Enrique López: «El Gobierno ha tomado decisiones que pueden poner muy difícil el Pacto por la Justicia»

Durante siete años, de 2001 a 2008, Enrique López, el actual consejero de Justicia, Interior y Víctimas de las Comunidad de Madrid –una de las 12 Comunidades Autónomas con competencias en Justicia transferidas–, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lo mismo que el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de la nación, Juan Carlos Campo. 

Ambos tenían tenían sus respectivos despachos en el tercer piso de la sede del CGPJ. A una distancia de apenas 10 metros.

Uno por el lado conservador y el otro por el lado progresista, negociaron, durante ese tiempo, innumerables acuerdos de todo tipo. Se conocen muy bien.

Ambos son magistrados (con destino en la Audiencia Nacional) y están en servicios especiales, una situación similar a la de excedencia pero con la diferencia de que a los efectos de antigüedad es como si no se hubieran ido.

López, recientemente, asumió la responsabilidad de la Secretaría de Justicia e Interior del Partido Popular, en sustitución del exministro de Justicia, Rafael Catalá.

Lo que le convierte en el interlocutor directo de Campo a la hora de negociar el Pacto, o acuerdo, por la Justicia.

Paradojas del destino. Otra vez cara a cara.

«Creo que nos encontramos ante una afortunada paradoja del destino. Somos dos personas que nos conocemos muy bien. Tenemos una buena relación. Yo le respeto muchísimo», explica López en su despacho de la segunda planta del 13 de la Carrera de San Jerónimo.

A apenas 100 metros del Congreso de los Diputados.

¿Será suficiente esa buena sintonía entre ambos para hacer realidad la materialización de un pacto o acuerdo por la Justicia?

En esta entrevista, López pone las cartas sobre la mesa. Y explica los pros y los contras. Un ejercicio de claridad meridiana.

¿Ha hablado con Campo después de que hubiera sido nombrado ministro?

Por supuesto, le he llamado y le he felicitado.

¿Le ha propuesto el ministro alguna fecha para comenzar a negociar con ustedes?

Hemos tenido un contacto previo. Comenzaremos en breve.

Lo que sí quiero decir, sobre la negociación  para renovar los órganos judiciales, es que el PP es un partido de diálogo, que cumple con la ley.

Y es necesario llamar la atención de que llevamos una semana con un gobierno en plenas funciones. Durante un año sencillamente no se llegó a un acuerdo porque España ha estado en funciones.

Con un Parlamento supeditado a un Gobierno en funciones. Recordemos que desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de enero de 2020 no ha habido un marco adecuado para plantear la renovación del CGPJ.

Llevamos una semana. No se puede atribuir al Partido Popular ninguna actitud de bloqueo.

Sin embargo, el Gobierno sí ha tomado decisiones que pueden poner muy difícil el acuerdo.

Desde el PP, el presidente ha dicho que tenemos que sentarnos para hablar de un gran pacto que despolitice la justicia en España. Y sobre todo que contribuya a minimizar la imagen de la politización de la justicia.

En ese sentido, propondremos una batería de reformas que refuercen la imagen de independencia e imparcialidad que tiene que tener.

«Hay que tomar medidas en el ámbito electoral para impedir que prófugos o fugados de la justicia, y en rebeldía, puedan presentarse a cualquier tipo de elección en España»

¿Qué elementos de ese pacto considera esenciales poner sobre la mesa como condición para cerrar acuerdos?

Tiene que estar basado en tres ejes. Un primer eje, de defensa del Estado; un segundo eje, de despolitización de la justicia; y un tercer eje, para generar mayor eficacia.

El primer eje debe contener una serie de medidas que fortalezcan la acción del Estado frente ataques contra el propio Estado.

Hay que reformar la tipología penal de los delitos de rebelión y sedición, necesario, como se ha visto a raíz de la sentencia del “procés”, copiando lo mucho que tiene de bueno esta sentencia.

Hay que tomar medidas en el ámbito electoral para impedir que prófugos o fugados de la justicia, y en rebeldía, puedan presentarse a cualquier tipo de elección en España.

