El Ministerio Público pide 118 años y cinco meses de cárcel para Pineda, y 24 años y 10 meses para Bernad.
La Audiencia Nacional juzgará a partir de mañana a Pineda y Bernad
Las acusaciones las ejercen la Fiscalía, Podemos y Credit Services; además, en dicha causa aparecen como perjudicadas, pero no están personadas, Liberbank, Barclays Bank, CajaSur, Citiban, Unicaja, Caja Rural del Sur, y Volkswagen, entre otras
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28/1/2020 13:01
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Actualizado: 28/1/2020 13:19
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Mañana arranca en la Audiencia Nacional el juicio al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas por supuestamente integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
Serán juzgados por el tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), del que la magistrada Ángela Murillo es presidenta, y Teresa Palacios, ponente.
Está previsto que el juicio tenga 21 sesiones, hasta el mes de abril.
La Fiscalía pide para Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel; y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses.
Según ha señalado a este diario Pineda, espera «que mañana en las cuestiones previas se archive la causa, devolviendo la integridad a la judicatura».
El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso de Pineda Podemos añade estafa y blanqueo de capitales.
Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, la Fiscalía solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
Además de Pineda, Bernard y Negrete se sentarán en el banquillo el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel ; y el adjunto a la presidencia de la asociación, Ángel Garay, para quien el Ministerio Público pide 32 años y cinco meses de prisión.
Asimismo, la Fiscalía reclama que Pineda, Sole y Garay responsan solidariamente con 10 millones de euros.
También serán juzgados los miembros de la Junta Directiva María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión); Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses) y Luis María Suárez (16 años).
Las acusaciones las ejercen la Fiscalía, Podemos y Credit Services.
Además, en dicha causa aparecen como perjudicadas, pero no están personadas, Liberbank, Barclays Bank, CajaSur, Citibank, Bankia, Caja Rural del Sur, y Volkswagen, entre otras.
El BBVA y Caixa Geral se retiraron como acusación.
Recientemente, Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión también ha comunicado a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento al que acudía como perjudicada, si bien se reserva la opción de reclamar por vía civil llegado el caso.
El 2 de febrero de 2015 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional» recibió una denuncia anónima que desencadenó un año después en la ‘operación Nelson’ por la que Pineda y Bernad acabaron detenidos por supuesto chantaje.
La denuncia exponía que Ausbanc no era una asociación de consumidores, sino que buscaba el lucro de sus administradores y que presionaban a diversas entidades financieras para que efectuasen «cuantiosas aportaciones económicas encubiertas».
La Fiscalía abrió la causa el 24 de febrero de 2016, y el 16 de abril de ese año Pineda fue detenido y enviado a prisión provisional.
Quedó en libertad el pasado 16 de abril bajo fianza de 200.000 euros.
Miguel Bernad también fue detenido el 16 de abril de 2016 y quedó en libertad en diciembre de ese año tras depositar 50.000 euros.
Luis Pineda entiende que «habría sido el entramado BBVA-Villarejo quien confeccionó dicha denuncia anónima”.
Pineda se considera una víctima de los encargos que el excomisario José Manuel Villarejo habría realizado para la entidad financiera, que habría encomendado en 2010 a Villarejo que acabase con Ausbanc, según señalan desde el despacho Durán & Durán.
Indican que de este modo, «habría sido Villarejo quien confeccionó la denuncia anónima por encargo del BBVA, explícitamente encargado por Julio Corrochano, también excomisario y jefe de seguridad de la entidad financiera, que fue quien creó la UDEF».
SUPUESTA EXTORSIÓN A LA DEFENSA DE LA INFANTA
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la Infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la “grave situación financiera” que atravesaba; cosa que niega Bernad y el propietario de LPM.
El Ministerio Público indica que ante la falta de contestación fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca Junyent, que llevaba la defensa, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado “hasta los tres”, refiriéndose a tres millones de euros.
Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien “seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda” y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.
Según Luis Pineda, «la instrucción, sin embargo, demuestra que fue Gonzalo Valentino, del Banco Sabadell, bajo las órdenes de Roca quien contactó con Pineda para hablar del caso de la infanta».
La Fiscalía también señala que este tipo de estrategia apuntada anteriormente también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos, como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la presunta extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel; la supuesta presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos; al Banco Santander y a La Caixa.
Añade que en otros casos, los acusados supuestamente iniciaron una campaña negativa “exclusivamente por motivos personales”, como la que habrían puesto en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por la “enemistad” entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc.
Igualmente, el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Ausbanc), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas.
Por otro lado, también indica que entre 2004 y 2014 ‘Ausbanc Consumo’ recibió “subvenciones a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo”, otorgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Aunque en ningún caso excedieron de 120.000 euros por ejercicio, el fiscal apunta que Ausbanc “incumplía los requisitos de número de asociados para obtener las mismas, así como el fin real de la asociación”.
La defensa de Luis Pineda va a rechazar todas y cada una de estas acusaciones «por ser totalmente infundadas y carentes de prueba», según ha señalado a Confilegal Miguel Durán Campos, socio-director del bufete Durán & Durán Abogados.
PINEDA SE QUERELLÓ EN JULIO CONTRA VILLAREJO, EL BBVA, FRANCISCO GONZÁLEZ Y JULIO CORROCHANO
Luis Pineda se querelló el pasado 8 de julio contra el excomisario José Manuel Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, y extorsión, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
Un día después de que el bufete Durán & Durán Abogados interpusiera esta querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el BBVA retiró la acusación contra todos los imputados y también la responsabilidad civil.
Miguel Durán Campos considera que la retirada de la acusación por parte del BBVA en la causa que se sigue contra Ausbanc «es una consecuencia lógica de la querella que presentó contra el banco».
«Es normal que la actual cúpula de la entidad financiera desee tomarle el máximo de distancia a las presuntas grandes irregularidades que habría protagonizado la anterior presidencia y su equipo», señaló entonces a Confilegal.
Para Miguel Ángel Durán Muñoz, socio-director del bufete, el hecho de que el BBVA haya retirado la acusación “pone en evidencia que la causa contra Luis Pineda no tiene en realidad fundamento”.
El pasado diciembre, Europa Press publicó que según se desprende de una factura emitida por la mercantil Cenyt, fechada a 15 de junio de 2015, el BBVA pagó al menos 211.750 euros a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), asociada al excomisario Villarejo para que investigase a Ausbanc, y a su presidente, Luis Pineda.
En la Audiencia Nacional, en la pieza separada número 9 del ‘caso Tándem’, se investiga si el encargo tuvo una remuneración mayor y se disfrazó consignando un concepto diferente en las facturas, ya que el mismo año consta un segundo pago por la misma cuantía que según el libro de cuentas de Cenyt respondería a servicios “de vigilancia y protección de personal de alta dirección de BBVA e instalaciones. Identificación y evaluación de la amenaza yihadista al Grupo BBVA”, así como otros dos por importe de 30.000 euros que se reseñan como segundo y tercer pago de un contrato de 2014, publica la citada agencia.
Pineda informó en su día que “también se investiga el pago de una factura de dos millones que coincide con el expediente de expulsión de Ausbanc del Registro de Consumidores con el objetivo de que perdiese su legitimación profesal en la demanda por la ilegalización de la cláusula suelo”.
En esta pieza se investigan las actividades presuntamente ilícitas del excomisario Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
El magistrado instructor de Tándem, Manuel García Castellón, imputó en julio al BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuesta extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se personó como acusación particular en esta pieza, en su “calidad reconocida por la Fiscalía de denunciante, víctima y perjudicado de los encargos que Villarejo habría realizado para la entidad financiera, que habría encomendado en 2010 al excomisario que acabase con Ausbanc”, según ha señalado.
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