El Tribunal Supremo ha impuesto a VOX una fianza de 12.000 euros para poder ejercitar la acusación popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Justicia y próxima fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contra los que el partido de Santiago Abascal se ha querellado por un delito de tráfico de influencias.
Debe depositarla en metálico en el plazo de ocho días desde que le sea notificado el auto de la Sala de la Penal del Supremo, que ha fijado esta fianza con carácter previo a adoptar una decisión sobre la querella.
Las fianzas son habituales en el caso de querellas interpuestas por partidos políticos y sindicatos y desde hace varios años se fijan en 12.000 euros.
El auto, fechado a 3 de febrero y conocido hoy, lo firman los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente), Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Vicente Magro Servet y Susana Polo García. Marchena ha sido el ponente.
VOX se querelló el pasado 13 de enero enero contra Sánchez y Delgado por presuntamente haber presionado a la Abogacía en relación a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el ‘procés’, caso en el que el partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular.
También presentó otra querella contra los abogados del Estado que firmaron el informe, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey, por delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad.
La querella contra Sánchez y Delgado la interpuso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y la amplió el pasado 13 de enero tras conocerse que el Gobierno propone a la exministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado. La otra la presentó ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Según informó VOX, en la querella ante el Supremo expone “los hechos acaecidos para lograr el apoyo suficiente para que Sánchez formara Gobierno, para lo que resultaba imprescindible la abstención del partido separatista ERC, del que es líder el condenado Oriol Junqueras”.
VOX denuncia en el escrito que “tanto Sánchez como Delgado actuaron deliberadamente omitiendo las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés, como superiores jerárquicos de los mismos”.
Dice que el objetivo de esta actuación fue “cumplir las expectativas y mandatos políticos trasladados por el Gobierno de España, por conducto de Delgado, en la expectativa de una recompensa futura, o por temor a un hipotético cese”.
VOX afirma que “entre el 20 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, periodo en el que se negociaba la formación del nuevo Gobierno, por parte de los miembros del Ejecutivo en funciones y de la entonces ministra de Justicia se dieron instrucciones políticas a la Abogacía General del Estado, para que el escrito de alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno”.
Apunta “en la querella que estas directrices se han cumplido, tal y como han denunciado los propios abogados del Estado”.
VOX también argumenta que “ERC tuvo conocimiento del escrito realizado por la Abogacía del Estado antes de que se hiciera público” y que por ello, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo; “peticiones que aún no han sido respondidas”.
El partido de Santiago Abascal sostiene en la querella que el pasado 30 de diciembre, los abogados del Estado Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey remitieron al Tribunal Supremo el escrito de alegaciones, y que éste “contenía las indicaciones políticas dadas por la entonces ministra de Justicia, que satisfacían las exigencias de ERC”.
Explica que debido a estas circunstancias, también presentaba otra querella contra “los tres abogados del Estado que remitieron las alegaciones al Supremo dictadas por Delgado”, por supuestos delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
VOX también ha denunciado que “la Abogacía del Estado continúe intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por rebelión que se encuentran en este momento fugados de la Justicia y fuera del territorio español”.
“Esta actitud contraviene los intereses de España, chocan, de hecho, con las posteriores resoluciones dictadas por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, donde se pone de manifiesto la inconsistencia de la posición mantenida por la Abogacía del Estado, al no responder a criterios técnico-jurídicos, sino a instrucciones políticas recibidas”, expresa.
