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“Necesitamos una ley que regule las demandas colectivas”, según el fiscal de consumo en Andalucía

El fiscal Santos Urbaneja, protagonista de este artículo, en una foto tomada el pasado año, cuando recibió el premio de "personas luchadoras" que le otorgó la Asociación Nacional para la Igualdad Lola Castilla y por la Junta de Andalucía.
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Una de las asignaturas pendientes para el Gobierno es la promulgación de una ley que regule las demandas colectivas para que los consumidores reclamen conjuntamente un asunto que les afecte por igual.

Además, debería haber juzgados de competencia nacional que puedan llevar macrocausas de consumo y un fiscal de Sala del Supremo especializado en consumo.

Es la opinión de Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado en discapacidad con competencias en consumo en Andalucía.

Fue nombrado por el fiscal general del Estado en enero del 2o17, ocupando así el puesto de la nueva figura creada a nivel nacional: la de “delegado autonómico” en materia de discapacidad de la Fiscalía General del Estado.

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Las competencias de esta delegación son más amplias, pues abarca también lo que se llama “competencias civiles”, esto es protección de consumidores, familia, derechos fundamentales, derecho concursal, etcétera.

Para Santos Urbaneja, 2019 fue el año de los reconocimientos públicos. Recibió dos premios.

Uno fue a cuenta de la Asociación Nacional para la Igualdad Lola Castilla y por la Junta de Andalucía, que recibió el galardón anual de “personas luchadoras” por su entrega durante sus 30 años de trabajo, en Córdoba, en favor de las personas con discapacidad, con enfermedad mental o que sufren cualquier injusticia social.

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El otro fue de la Junta de Andalucía, con motivo del día de esa Comunidad. Fue el premio en la categoría de “Fomento”, por su trabajo, talento y compromiso con los demás por representar los mejores valores.

Santos Urbaneja fue el fiscal que impulsó en Andalucía una de las primeras demandas colectivas que fue adelante frente a Gas Natural. Fue en marzo de 2003.

“Pusimos la primera demanda colectiva. Tras dieciséis años de lucha logré ejecutar este fallo finalmente. Tuve que interponer dieciocho recursos de apelación”, explica.

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Por ello afirma que “no podemos tener este tipo de instrumentos para proteger a los consumidores. No nos puede costar tanto interponer este tipo de acciones, aún sin marco legal en nuestro país”.

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LAS ACCIONES COLECTIVAS EN ESPAÑA SON COMO UN PARTIDO DE TENIS 

De acuerdo con Santos Urbaneja, las acciones colectivas son como un partido de tenis.

“Se juegan en tres sets, la primera es la declaración, donde se consigue demostrar la abusividad y nulidad de las cláusulas”, cuenta.

En la segunda “hay que preparar la ejecución, que es más compleja, y el tercer set que es la propia ejecución. Una ejecución que a día de hoy, la única que se ha ejecutado es la de Gas Natural en Córdoba”.

Lo tiene claro: “Necesitamos una ley de acciones colectivas y que se regule bien la fase de ejecución de dichas iniciativas. De lo contrario, el fiscal solo podrá logar una declaración de nulidad pero no la ejecución”.

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Esta reforma legal es necesaria porque “no hay un protocolo para la ejecución de las sentencias en materia de demandas colectivas. De ahí los recursos que interpusimos. Al no haber ley, no nos dejaban ejecutar dicha sentencia. Hemos demostrado que se puede hacer”.

“De lo contrario tendrán que ser los consumidores los que pidan la ejecución, uno a uno , pero no les va a merecer la pena. Y habrá muchos que no reclamen con lo cual no tendrá una efectividad práctica”.

Esta es una de las propuestas que este jurista le sugiere al nuevo titular de Consumo, Alberto Garzón.

JUZGADOS DE COMPETENCIA NACIONAL PARA MACROCAUSAS DE CONSUMO 

La existencia de estos juzgados, para el fiscal andaluz, es fundamental.

“El Jugado de Marcas de Alicante es un ejemplo de ello y funciona bien. Las empresas saben que están protegidas y hay que replicar el modelo a nivel de consumo y proteger al consumidor”, apunta. 

