín. Afirma que en su condición de interventora municipal “faltó a su deber de control y fiscalización, no emitiendo informes negativos ni cuestionando o poniendo en duda la legalidad de las obras, pese a las claras irregularidades presentes y de las que tuvo conocimiento”.

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Además, indica que durante todo el periodo de ejecución de la obra no se aplicaron los procedimientos habituales en los pagos a los proveedores, “por cuando no consta la elaboración de expediente alguno de contratación para la prestación de los correspondientes servicios y la realización de los correspondientes suministros vinculados a las obras que se estaban ejecutando”.

Dice que “a sabiendas” ambos acusados de que estaban incumpliendo los procedimientos aplicables al caso, optaron por fraccionar los pagos “creando una ficción de contratación menor o adjudicación directa”, una práctica expresamente prohibida por cuando lo que se pretende “es disminuir la cuantía de un contrato para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación aplicable”.

El segundo proyecto contemplaba la rehabilitación de varios espacios del casco histórico, así como la reconstrucción y nueva construcción de pilones en los caminos.

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Según la Fiscalía, la Junta de Gobierno Local, a propuesta del acusado, aprobó este mencionado proyecto en su reunión de 28 de julio de 2004, tras haber sido informado solo verbalmente en sentido favorable y no por escrito por Teresa de Jesús.

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Cuenta que el resultado final fue que las obras acabaron con un “notable” retraso respecto del plazo inicial, sin que ninguno de los acusados, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad y control, exigieran a las empresas las penalizaciones o indemnizaciones que pudieran corresponderles por una demora imputable a las mismas en la ejecución.

Destaca que como en el caso anterior, no se aplicaron los procedimientos establecidos en los pagos a proveedores y de nuevo fueron fraccionados.

La Fiscalía también tiene en cuenta que a lo largo de los ejercicios en los que se fue desarrollando el proyecto, la partida presupuestaria varió de manera “significativa”, lo que dificultó el seguimiento de la ejecución presupuestaria del proyecto ya que “se pudieron imputar gastos a las aplicaciones presupuestarias, imposibilitando un cálculo preciso de los gastos incurridos por el Ayuntamiento para su finalización”.

El proyecto de convenio con la Diócesis de Getafe, que se desarrolló entre los años 2004 y 2011, incluía la construcción, con cargo al Ayuntamiento, de unas casas parroquiales, que fueron inicialmente presupuestadas en 2.105.000 euros, contenía una gran cantidad de irregularidades, lo mismo que otro cuyo objetivo era la rehabilitación en la capilla de la ermita de Santa Águeda.

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