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La competencia de dos juzgados complica el resultado de las últimas elecciones de la Gremial del Taxi

La Gremial es una de las grandes asociaciones del taxi de la capital de España. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal.
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El 6 de octubre pasado la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, una de las grandes asociaciones del taxi de la capital de España, celebró sus elecciones a la Junta Directiva de la Asociación.

Fueron cuatro candidaturas pero realmente hubo solo dos contendientes con posibilidades.

Por un lado, la de Alberto de la Fuente Miñambres y por otra la de Ángel Julio Mejía Noguerales, vicepresidente en la Junta Directiva saliente.

Ganó Mejía Noguerales por dos votos. Obtuvo 272.

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De la Fuente Miñambres, por su, parte, consiguió 270 votos.

El sistema de elección que utiliza la Gremial, que cuenta con 3.400 socios al corriente de pago, se asemeja al del Senado.

Las candidaturas son individuales, a efectos de votación y escrutinio, de tal forma que los socios podían votar a aspirantes de diferentes listas.

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Las múltiples irregularidades y las incidencias que se produjeron en 4 de las 5 mesas de votación fueron tan evidentes – por ejemplo, no coincidieron el número de votantes con el número de votos– que la Junta Directiva saliente, presidida por Miguel Ángel Leal, impugnó los resultados y convocó una Asamblea Extraordinaria un mes después, el 5 de noviembre, para decidir lo que hacer. 

En dicha Asamblea, en la que participaron De la Fuente Miñambres y Mejía Noguerales, se propuso a los asociados la repetición de las elecciones el 24 de noviembre. 

Y la Asamblea Extraordinaria se pronunció democráticamente: 290 votaron a favor y 32, en contra.

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La cosa estaba clara.

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LOS DOS CANDIDATOS VOLVIERON A PRESENTARSE

Los dos principales candidatos, De la Fuente Miñambres y Mejía Noguerales, se volvieron a enfrentar en unas nuevas elecciones ese 24 de noviembre.

Pero esta vez venció el primero, por 346 votos, frente al segundo, que obtuvo 313 votos.

Fueron 33 votos de diferencia.

Candidaturas y resultados de ambas elecciones.

Y lo mismo sucedió con el resto de candidatos de la lista de De la Fuente Miñambres.

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El 27 de noviembre se produjo la reunión preceptiva de la Junta Directiva saliente con la entrante, liderada por De la Fuente Miñambres.

Este debería haber sido el final del conflicto.

Uno ganaba y otro perdía. Es la regla del juego. 

Los dos habían participado en la Asamblea Extraordinaria que fijó las nuevas elecciones. Con esa participación implícitamente se supone que asumían el resultado democrático de lo que saliera. 

Pero no fue así.

Porque lo sucedido se judicializó.

LA “COSA JUDICIAL” COMPLICA LAS COSAS 

En prevención de lo que pudiera ocurrir, los servicios jurídicos de la Gremial, a instancias de la Junta Directiva saliente, presentaron el 9 de octubre, a las 0.12 horas, una demanda ante el Juzgado Decano de Arganda, por ser el domicilio de uno de los codemandados, solicitando que se mantuviera la legitimidad de esa Junta Directiva con el fin de celebrar la Asamblea Extraordinaria. 

Recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, que se inhibió a Madrid, donde fue a parar al Juzgado de Primera Instancia 52.

Mejía Noguerales, por su parte, interpuso la suya ante el Juzgado de Primera Instancia 82 de Madrid al día siguiente, el 10 de octubre, argumentando lo contrario.

Pidiendo que se dieran por buenos los resultados de las elecciones del 6 de octubre que él consideraba que había ganado. 

Dicha demanda fue archivada por haber sido dirigida contra la Junta Directiva, que no tenía legitimidad jurídica, y no contra la Asociación.

La Asamblea Extraordinaria finalmente se celebró el 5 de noviembre con los resultados relatados: la convocatoria de nuevas elecciones el 24 de noviembre.   

A la vista del revés sufrido en la misma, los representantes legales de Mejía Noguerales, presentaron una ampliación de medida cautelar que, como se había archivado en el 82, cayó en el Juzgado de Primera Instancia 37.

Pidieron la anulación de la Asamblea y la validez de las elecciones del 6 de octubre.

Y aquí es donde se complican las cosas.

Porque el 9 diciembre, la magistrada del 37 suspendió provisionalmente la Asamblea Extraordinaria y los resultados de las elecciones del 24 de noviembre. 

Pero para enredar más el asunto, el auto de medidas cautelares que dictó el 9 de diciembre no dice que las elecciones del 6 de octubre sean válidas ni quien debe ocupar la Junta Directiva entretanto, Junta Directiva que ocupa De la Fuente Miñambres. 

¿Y qué pasa con la primera demanda interpuesta en, Arganda, y que recayó después en el Juzgado de Primera Instancia 52 de Madrid?

¿No tendría que tener preferencia sobre la del 37?

Por lógica, al ser anterior al de la del 37 tendría que producirse una acumulación de procedimientos en el 52 de Primera Instancia, por ser donde se presentó primero.

En el mismo que tendría que aclararse si es válida esa demanda, por haber sido interpuesta pasados los 40 días preceptivos de  plazo que establece el artículo 42 de los Estatutos de la Gremial para poder presentar una impugnación del proceso.

El pasado 20 de enero, los servicios jurídicos de la Junta Directiva presentaron una segunda ampliación de la demanda principal ante el Juzgado de Primera Instancia 52, junto a una ampliación de las medidas cautelares y una petición de otras cautelares con carácter urgente.

DENUNCIA PENAL 

Por otra parte, para complicarlo más, el conflicto también se ha extendido a la jurisdicción penal, con la interposición de una denuncia contra la candidatura de Mejía por haberse arrogado competencias y poderes que, al parecer, no le corresponden.

La intención de la Junta Directiva es convocar una nueva Asamblea el próximo 25 de febrero para que los socios de la Gremial ratifiquen los resultados democráticos de las elecciones del 24 de noviembre o por el contrario para que decidan si se vuelven a convocar nuevas elecciones. 

¿Les será permitido? 

La Gremial tiene 52 empleados que están sufriendo las consecuencias de esta situación.

El Comité de Empresa denunció que Mejía Noguerales había puesto impedimentos para que se cobrara las nóminas del mes de enero para presionar a los empleados con el objetivo que se levantaran contra la Junta Directiva de De la Fuente Miñámbres, que ejerce como tal.

Visto lo visto, la solución de este entuerto está en manos de la Justicia. Y no parece que lo tenga claro.

Todo lo contrario.