La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy la imputación del BBVA como persona jurídica, por hechos que serían constitutivos de los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, en la pieza en la que se investiga el presunto espionaje que encargó la entidad al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo en 2004, y que se habría prolongado hasta 2017.
Reclama a García-Castellón que sea requerida para designar especialmente a una persona que la represente y comparezca en dicha condición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Anticorrución entiende que el BBVA pudo cometer un presunto delito de cohecho al contratar los trabajos de Villarejo cuando éste aún ejercía labores de funcionario público.
Encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González a Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017 por el ‘caso Tándem’, sospechoso entre otros de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.
En el escrito que ha trasladado al magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, la Fiscalía señala que el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y de la documentación aportada por BBVA «acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal».
Apunta que «dichas contrataciones habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo CENYT con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo (delito de cohecho activo)».
Además, añade que «en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos».
Asimismo, dice que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo CENYT por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios)».
Señala que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista para todos estos delitos, por expresa indicación de los artículo 427 bis, 197 quinquies y 288 del Código Penal.
Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, en el informe presentado, el Ministerio Público analiza pormenorizamente la «concurrencia de los elementos que, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas a que se refieren los apartados a) y b) de su número primero».
La Fiscalía «descarta, por el momento, que la entidad BBVA pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, por lo que ha interesado que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular».
La presentación de este escrito se produce después de la comparecencia como investigados de una decena de cargos y excargos de la entidad, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, a quien el magistrado impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que ya ha abonado.
La mayoría se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa, la pieza número 9 del caso Tándem.
El pasado 14 de marzo, Francisco González anunció su renuncia temporal como presidente de honor de BBVA y de la Fundación, tras verse involucrado en esta presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas para supuestamente evitar el intento de Sacyr de controlar la entidad en 2004, y para ello, el banquero habría empleado los servicios Villarejo.
Renunció hasta que concluyan las investigaciones en curso por este caso, pues quiere evitar que se utilice su persona para dañar la imagen del banco.
El BBVA informó el pasado 10 de enero en un comunicado que en junio de 2018 abrió una investigación interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
La investigación está liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
El actual presidente del banco inauguró el pasado lunes un blog para comunicarse con los empleados, llamado ‘The Pulse’, en el que hizo referencia a esta investigación.
En la publicación, Torres reiteró su «firme compromiso» con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, y explicó que la investigación interna que lleva a cabo la entidad «avanza a buen ritmo», si bien no podía desvelar ningún detalle por estar supeditada a la investigación judicial.
También indicó que la entidad sigue «colaborando activamente» con la causa judicial y pidió «evitar prejuzgar hechos no constatados» mientras el asunto se resuelve.
QUERELLA DE PINEDA CONTRA VILLAREJO Y EL BBVA
El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc), Luis Pineda, se querelló el pasado 8 de julio contra Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
La presentóante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón, el bufete Durán & Durán Abogados, que representa a Pineda.
El bufete manifiesta que «existen indicios racionales de criminalidad que determinan que Francisco González, el que fuera presidente del BBVA, y José Manuel Villarejo han dirigido una organización criminal en la que el primero fijaba los objetivos y el segundo, junto con el resto de integrantes de la asociación para delinquir, a cambio del precio que abonaba el BBVA, han recurrido sistemáticamente a la comisión de numerosos delitos, tales como escuchas clandestinas de conversaciones ajenas, acceso ilícito a bases de datos, tráfico de influencias o la ejecución de actos propios inherentes a los cargos públicos que ocupaban, y todo ello para cumplir los ilícitos encargos en beneficio del BBVA y de su presidente».
Tras la querella de Pineda, al día siguiente, el BBVA retiró la acusación contra Ausbanc en la causa que se sigue contra esta entidad en la Audiencia Nacional como presunta organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
El resto de acusaciones las ejercen la Fiscalía, Podemos y Credit Services.
Además, en dicha causa aparecen como perjudicadas, entre otras, las siguientes entidades financieras: Liberbank, Barclays Bank, CajaSur, Citibank y Bankia.
Durán & Durán Abogados considera que «la retirada del BBVA de su acusación contra Ausbanc es una consecuencia lógica de la querella que presentó Pineda contra el banco».
Miguel Durán Campos, socio-director de este bufete, ha señalado a Confilegal que «es normal que la actual cúpula de la entidad financiera desee tomarle el máximo de distancia a las presuntas grandes irregularidades que habría protagonizado la anterior presidencia y su equipo».
También indica que «esta retirada de la acusación por parte del BBVA supone un grado de descafeinamiento de la acusación que prácticamente vacía de contenido el futuro juicio».
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