También hay que proponer una reforma de la Orden Europea de Detención, para que se fortalezca el principio de mutuo reconocimiento y eficacia de las decisiones judiciales en el seno de la Unión.

Con ese fin, tenemos que avanzar y superar la Decisión Marco e ir a una Directiva. 1

¿En segundo lugar?

Por lo que se refiere a la despolitización de la justicia, proponiendo una reforma en el modo de elección de los vocales del CGPJ.

El ministro Campo sigue planteando que los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos por el Parlamento y ustedes defienden que sean los 5.500 jueces los que los elijan por voto secreto y directo. ¿Cómo se puede cuadrar el círculo?

Habrá que dialogar. Y tratar de alcanzar un acuerdo. Ya se consiguió en el año 2001. Se reformó la forma de elección de los vocales jueces.

En diciembre de 2018 ya se hizo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se redujo el alto grado de discrecionalidad de que gozaba el Consejo, exigiendo el establecimiento de perfiles y la motivación de los nombramientos.

Vuelvo a recordar que el momento en el que estamos es difícil, complicado y complejo, fruto de las hipotecas que ha contraído el presidente del Gobierno para poder ser investido. Y que el marco actual presenta muchas dificultades.

Pero el Partido Popular es un partido constitucional y constitucionalista y respetuoso con la ley. Y abierto al diálogo, que eso no se quede ninguna duda a nadie.

¿Y en tercer lugar?

Y en tercer lugar, hay que fortalecer el Estatuto de independencia del Ministerio Fiscal, prohibiendo que juristas que han ejercido cargos políticos o de elección puedan ser nombrados fiscales generales del Estado, al menos durante un tiempo, para evitar esa imagen perversa de poner en duda la imparcialidad.

Creo que tenemos que reformar la vuelta a la carrera de jueces y fiscales. Y lo digo con la legitimidad que me da ser un juez que está ejerciendo, en estos momentos, labores políticas.

Se está refiriendo a las llamadas puertas giratorias…

Así es. Para que sean respetuosas con el mantenimiento de esa apariencia de imparcialidad. De ahí mis críticas al nombramiento de la nueva fiscal general del Estado.

No es de recibo.

En nuestro sistema democrático se somete a los ministros, durante dos años, a un estatuto de incompatibilidades que les impide realizar actividades sobre asuntos que han llevado como ministros.

¿Por qué? Se denomina conflicto de intereses.

«Estoy absolutamente en contra de la propuesta de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal»

Esto afectaría a tres magistrados que son, actualmente diputados y ministros: Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Juan Carlos Campo.

Y a mí también. Por eso insisto en que tengo la legitimidad para poder proponer esta medida.

Para hacer más estricta y bajo condiciones esa vuelta a la carrera judicial y fiscal.

De la misma forma que me indigné que se pusiera en duda mi apariencia de imparcialidad, hasta el punto de ser recusado, por haber sido miembro del CGPJ o del Tribunal Constitucional, ahora admito, una vez que he dado un paso a la política y que estoy ejerciendo un cargo político, como es el de consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, que mi vuelta a la carrera judicial pueda provocar una falta de apariencia de imparcialidad en muchos asuntos.

La doctrina del TEDH es tajante: La apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.

Lo que vi injusto es que se me aplicara a mí ese criterio político, como se hizo con Concha Espejel o, incluso, con Juan Pablo González, por haber ocupado un cargo dentro del poder judicial o del Tribunal Constitucional.

Qué finos fuimos en ese momento y que laxos se ha sido con otros. Estamos ante una doble vara de medir.

¿Podría ver la luz en esta legislatura una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal? Porque puestos a cerrar un gran pacto por la justicia…

Ójala. Para ganar en eficiencia, sobre el tercer eje al que me he referido antes, es necesaria una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero, yo, que he venido defendiendo que la instrucción la asuma el Ministerio Fiscal, en estos momentos, y ante propuestas como la del nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, reconozco que me crea dudas sobre seguir defendiendo este cambio.

Es necesario que el sistema penal español se actualice. Y considero una media retrógrada y contraria al principio de tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución, eliminar los límites a la investigación penal.

No se pueden mantener investigaciones penales eternas.

