Institutos Odontológicos Asociados, S.L. tiene un valor de mercado aproximado de 130 millones de euros.
De la Mata obligado a escuchar a los socios de una empresa española cuya venta autorizó a una sociedad radicada en un paraíso fiscal
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15/2/2020 06:30
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Actualizado: 05/3/2020 01:10
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Así lo ha determinado el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, compuesto por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García Pérez y Julio de Diego López.
En un auto de fecha 6 de febrero, los tres magistrados revocan la venta de la empresa española Institutos Odontológicos Asociados, S.L. (IOA), la segunda red de clínicas dentales de los dueños de iDental, a la sociedad Apollonia Topco, S.L., autorizada por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el 26 de diciembre de 2019.
Y establecen que escuche a los accionistas de la empresa como paso obligatorio para mantener, o revocar, la venta.
Apollonia Topco, S.L., fue creada apenas dos meses antes de la adquisición de IOA, el 5 de noviembre de 2019, y está participada al ciento por ciento por Apollonia Investment, mercantil radicada en el paraíso fiscal del Luxemburgo. Esta a su vez, es propiedad de una serie de sociedades radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán e Isla de Jersey.
Detrás de todo ello está el fondo estadounidense Ares Management, principal acreedor de IOA.
Institutos Odontológicos Asociados es una empresa española con más de 30 años de vida.
Tiene 33 clínicas abiertas y operativas y da trabajo a más de 300 empleados. Su valor de mercado ronda los 130 millones de euros.
Fue intervenida judicialmente en octubre de 2018.
No tenía problemas económicos acuciantes cuando Luis Sans, administrador y propietario del 95 % de la sociedad, resultó detenido junto con otras personas en el marco del llamado caso iDental, al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial bautizó como «operación Apollonia»; el mismo nombre que la empresa autorizada para la compra de la compañía.
De La Mata justificó la intervención ante el riesgo de que los administradores llevaran a cabo el mismo «modus operandi» que con iDental, declarando el concurso de acreedores tras –supuestamente– haberse apropiado de sus activos.
Y designó a Deloitte Financial Advisory, S.L.U., administrador judicial de IOA.
De acuerdo con el equipo jurídico de Sans, tras 15 meses transcurridos desde la intervención, se ha demostrado que Deloitte, la “administración judicial designada directamente y sin sorteo el 20 de octubre de 2018” por el magistrado, «ha sido lesiva para los intereses de la empresa, de sus socios, clientes y terceros».
Los abogados entienden que, de materializarse la venta, «se vería envilecida y frustrada la función esencial de la medida cautelar que implica la intervención y la administración judicial decretada: asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una futura sentencia definitiva y firme contra su propietario, Luis Sans».
De la Mata dio luz verde a la venta de la compañía, con el visto bueno del fiscal Pedro Martínez Torrijos, y contra los numerosos escritos y recursos presentados por la defensa de Sans.
UNA VISTA DECISIVA
El auto del tribunal de apelación de la Audiencia Nacional devuelve el reloj al momento de la venta, indicando al magistrado que debe escuchar y valorar la opinión de los socios de la compañía intervenida.
Será el próximo lunes 17 de febrero a las 9.30 a.m. y tiene todas las marcas de que será decisiva.
Ese día, el magistrado De la Mata deberá decidir si desarmar la venta o, por el contrario, ratificarla.
«Resulta difícil de justificar como ningún filtro o resorte, que debe garantizar la neutralidad y lealtad de los administradores judiciales para con el Juez De La Mata hayan hecho saltar las alarmas ante una situación tan cuestionable, vulneradora de los derechos constitucionales de los socios y especialmente fustradora de un posible responsabilidad civil frente a los afectados», afirman las mismas fuentes de la defensa del empresario.
Deloitte había sido auditora de IOA con anterioridad a su intervención en octubre de 2018.
Según estas mismas fuentes legales, Deloitte dispuso de información privilegiada y confidencial de la compañía, consiguió ser designada directamente el 20 de octubre de 2018 por el magistrado como administradora judicial a razón de la sorprendente cifra de 250.000 euros mensuales.
Además, como administrador judicial propuso como adquirente a uno de sus más importantes clientes, el fondo de inversión estadounidense Ares Management que articula una cadena de sociedades participadas por ella misma y radicadas en Islas Caimán, Isla de Jersey y Luxemburgo.
Todo ello a un precio inferior al que podría valer en el mercado, como consecuencia, argumenta la defensa de Luis Sans, de la deficiente administración judicial.
«Para la defensa, su investigación demuestra, no solo la trama urdida para ocultar a los verdaderos compradores, sino la instrumentalización y deslealtad hacia el propio juez instructor quien, por falta de control como juez de garantías o exceso de confianza sobre su administrador concursal, ha visto vulnerando su decisión de autorización de venta (Auto de 1/07/2019 en el que imponía la tutela del principio de transparencia del procedimiento de adquisición para conocer el comprador real a efectos fiscales)», afirman.
Para la defensa la administración judicial desarrollada por Deloitte ha empeorado sistemáticamente todas las cifras de IOA provocando que se tenga que vender más barata.
Durante el tiempo en el que han estado al frente de IOA han aumentado un 80 % las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, se han reducido las ventas un 35 % y las deudas financieras se han incrementado en 10 millones de euros.
¿UNA COMPRA A PRECIO DE GANGA?
Además, IOA ha duplicado en seis meses la cantidad de tratamientos pendientes y como colofón se deben gastar durante 15 meses casi 4 millones de euros para hacer frente a los honorarios profesionales de la propia Deloitte.
Se da la circunstancia de que el fondo estadounidense Ares Management tiene numerosos intereses económicos y empresariales en el sector bucodental, lo que hace sospechar a la defensa de Sans que esa sea la causa por la que Deloitte pretende reducir el precio de venta a su cliente Ares hasta los 12,5 millones de euros, frente a los más de 130 millones que puede llegar a ser valorada IOA en el mercado.
En sus primeras declaraciones como investigado en octubre de 2018, Sans advirtió al magistrado que el fondo estadounidense Ares Management estaba detrás de arrebatarle la empresa.
«Algo que como se comprueba 15 meses después, realmente ha ocurrido gracias a la trama urdida», añaden.
«Los hechos denunciados son tan graves que estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas, con posible relevancia penal. Si es necesario acudiremos en amparo ante el Tribunal Constitucional y, si es preciso, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos», concluyen.
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