El líder de Manos Limpias solicita a la FGE que a través del órgano competente se abra a una investigación a Perals.
Miguel Bernad denuncia al fiscal de su juicio ante la FGE por ‘retener’ parte del informe que originó la investigación
Acusa a José Perals de "imprudencia grave", y de "mala fe" por "ocultar el informe original y completo"
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05/2/2020 13:41
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Actualizado: 05/2/2020 16:58
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El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal encargado de su juicio, José Perals Calleja, a quien acusa de «retener» parte del informe policial que dio origen a la investigación que finalmente le ha sentado en el banquillo en la Audiencia Nacional (AN) junto al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, acusados de extorsión, y cuya denuncia inicial achaca al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el ‘caso Tándem’.
Bernad denuncia al fiscal Perals por «imprudencia grave» en el cumplimiento de sus funciones; «en la guardia y custodia de documentos y ocultación y retención de los mismos» en el procedimiento D.P 132/2015 que se instruyó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN.
En la denuncia, con fecha de ayer, solicita a la Fiscalía General del Estado que a través del órgano competente se abra a una investigación a Perals.
Acusa al fiscal José Perals de «una imprudencia grave, no solo una simple negligencia», y de «mala fe, al ocultar el informe original y completo desde el mes de septiembre de 2019 ahasta el 29 de enero de 2020″.
Bernad añade que «si de las diligencias que se practiquen quedara acreditado este comportamiento estaríamos ante un delito», añade.
Miguel Bernad señala que es «clamoroso» que ese informe que dio lugar a la causa en la que se le ha investigado, «al estar mutilado y retenido durante casi cinco años» le ha «perjudicado» tanto a él como al resto de los investigados.
Según expone, cuando se levantó el secreto de sumario de la causa, más de un año después de que se incoaran diligencias, los imputados se percataron de que el citado documento estaba «incompleto», por lo que solicitaron que se les diera traslado de las páginas que faltaban.
Afirma que las respuestas siempre fueron «negativas».
Miguel Bernad asegura que el fiscal recibió el informe completo en septiembre de 2019, pero que no fue hasta la fase de cuestiones previas del juicio, a finales del pasado, hasta que Perals «se sacó de las puñetas las hojas que faltaban del informe original, con la firma correspondiente» del agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según Bernad, «con ese informe no se podía judicializar el proceso, al carecer de un mínimo sustento y por ello se ocultan las conclusiones hasta que se cerró la instrucción y no había posibilidad de impugnarlo».
«La Fiscalía acepta imprudentemente ese debilísimo informe e incoa diligencias», apunta.
«En defensa de una Justicia garantista», Bernad manifiesta que «en los momentos cruciales por los que esta atravesando el Poder Judicial y en concreto el Ministerio Público, donde se cuestionan sus actuaciones en diversos proceso, aparece claro un caso flagrante de un fiscal de la Audiencia Nacional, en un proceso mediático y donde el escándalo puede mermar aún más la credibilidad de los ciudadanos en las Instituciones».
«Es por ello que este escándaloso hecho no debe quedar impune», apostilla.
Miguel Bernad señala que esta denuncia no es ninguna «estratagema» ante el juicio.
Además de Miguel Bernad y Luis Pineda, desde se sientan en el banquillo de la AN la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas por supuestamente integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
El Ministerio Público pide para Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel; y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses.
Les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso de Pineda Podemos añade estafa y blanqueo de capitales.
Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
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