Esto va en contra de la esencia del proceso penal y de las garantías constitucionales. Estoy absolutamente en contra de la propuesta de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No se trata de ver a quién favorece y a quién no.

Se trata de ver si esa medida encaja de manera más correcta o no en la defensa de las garantías constitucionales.

Ya sabe usted que se ha dicho que se utilizó el 324 para salvar al expresidente de Murcia.

A mí eso me parece tan demagógico como muchas de las ideas que se están trasladando para pedir la reforma de este precepto que está instaurado en otros países europeos desde hace muchos años.

Estamos hablando de seguridad jurídica, le toque a quien le toque. Y un principio básico en un estado de derecho es la seguridad jurídica.

A su juicio, ¿dónde se encuentra el foco del problema que pone en tela de juicio la legitimación de la justicia a día de hoy?

Desde mi punto de vista, el problema lo ha acentuado el presidente del Gobierno con su decisión de proponer a la ministra de Justicia saliente como fiscal general del Estado.

Estoy de acuerdo con que el curriculum profesional de Dolores Delgado es impecable, como el de otros muchos juristas, pero no reúne las condiciones de independencia e imparcialidad que deben rodear a una institución como es la Fiscalía General del Estado.  

Estamos hablando de una persona que, sin solución de continuidad, pasa de ser ministra de justicia a fiscal general del Estado. Pasa de ser diputada del PSOE, porque concurrió en la lista de ese partido pero no con la sigla de independiente.

Todo esto genera un problema serio y grave de apariencia de imparcialidad que es incompatible de una institución como es la Fiscalía.

Por ejemplo, si acudimos al embrión de la Fiscalía Europea, en su reglamento establece con claridad que es una fiscalía independiente. Y subrayo lo de independiente.

Ese calificativo, precisamente, el de independiente, se introdujo en el Estatuto del Ministerio Fiscal de 2007.

Su artículo 7 dice, y cito de memoria, que “por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados”.

Mal comenzamos con esta propuesta.

Por eso le he pedido al presidente del Gobierno que reconsidere esta propuesta y que libere al poder judicial en su conjunto –no olvidemos que el Ministerio Fiscal se integra en el poder judicial con autonomía– y a ella de esta presión a la que está siendo sometida por su decisión.

«No hay que tener miedo a los tribunales pero tampoco hay que abusar de ellos. Esa sería otra de las reformas de ese gran pacto: limitar la acción popular a su naturaleza»

Los partidos políticos son, en parte, generadores de la judicialización de la política. ¿Cómo se puede impedir que un partido político deje de acudir a la justicia querellándose o denunciando a sus rivales?

No hay que tener miedo a los tribunales pero tampoco hay que abusar de ellos. Esa sería otra de las reformas de ese gran pacto: limitar la acción popular a su naturaleza. Y prohibir que los partidos políticos puedan  ejercerla.

En cualquier caso, tampoco nos engañemos, estaríamos ante una prohibición formal. Un partido político podría actuar a través de una asociación para estar representando de forma subrepticia.

Aquí hay que apelar a la cultura democrática. Quien confía solo en las normas para solucionar los problemas de una democracia está equivocado. Hay que pedir al presidente del Gobierno una mayor cultura democrática.

Ese escenario está ahora mismo dificultando un acuerdo en materia de Estado relacionado con el poder judicial. Estamos hablando del mantenimiento de la legitimidad de un presidente de la Generalitat que ha sido condenado a una pena de inhabilitación por haber cometido un delito que le impide ser diputado del parlamento.

En el Estatuto de la Autonomía de Cataluña se dice que para ser presidente de la Generalitat es preceptivo ser primero diputado.

Una interpretación estricta de la norma determinaría que la pérdida de la condición de parlamentario conllevaría la pérdida de la condición de presidente.

Sin embargo, desde el Gobierno de la nación se sigue insistiendo en la legitimidad del presidente autonómico. Es un escenario muy difícil, muy complicado.

Se sigue insistiendo en la apertura de las embajadas bajo otro nombre, pero con las mismas funciones que las que fueron cerradas en 2017.