En esta demanda colectiva contra Gas Natural “el problema era que se cobraba en la factura dos conceptos que no tenían habilitación legal para ello. El canon de finca y derechos de alta. Este se cobraba al firmar el contrato y cada dos meses otra cantidad llamada el cuarto del gas como si fuese suyo”.

Aquello no era legal “hubo muchos usuarios que lo denunciaron y por eso se interpuso una acción colectiva. Para cobrarlo se necesitaba dicha habilitación que procedía de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Industria, pero esa habilitación Gas Natural no tenía”.

La demanda por acción colectiva agrupó a 250.000 afectados “aunque la imposibilidad de contar más tuve que conformarme con 104.000. Por su parte Gas natural admitía solo tres mil”, aclara este fiscal.  Los afectados ya cobraron entre 170 y 320 euros como horquilla de compensación.  Fue extenuante pero lo logramos”.

EL ASUNTO DE LA COLZA, UN ANTECEDENTE 

El precedente más inmediato sobre estos temas de acción colectiva lo encuentra en el envenenamiento masivo por aceite de colza “era una acción colectiva derivada de un proceso penal y determinada, no era masa, aunque eran unos miles”.

Recuerda que el Gobierno puso una unidad colectiva de apoyo para la ejecución y alquilo en el paseo de la castellana madrileño unos locales: “Yo pedí para la ejecución de Gas Natural que se nos diera una unidad de ejecución para la acción colectiva porque sobrepasaba la capacidad de actuación de la fiscalía”.

Para este fiscal “llama la atención que despachos que no han ganado estas acciones colectivas las hallan ejecutado. Si vas de uno en uno no vas emoción en el juicio, lo único que tienes que hacer es acreditar que eres afectado y así se colapsa la justicia en miles de juicios individuales”.

Al final quien más gana es la empresa infractora porque solo le reclaman una parte pequeña de lo que debería compensar “los que piden son los usuarios porque el abogado le cobra su minuta mientras que la administración de justicia necesita de juzgado y medio para ejecutarla”.

Santos Urbaneja cree que hay reformas legislativas que son necesarias.

TAMBIÉN DEBERÍA HABER UNA FISCALÍA DE SALA DE CONSUMO

Santos Urbanaja también apuesta por una Fiscalía de Sala del Supremo especializada en consumo.

“Es urgente que tengamos una Fiscalía de Sala especializada en consumo que ayude a proteger y defender a los consumidores”, relata.

En estos momentos hay tres fiscales en España los que tienen una actitud proactiva en tema de consumo, Manuel Campoy en Valencia, ahora en comisión de servicio en la Audiencia Nacional, especializado en acciones colectivas sobre la administración y sus abusos.

Y Jesús Aguirre en La Coruña especializado en temas de banca. 

Para Santos Urbaneja, el tercero en discordia, “el Ejecutivo debe liderar la creación de esta Fiscalía en todo el territorio nacional que sirva de apoyo a la actividad del nuevo Ministerio de Consumo. Hay que hacérselo fácil al consumidor”.

NUEVO MINISTERIO DE CONSUMO 

La puesta en marcha del Ministerio de Consumo, es vista por este experto en protección de consumidores como una esperanza: “teníamos el precedente anterior de Sanidad y Consumo con Leire Pajín, donde se hicieron cosas. Como por ejemplo un convenio del Ministerio con la FGE. Esperemos que se aproveche la ocasión”.

Frente a esta oportunidad, Santos Urbaneja revela que “los programas electores de los partidos políticos en estos últimos comicios no llevaban ninguna medida sobre consumo. Tampoco en los debates de investidura se habló de ella”.

Desde  su punto de vista, “no debemos acabar judicializando este tipo de asuntos. Debe ser el Ejecutivo quien lidere el movimiento de protección a los consumidores y darnos a los jueces, magistrados y fiscales los instrumentos adecuados para hacer nuestro trabajo”.

