Entre los firmantes hay exministros y personalidades del mundo de la Justicia. En la imagen, de izquierda a derecha empezando por arriba, algunos de ellos: Andrés Cassinello, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Eligio Hernández, José Luis Corcuera, Teresa Freixes, José Domingo, Ángel Escolano, y Ana Losada.
Una veintena de asociaciones y miles de ciudadanos secundan un manifiesto contra la reforma del Código Penal y en defensa del orden constitucional
El manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha sido enviado por Citizens Pro Europe a las instituciones europeas para que conozcan la reforma que pretende eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación
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21/12/2022 06:50
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Actualizado: 21/12/2022 08:41
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Una veintena de asociaciones y miles de ciudadanos han secundado un manifiesto contra la reforma del Código Penal y en defensa del orden constitucional impulsado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT), que ha sido enviado esta semana por Citizens Pro Europe a las instituciones europeas para conozcan la reforma que pretende eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación y el rechazo de la ciudadanía a las mismas.
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, tras examinar la Proposición de Ley Orgánica del PSOE y Unidas Podemos y sus enmiendas en las que se abarata la malversación de caudales públicos y se suprime el delito de sedición tipificado en el Código Penal de 1995, sentía «el deber cívico» de manifestar su «oposición hacia su orientación» y quería trasladarlo al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española.
Por ello, a principios de diciembre elaboró un manifiesto y lo difundió, dejándolo abierto a más adhesiones.
Hasta el momento, el listado de entidades y personas que lo apoyan ocupa 49 páginas.
Los firmantes rechazan «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución»
Las organizaciones y personas firmantes denuncian el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica «cuya finalidad ha sido prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia».
«No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda», destacan.
Los firmantes rechazan las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, «más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación».
«La finalidad de esa imposición no es otra que eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, al margen de las propias leyes de la Generalitat, la independencia de Cataluña», subraya el manifiesto.
«Cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente»
Y advierte de que la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá «un estímulo» para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.
Los firmantes reclaman a los grupos parlamentarios proponentes la «retirada inmediata» de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado, «cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación».
Asimismo, requieren a nuestros representantes en las Cortes Generales la «urgente» tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, «para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles».
EL MANIFIESTO Y EL ESCRITO DE CITIZENS PRO EUROPE A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y GRUPOS POLITICOSDescarga
EXMINISTROS Y PERSONALIDADES DEL MUNDO DE LA JUSTICIA, ENTRE LOS FIRMANTES
Firman este manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, su presidente de honor, Andrés Casinello, teniente general y exdirector del CESED (predecesor del CESID); el presidente de la entidad, Emilio Contreras, exgobernador Civil de Ávila y Santander (UCD), su vicepresidente, Carlos Miranda, embajador de España en OTAN y Reino Unido; y los vocales José María Mohedano, exdiputado y ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la Ley del Código Penal de la democracia de 1995; Carmela García Moreno, exdiputada y exsenadora; Abel Cádiz, expresidente de UCD-Madrid; y Fernando Martin Corroto, abogado y secretario de la asociación.
También figuran entre los firmantes Manuel Aragón, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y catedrático; Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Eligio Hernández, abogado, magistrado jubilado, exfiscalgeneral del Estado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial; Soledad Becerril, exdefensora del Pueblo; José Luis Corcuera, exministro de Interior, exdiputado y exdirigente de UGT; Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad y exdiputado; José Luís Leal, exministro de Economía; y Sebastián Albella, abogado y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
También lo apoyan, entre otros, Manuel Conthe, exsecretario de Estado de Economía y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Marcos Peña, expresidente del Consejo Económico y Social; César Antonio Molina, exministro de Cultura, catedrático y escritor; Ana María Magaldi Paternostro, fiscal jubilada; Francisco Javier Béjar García, abogado; Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal y exabogado general del Estado; Javier Sáenz Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista; Fernando Savater, catedrático de Filosofía y escritor; y Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de Citizens Pro Europe.
Entre las organizaciones que lo secundan están Impulso Ciudadano, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Convivencia Cívica Catalana, la Fundación Cultura Libre, la Asociación por la Tolerancia, Ahora Tú, Regenerar España Ahora, Citizens pro Europe, el Centro Libre Arte y Cultura (CLAC), la Asociación ULIS, la Fundación Transición Española, Segadors del Maresme, Regenerar España Ahora (REA), dCIDE, Centro Izquierda de España, Ampas Paralelas, Aixeca’t, Cataluña Suma, el Sindicato AMES, la Asociación Pompaelo y el Foro de Profesores.
LA ARGUMENTACIÓN DEL RECHAZO A ESTA REFORMA
En primer lugar, el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mencionó en su discurso de investidura, en enero de 2019, la modificación de los delitos de sedición y rebelión, que la reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos, y que la Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.
Asevera que el Gobierno «ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición».
«Se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal»
Y destaca que pese a que Sánchez quiere justificar esta Proposición de Ley «para equiparar supuestamente la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que las penas en los países europeos es inferior a la existente en España», esto «no es cierto, porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España».
Así, indica que la cuestión no está en el nombre del delito, sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras, y apunta que pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia.
El manifiesto denuncia que con esta reforma del Código Penal «se pretende que un intento de ruptura del orden constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas».
También subraya que el orden constitucional «no se protege» con un nuevo delito de desórdenes contra la paz pública. En este sentido, indica que una nueva tipicidad debería referirse necesariamente a otro bien jurídico como la lealtad constitucional, y que en torno a ella deberían crearse tipos penales con las conductas de las imposiciones independentistas de acuerdo con su gravedad, entre las que se encuentran el intento de separar una parte del territorio nacional que sería el delito más grave seguido de otras como la negativa a reconocer al jefe del Estado.
El manifiesto hace hincapié en que lo ocurrido en octubre de 2017 en Cataluña no fueron unos meros desórdenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto, sino que fue «un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial».
Añade que «de todos es sabido que Esquerra Republicana de Cataluña no se iba a contentar con la supresión de la sedición y que el Gobierno no tiene un no para el grupo independentista» y que por esa causa «presentan la enmienda sobre la malversación y así consiguen la exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».
«Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo»
«No nos podemos dejar engañar por lo que el discurso oficial denomina desinflamación del conflicto catalán ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y de los Tribunales en Cataluña y la presión a jueces y tribunales, así como por el boicot sistemático a que el español sea una lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en esa lengua que es oficial», advierte el manifiesto.
Y sostiene que «es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo».
En este sentido, recuerda que «el propio presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar».
El manifiesto también pone el foco en que «pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa».
«Por eso, esta perversión del derecho penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y Bildu para los Presupuestos y quien sabe para qué más, no puede contar con nuestro silencio», concluyen los firmantes y exigen que se dé marcha atrás con esta reforma del Código Penal.
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