Covite y Acvot denuncian que el Parlamento de Cataluña ‘blanqueará’ esta tarde el terrorismo de ETA
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, y José Vargas, presidente de Acvot, destacan que es "inaceptable" el uso de instituciones públicas como el Parlamento de Cataluña para "difundir un relato falso del terrorismo de ETA y sus consecuencias".

Covite y Acvot denuncian que el Parlamento de Cataluña ‘blanqueará’ esta tarde el terrorismo de ETA

Con la aprobación de una declaración institucional “por la paz en el País Vasco”, que "pide, entre otras cosas, el fin de la dispersión, y la equiparación de los diferentes sufrimientos"
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10/2/2020 16:44
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Actualizado: 10/2/2020 16:48
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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) han denunciado que esta tarde en el Parlamento de Cataluña se aprobará una declaración institucional “por la paz en el País Vasco”, «respaldada por el PSC, En Común-Podem, Junts per Catalunya, ERC y la CUP», que «pide, entre otras cosas, el fin de la dispersión, y la equiparación de los diferentes sufrimientos».

Según indican, se trata de una iniciativa de Foro Social, y está previsto que se haga pública a las 6 de la tarde, tal y como recoge la web de la Cámara catalana.

El Parlamento catalán ha invitado a Acvot al acto.

«Para asistir a la indignidad y humillación que una vez más se va a perpetrar en el Parlamento de Cataluña contra las víctimas del terrorismo», apunta José Vargas, presidente de Acvot, que, «por supuesto» no acudirá.

Informa que PP y Ciudadanos han anunciado que «no asistarán a la firma de esta declaración por estar en contra de la misma».

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, y José Vargas, presidente de Acvot han lanzado un comunicado conjunto en el que señalan que «es inaceptable el uso de instituciones públicas como el Parlamento de Cataluña para difundir un relato falso del terrorismo de ETA y sus consecuencias».

Indican que “en el País Vasco no hace falta un proceso de paz porque nunca ha habido una guerra, sino una persecución totalitaria por parte de los etarras y sus cómplices» a quienes no compartían su proyecto «político nacionalista excluyente”.

Covite y Acvot acusan a los firmantes de esta declaración institucional de “asumir la estrategia de la izquierda abertzale y sus organizaciones satélite para diluir las responsabilidades tanto de ETA como del entorno radical que la ha sostenido y justificado durante décadas”.

Hacen hincapié en que “en el País Vasco no hay ni ha habido nunca falta de paz, sino falta de libertad», y que «afirmar que hay falta de paz es asumir la teoría del conflicto».

«Es dar por supuesto que ETA tuvo razones para existir y asesinar, herir, secuestrar y perseguir a miles de personas porque había un conflicto que la antecedía”, explican.

Estas dos asociaciones de víctimas del terrorismo desmontan en su comunicado «las mentiras del lenguaje utilizado» en dicha declaración impulsada por el Foro social.

La declaración habla de «defender los derechos humanos como eje central y única referencia para la convivencia en el País Vasco, así como la construcción de una cultura de paz que siente las bases de no repetición».

Vargas y Ordóñez señalan que «el principal mal que ha lastrado la convivencia en el País Vasco no es la violación de los derechos humanos de forma genérica, sino la violencia terrorista de ETA y, en consecuencia, la falta de libertad que padeció y todavía padece una parte de la sociedad vasca».

Apuntan que «aquellos que han tenido responsabilidades en la mayor vulneración de derechos humanos que ha habido en nuestra historia más reciente en situación de paz deben aclarar si el fin justificó los medios, es decir, si utilizar la violencia sistemática y selectivamente para imponer su proyecto político estuvo bien o no».

Asimismo, manifiestan que «poner el acento en los derechos humanos en general contribuye a diluir la entidad la principal cuestión que marcó a Euskadi, la violencia terrorista, y en cambio facilita la equiparación con otro tipo de violencias –todas ilegítimas, pero no comparables por su distinta naturaleza y causalidad–», y a su vez, «permite obviar esa falta de libertad en la que se movió la parte de la sociedad vasca que no compartía el proyecto político de ETA y la responsabilidad que en ello cabe a la izquierda abertzale».

El segundo punto de la declaración versa sobre «defender los principios de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas del terrorismo de ETA, así como el resto de expresiones de violencia que han tenido lugar a lo largo de los 50 años de conflicto».

Al respecto, Covite y Acvot hacen hincapié en que «igualar a las víctimas y a los verdugos utilizando la excusa del sufrimiento es la estrategia que siguen la izquierda abertzale y los nacionalistas vascos para diluir las responsabilidades tanto de ETA como del entorno radical que la ha sostenido y justificado durante décadas».

Señalan que «se apela a los sufrimientos, a las vulneraciones de derechos humanos y a la empatía para esquivar la cuestión fundamental: la condena tajante del terrorismo» y que «no se puede construir una sociedad digna sin reconocer y condenar las razones del mal».

Añaden que «la estrategia del Foro Social y de la izquierda abertzale en su conjunto no repara el fondo de la cuestión.

En el tercer punto de la declaración se llama a «promover la aplicación de una política penitenciaria de acercamiento a cárceles próximas a los lugares de origen de los presos y de residencia de sus familiares y allegados, del trato humanitario a las personas presas que sufren enfermedades tal y como prevé la legislación europea y los estándares de derechos humanos».

Ordóñez y Vargas manifiestan que «la verdadera responsable de que siga habiendo una política de dispersión de los presos de ETA es la izquierda abertzale, y no el Estado de derecho».

Indican que «solo tiene que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos de ETA para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción y ser acercados a cárceles vascas».

Señalan que «la izquierda abertzale siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión, pero prefiere seguir sacando rédito político culpando al Estado y a las víctimas de que haya una política penitenciaria de dispersión en vez de permitir a los presos de ETA que puedan desvincularse de la banda terrorista y así ser acercados a cárceles vascas», expresan, y recuerdan que hay algunos presos de ETA que han dado este paso y están cumpliendo su pena en el País Vasco».

En el cuarto y último punto de la declaración se habla de «exhortar a las personas presas a que reconozcan el daño causado», y que se «den pasos decididos en este camino con el fin de avanzar hacia la reconciliación y profundizar en el reconocimiento mutuo entre las distintas víctimas del conflicto».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas subrayan que «no es lo mismo renegar de ETA que reconocer el daño causado», indican que «ETA siempre ha reconocido el daño causado», que «lo hacía cada vez que cometía un atentado y asumía su autoría».

Destacan que «el reconocimiento del daño causado es otra trampa del lenguaje de la izquierda abertzale para eludir condenar a ETA y asumir sus responsabilidades en la trayectoria criminal de la banda terrorista».

«Lo que tienen que reconocer los presos de ETA y sus defensores es que ETA nunca debió existir, que ningún asesinato es justificable», añaden.

Por otra parte, señalan que «las víctimas de ETA no tienen que reconciliarse con nadie porque jamás se tomaron la justicia por su mano».

«Han sido ejemplo de convivencia desde el momento en que no respondieron a la violencia con violencia», apostillan.

Por último, Covite y Acvot expresan que es «inadmisible que los epígonos de ETA se empeñen en desalojar a las víctimas del espacio público o en presentarlas como un estorbo para la supuesta pacificación de la sociedad vasca».

“El verdadero estorbo para la libertad de la sociedad vasca es ETA y quienes fueron complacientes con ella, quienes provocaron las víctimas y no están dispuestos a reconocer el carácter totalitario de sus acciones”, sentencian Consuelo Ordóñez y José Vargas.

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