Este fiscal recuerda que “desde el 2012 la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de Consumidores y Usuarios le presentó a todos los partidos políticos nuestras propuestas legales de reforma. Se hizo alguna, como el darnos a la fiscalía, la opción de proteger a los ciudadanos también a nivel individual, pero hacen falta más cosas”.

A su juicio “estábamos estancados en temas de protección de consumidores. Confiamos que este Ministerio sea un revulsivo. Lo más importante buscar sistemas extrajudiciales que evite que se judicialicen los asuntos. La mediación podría ayudar mucho”.

Cree que la mediación ayudaría  mucho.

“Pero las empresas grandes no quieren participar en él y resolver los asuntos de forma más rápida. Saben que pierden. A nivel de consumo ha cuajado con las pymes y pequeñas firmas”.

Sobre el decreto Guindos para impulsar de forma extrajudicial miles de asuntos con cláusulas abusivas piensa que  “fue un gran error y rearmó a la banca pese a que Europa le dijo al Gobierno español que buscara una solución. En absoluto podemos hablar de mediación porque las condiciones las imponía la banca”.

LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS UNIPROVINCIALES  NO FUNCIONAN 

En cuanto al problema de los juzgados uniprovinciales hipotecarios “se podría haber hecho de otra forma y evitar el colapso judicial. La nulidad de una cláusula si es por razones de incumplimiento y prohibición legal como el caso de Gas Natural, es nula de pleno derecho porque va contra la ley”.

No habría que ir a ningún juicio, sino que habría que acudir a la ejecución de la sentencia.

Ahora “si digo que la cláusula se dice que es nula en función de si hay vicio del consentimiento nos obliga a analizar caso a caso si hubo tal vicio. Eso a cientos de miles de personas les lleva a ir al juzgado a demostrar que en su caso hubo tal vicio. Esto favorece claramente al infractor”.

La solución, ya la ha mencionado, para por “ir a las acciones colectivas o ejecuciones masas o utilizar las unidades de ejecución para evitar los señalamientos de juicios. Son asuntos muy parecidos donde el juez en la sentencia cambia solo el nombre y DNI del afectado”.

Frente a asuntos pendientes, como el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) o el del Supremo sobre los acuerdos entre bancos y particulares vía extrajudicial “poco podremos hacer, pero habría en el futuro que arreglar la situación actual y organizar  las cosas de otra forma. La posición de las empresas infractoras es fuerte aún en este tipo de asuntos”.

Otra potestad sería las sanciones a las empresas infractoras, como potestad del Ejecutivo.

“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a Endesa y Naturgy con 25 millones de euros. Pero luego se recurre vía contencioso y suelen ganar este tipo de asuntos cuando llega al Supremo ante la pasividad de la Abogacía del Estado”, subraya.

COMPENSACIÓN POR DAÑOS PUNITIVOS 

Los problemas de reclamaciones masivas siguen aflorando en nuestro derecho de consumo.

El caso Idental, con miles de afectados en toda España, es otro exponente de la falta de protección de los consumidores.

“Otra medida que debería aplicarse es la compensación por daños punitivos como ya se hace en el mundo anglosajón que ha eliminado muchos abusos. Esto significa que la empresa en cuestión afectada indemnizará multiplicado por cinco a esos afectados”.

Y pone como caso el de Volkswagen con las emisiones de gases.

“En EUU casi les ha llevado a la quiebra y han tenido que negociar in extremis a los abogados que representan a las acciones colectivas. Su desembolso ha sido fuerte”,  señala.

Sin embargo “en Europa están tranquilos. No existe el cauce legal para las demandas colectivas y la firma alemana esta convencida que como mucho devolverá lo que puso en este asunto. La situación es muy diferente y los fraudes salen casi gratis”.

Del tema de la talidomida Santos Urbaneja explica que “quizás sea el tema más triste que conozco a nivel de consumidores, sobre todo por la cuestión de la prescripción”.

También se hace la pregunta que otros expertos se hacen en relación a este tema, cómo prescribió vía judicial este asunto cuando hasta hace unos meses las víctimas han sido oficialmente reconocidas como tales.

“Si hay dudas sobre ellas, las prescripciones no deberían aplicarse y perjudicar al más vulnerable como en este caso”, concluye.