Se está generando una sensación de que se están utilizando las instituciones, insisto, para cumplir acuerdos adoptados para que el presidente pudiera ser investido.

Contra esto es contra lo que hay que luchar.

Al Partido Popular siempre se le encontrará en los pactos de Estado, nunca en los pactos contra el Estado.

El País acaba de publicar una entrevista con Oriol Junqueras en la que se le planteó que había engañado a los catalanes prometiéndoles una independencia fácil, instantánea y gratuita. Este contestó, literalmente,  “Y una mierda. Una puta mierda”. ¿Cómo entiende usted esa respuesta?

Es una persona que está condenada, en prisión, y, como tal, sometido a una angustia típica de cualquier persona en esas condiciones.

Lo que es triste es que una persona condenada y en prisión pueda tener algún tipo de legitimidad para negociar políticamente con un partido que se dice de Gobierno. Esto es lo que llama poderosamente la atención.

A mí me gusta poner ejemplos para que entendamos la naturaleza de las cosas. ¿Alguien se imagina a un presidente de Comunidad Autónoma condenado en primera instancia por cometer un delito a una pena de inhabilitación pueda seguir en su cargo?

¿Alguien se imagina a un Gobierno de la nación negociando con el líder de un partido político, en prisión, condenado por haber cometido un delito de sedición y de malversación de fondos públicos?

¿Alguien se imagina lo que hubiera pasado si el PP hubiera nombrado, sin solución de continuidad, fiscal general del Estado a Alberto Ruiz Gallardón, después de dejar de ser ministro de Justicia?

Esto es lo que está pasando en España.

Una de las cosas que más preocupa a sus compañeros magistrados y jueces son los planes del Gobierno de cambiar el sistema de oposición. ¿Qué opina usted?

Yo siempre he estado en contra de los intentos que se han realizado, desde la izquierda, de cambiar el modelo de acceso a la carrera judicial. Ya lo vivimos en la época del presidente Rodríguez Zapatero.

Se critica el actual sistema por ser un sistema de oposición basado fundamentalmente en el ejercicio memorístico y porque puede estar produciendo una cierta desigualdad en el acceso a la carrera judicial ya que solo personas que viven en el seno de familias acomodadas pueden hacer la carrera judicial.

Todo esto es falso. El sistema de oposición garantiza, en primer lugar, la plena igualdad en el acceso a la función pública. Prima el esfuerzo personal, la excelencia en el estudio y es el modelo más barato de acceso a la carrera judicial.

Yo pongo mi propio ejemplo. Mi padre era un empleado en una empresa. Mi familia no era rica ni acomodada. Vivíamos de su sueldo de trabajador. Yo estudié toda la carrera con becas y pude estudiar la oposición gracias a una beca, porque hice el doctorado mientras la preparaba.

Sin embargo, yo no hubiera podido hacer un máster porque mi padre no tenía capacidad económica para pagármelo ni para que yo viajara al extranjero.

Yo no tenía ningún amigo ni familiar que  tuviera un despacho de abogados.

No tenía ningún amigo que tuviera una empresa en la que me pudiera contratar.

Estudié la oposición porque era una salida muy digna para una persona con escasos recursos.

Hay que acabar con esa visión clasista de la oposición. Aquí lo que subyace es otra cosa. Es un intento de crear filtros ideológicos en el acceso a la carrera judicial. Parece que el filtro fundamental que existe en estos momentos, que es el esfuerzo personal y el afán de superación de conocimientos de un programa, parece que no satisface a algunos.

Por eso, creo que hay que luchar por el mantenimiento de criterios profesionales en el ingreso a una carrera profesional como es la del poder judicial. Pero también tenemos que luchar por mantener la unidad del poder judicial.

Asegurarla a través de un Consejo General del Poder Judicial único para toda España, que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en todos los conflictos.

Estos son aspectos sobre los que los grandes partidos con opciones de gobierno debemos ponernos de acuerdo en España.

«Cuando un abogado es llamado a realizar un turno de oficio de forma obligatoria para prestar un servicio de asistencia tiene que ser retribuido. Eso es básico»

Precisamente ahora se está hablando de la articulación de un consejo del poder judicial catalán. Una concesión…

Entiendo que eso afectaría gravemente a la unidad proclamada por la constitución del poder judicial.

