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Crónica de un fanatismo anunciado

Mariu Galán es miembro del Consejo de Dirección de UPYD, portavoz adjunta y responsable jurídica.
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En la actualidad son cada vez más las personas que generan una gran desconfianza en las normas penales y en su capacidad de ser eficaces al propósito que persiguen.

No me refiero a la parte del independentismo, que pone una supuesta soberanía popular por encima de la ley (cuando esa propia ley ya es reflejo de la Soberanía Popular) sino en la gran desconfianza extendida en muchos sectores de la sociedad por la aplicación de la Ley que llevan a cabo jueces y magistrados.

Son las duramente criticadas sentencias de la conocida “Manada” por su blanda condena, así como el caso del chico que fue condenado por golpear a un hombre que estaba robándole a una anciana el bolso, causándole la muerte, por su dureza.

Intentaría explicar los motivos que, bajo mi conocimiento jurídico, considero que han sido clave para llegar al fallo de estas sentencias  ejemplificadoras de la situación, pero sería una exposición demasiado técnico-jurídico, por lo que trataré de exponer mi humilde opinión sobre las críticas.

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Reflexionando acerca de ello me traslado rápidamente a mi clase de la Universidad de Murcia, primer año.

Entorno nuevo, rodeada de gente nueva que conocer, con ganas de comernos el mundo. De repente, entra el profesor, catedrático de Derecho Penal, un tal Gerardo Landrove (pronto nos daríamos cuenta de la suerte que teníamos).

Su primer consejo: “Debéis ser críticos con la Ley, y preguntaros siempre por qué”. El resto iría siempre de la mano de esta premisa.

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Aprendimos a estudiar la Ley bajo la mirada crítica del que analiza la deducción empleada para alcanzar un resultado, dentro del contexto social.

Aviso: es imposible entender el Derecho sin contextualizarlo, (no debemos olvidar que es una creación del hombre, para el hombre) al igual que crear Derecho sin relacionarlo con otras ramas del conocimiento humano, como la Filosofía, Sociología, Psicología, Criminología, Historia…

Estudiamos teorías del Derecho, penalistas históricos, doctrina jurisprudencial y doctrinal y ello para, no sólo conocer la Ley, sino entenderla e interpretarla, y lo que es más importante, aprender a criticarla.

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Llegados a este punto, y siendo conscientes de que las leyes penales que hoy nos gobiernan han sido el resultado, en el mayor de los casos, de un desarrollo histórico contextual, y dentro del respeto a los derechos humanos, unos derechos igualmente desarrollados a lo largo de la historia, cuesta asumir que los ciudadanos sin conocimientos jurídicos previos se muestren tan desconfiados.

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¿A qué se debe?

Esa es la pregunta que me ha acompañado a lo largo de estos meses, y, tras haberlo valorado someramente, he llegado a la conclusión de que, quizá, sea debido a la incapacidad de ver las situaciones con los matices propios de un ser humano.

En una época en la que cada vez son más acusadas las diferencias entre blanco o negro, donde ya no hay grises, donde el centro desaparece para ser de izquierdas o derechas, y fomentado por las propias formaciones políticas, (les interesa que te posiciones en un ladito para crear una confrontación que les permita tener seguidores acérrimos), hemos cometido el error de perder la confianza en los expertos, y  trasladarla a los representantes de los partidos políticos, aceptando un mensaje cada vez más populista, es decir, utilizando mensajes destinados a crear en el receptor una repuesta visceral, y no razonada.

¿Empieza a asomar el fanatismo?

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En este contexto social, se ha anunciado, recientemente, la intención del Gobierno de modificar las penas del delito de sedición, con motivo, según señalan algunos medios, de su entrada en juego en el juicio del proces.

La pena establecida actualmente para dichos delitos es de entre 8 y 10 años, o 10 y 15 para el caso de que el inductor sea una autoridad pública, dentro del título de “Delitos contra el orden público”, poniendo de relieve la gravedad de dicha acción, suponiendo un ataque a la propia soberanía popular.

Dada la necesidad de actualizar la ley al contexto social, y adaptarla a situaciones reales, ante dichas modificaciones se hace necesario realizar un trabajo previo para evitar consecuencias indeseables para el futuro de la democracia, por lo que, indudablemente, requerirá una exposición sensata y coherente de los motivos que causan dicha modificación, no debiendo dar validez a causas oportunistas.

En cualquier caso, y terminando con otra reflexión de mi profesor de Derecho Penal,  que nunca se nos olvide que todos los esfuerzos en adaptar la ley penal serán en balde sin un trabajo previo y eficaz en educación que evite estas conductas indeseables.

Esta debe ser la premisa fundamental.  Porque la educación es la base, el resto se construye sobre ello.

por Mariu Galán.

Mariu (María Eugenia) Galán es miembro de la Gestora Nacional de UPyD y Responsable Jurídica. Actualmente forma parte del Consejo de Dirección como portavoz adjunta. Afiliada a UPYD desde 2015, ha sido responsable de Organización de la Gestora de Madrid, y candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo de 2019. Nació en Murcia en 1986. Es licenciada en Derecho y reside en Madrid, donde trabaja como abogada en las jurisdicciones civil y penal.
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