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Campo asegura que para final de 2020 llevará al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de la nueva LECRIM

El ministro de Justicia visto desde el lado de la prensa, en su comparecencia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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Uno de los cuatro Consejos de Ministros del próximo mes de diciembre recibirá, para su aprobación, el Anteproyecto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que sustituirá a la vigente -promulgada en 1882-, según aseguró hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El futuro código procesal penal contará -ese es el objetivo de Campo- con el máximo consenso.

“Tendrá todos los aportes normativos, institucionales viculantes y no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, universidades, ramas afectadas, asociaciones… Y tendrá que ser una ley de lento desarrollo. Tendremos que cambiar muchas estructuras para llegar a ese modelo. No hay problema. Estoy pensando en modelos como el alemán que se llevaron años, pero al final lo tendremos”, afirmó Campo.

Esa es la idea de la LECRIM: Coger los mejores textos, que hay dos, donde enormes profesionales, y con un reconocimiento por parte de toda la doctrina, han dicho que ese era el camino. Establecer un texto global respetando todas las manifestaciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y los tribunales europeos, incorporando todas las directivas. Incorporando la segunda instancia penal, que ya está implantada“, añadió.

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Campo parte con una ventaja “competitiva” que le va a permitir quemar etapas a toda velocidad: La existencia de un texto trabajado, que es la fusión del Anteproyecto de LECRIM, elaborado en 2011 por el Ministerio de Justicia que capitaneó Francisco Caamaño, en el que Campo fue secretario de Estado, y del proyecto de código procesal penal que elaboró el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, del PP, en terminado en 2013.

Rafael Catalá, antecesor de Campo en el cargo, encargó a cuatro juristas de alto nivel –Víctor Moreno Catena, Manuel Marchena, Nicolás González Cuéllar y Pedro Crespo– esa labor.

Tras la salida de Catalá, en junio de 2018, la cosa quedó paralizada.

Campo cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas para sacarla adelante.

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PLAN JUSTICIA 2030

Durante su intervención el ministro presentó lo que denominó el Plan Justicia 2030, que tiene un horizonte temporal de 10 años, para definir una hoja de ruta coherente para la transformación de la Justicia.

“En un plazo máximo de tres meses haremos la presentación pública del Plan Justicia 2030, que será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación y epsero que también sea refrendado por todos los actores implicados, desde los partidos políticos hasta los operados jurídicos. Y, cuando se cumplan seis meses del inicio de mi responsabilidad como Ministro, haremos la primera rendición de cuentas”, afirmó. Para ello pidió a todas las fuerzas políticas “diálogo y consenso”.

INCREMENTO DE JUECES Y FISCALES

El ministro reconoció que el sistema judicial necesita más recursos, más inversión y más profesionales. “Pero hay que asignar los nuevos recursos de forma más eficiente”.

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“Por ese motivo, vamos a proponer un incremento de plazas de jueces y fiscales, para los próximos Presupuestos. Ello refleja no sólo el esfuerzo de este Gobierno, sino la seriedad del compromiso que hoy traigo al Congreso”, dijo. 

Con esta medida, espera lograr varios objetivos: Estabilizar numéricamente la Oferta de Empleo Público para jueces y fiscales y terminar con la escasa oferta de los últimos años. Reducir la interinidad; atender a la programación de desarrollo de la planta judicial, consensuada con el CGPJ, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera; y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo. Nuevos profesionales para este plan cuyo nombre espero pronto nos sea familiar de Justicia 2030.

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De la misma forma, ha establecido su operativo en tres ejes concretos.

“Primer eje: Acceso a la justicia. Consolidación de garantías y derechos. Segundo eje: promoer la eficiencia operativa del serviciio público de la Justicia. Y tercer eje: La transformación digital, incrementando la cohesión y la coordinación territorial”, explicó.

 

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