Los jueces en España pertenecen a un cuerpo único, al margen de que puedan existir jueces de paz, que los contempla el sistema constitucional.

Y cuentan un único órgano de gobierno, que es el CGPJ. La Constitución definió un buen modelo, acomodado al estado de las autonomías que, a su vez, respeta el principio de unidad judicial.

¿Cuál es su opinión sobre el conflicto del turno de oficio?

Cuando un abogado es llamado a realizar un turno de oficio de forma obligatoria para prestar un servicio de asistencia tiene que ser retribuido. Eso es básico.

Más allá de eso, no voy a meterme en la gestión de este tema.

¿Para cuando la ciudad de la Justicia de Madrid?

Seguimos pendientes de una pronta sentencia con respecto a la anterior actuación de la Comunidad de Madrid, que se denominó Ciudad de la Justicia.

Conforme a esa sentencia, actuaremos. En todo caso, es un objetivo de este gobierno, a través de la Consejería de Justicia, dar una solución a esta asignatura pendiente.

Nosotros queremos acometer la construcción de los edificios en el parque de Valdebebas a lo largo de esta legislativa.

Se retoma el lugar…

Así es, porque ya hay una serie de infraestructuras realizadas. Queremos que el partido judicial de Madrid tenga unas infraestructuras adecuadas al siglo XXI.

Y propias de un gran partido judicial, como ocurre con Barcelona, Valencia o Málaga. Lo cual no va a ser un obstáculo para seguir invirtiendo en el resto de los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

¿Cuáles son las asignaturas de su Consejería en materia de justicia?

Proseguir con las infraestructuras inmobiliarias, lo que se conoce como el plan 21 21, hasta finalizar este plan. En segundo lugar, finalizar con la digitalización del expediente judicial en la Comunidad de Madrid, y que al final la justicia se tramite a través de una gran comunidad virtual, en la que estén integrados funcionarios y operadores jurídicos que tienen relación con la Administración de Justicia.

Seguir trabajando por una justicia de mayor calidad, y también de mayor calidez, con mejor acceso de los ciudadanos, incluidos los discapacitados, a los edificios judiciales.

En muchos de estos aspectos, somos tributarios de que exista ese pacto de Estado. Y para ello tenemos que ponernos de acuerdo en el modelo de organización judicial, que es otro de los aspectos básicos de ese posible pacto de Estado.

¿Qué opina del “pin” parental?

Creo que a nadie tiene que ofender lo que establece el artículo 27.3 de la Constitución: El derecho a que los padres puedan tener que sus hijos reciban educación moral y religiosa conforme a sus convicciones.

A partir de ahí, en la CAM tenemos un consejero de educación experto en la materia que está proponiendo soluciones muy eficaces y muy educadas para que este derecho sea una realidad.

En la CAM más del 90 por ciento de los padres puede elegir centro. Eso es muy importante. A nadie puede hacerle daño la libertad. Los padres tienen que estar corresponsabilizados con la educación de sus hijos.

Dicho esto, yo creo que la polémica del “pin” es una cortina de humo para tapar todas las polémicas en materia de justicia, de modelo territorial, de relaciones con Cataluña.

Es un gobierno muy pendiente del gobierno autónomo de Murcia y muy poco pendiente del gobierno autónomo catalán.

Es un gobierno muy pendiente de lo que hacemos los gobierno autonómicos leales con la constitución y nada pendiente de lo que hacen en Cataluña, que no está siendo leal ni con España ni con la Constitución.

Lo triste es que esa cortina de humo se haga sobre una cuestión muy importante, que es la educación de los hijos.

Lo que ha dicho la ministra Celaá ha sido una boutade, una ocurrencia ingeniosa.

Los hijos no son propiedad de los padres, es cierto, porque no son cosas. Están bajo la patria potestad de los padres, y los padres tienen la obligación de cuidar, alimentar y educar a sus hijos. Esto es algo básico. Poner en cuestión eso con fines políticos no tiene sentido. Sin olvidar a los niños, que tienen derechos incluso antes de nacer.

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