La exministra de Justicia Dolores Delgado ha defendido este jueves dicha condición durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, que tiene que valorar su idoneidad como fiscal general del Estado, frente a las duras críticas que ha suscitado su elección por el Gobierno de Pedro Sánchez.
«No es una debilidad sino una fortaleza», ha manifestado, para insistir en que el actual sistema «preserva la autonomía y la imparcialidad» del Ministerio Fiscal.
Delgado ha empleado su discurso inicial en la Cámara baja a defender con firmeza su ‘currículum’ de 30 años como fiscal de carrera, donde se especializó en la lucha contra el narcotráfico y llegó a ser la coordinadora de Terrorismo en la Audiencia Nacional.
Se ha descrito como «funcionaria de carrera» y ha destacado la especial importancia de la figura del fiscal en la protección de las víctimas.
También ha defendido el sistema de elección de fiscal general del Estado que consagra tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal, en el que participan los tres poderes del Estado.
En este punto Delgado ha comparado la legislación española con la de otros países europeos o la de EE.UU. en los que su homólogo en el cargo en directamente nombrado por el jefe del Ejecutivo o forma parte del mismo.
LA «INJUSTA SOSPECHA CONTINUA»
Además, ha lamentado que se reduzca la labor de la Fiscalía a una «injusta sospecha continua» por el hecho de que el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno y se ha referido al principio de jerarquía como una «herramienta de la unidad de actuación de los fiscales».
No obstante, y lejos de pensar en la Fiscalía como un «colectivo robótico» ha manifestado que este colectivo no realiza su labor «a la orden de un mando único», sino que son «capaces de asumir las mas complejas responsabilidades» tanto ante la sociedad como ante la propia jerarquía interna de la institución, a través de los mecanismos de discrepancia con las órdenes de los superiores.
Así, ha concluido que es una «servidora pública con alma de fiscal» y que la avala su «trabajo en la institución desde la trinchera hasta los despachos». Y ha añadido que su labor como fiscal general del Estado estará inspirado en la defensa de aquellas personas que se encuentra en las «situaciones de mayor vulnerabilidad», como extranjeros, víctimas de violencia de género, discapacidad, colectivo LGTBI, discapacitados y menores, «sea cual sea su origen».
Corresponde a los «poderes públicos promover las condiciones y la libertad del individuo y en los grupos en los que se integra». «La Fiscalía debe ser permeable a las necesidades de la sociedad a la que sirve», ha dicho, por ello ha defendido impulsar una Fiscalía que sea «moderna», adaptada al siglo XXI y «comprometida» con las preocupaciones de la sociedad.
A lo largo de más de una hora de intervención, Delgado ha explicado su proyecto al frente de la Fiscalía General del Estado y ha avanzado su apuesta por promover la motivación de los fiscales; romper el «desequilibrio» en el acceso de mujeres a puestos de la carrera fiscal; dotar de «instrumentos adecuados» los puestos de trabajo; así como dar una proyección internacional, interesando la participación de la Fiscalía en instituciones internacionales, con interés especial en el Consejo Europeo; la digitalización del Ministerio Público.
También, ha indicado que quiere eliminar las «actuaciones burocráticas» e introducir variaciones en el sistema de acceso a la carrera fiscal. Sobre este punto ha abogado por implantar un sistema «menos memorísticos» y una bolsa pública de becas y preparadores para que todo el mundo, independientemente del nivel socioeconómico y de donde residan puedan prepararse las oposiciones.
REFORMA DE LA LECRIM: «UN PARCHEADO TEXTO»
Asimismo, entre las prioridades de Delgado se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pues, según ha dicho, es un «parcheado texto». En ella, entraría la cesión de la instrucción de las causas penales a los fiscales, pues «el modelo de juez instructor está obsoleto» y la derogación de su artículo 324, que pone fecha tope a estas investigaciones.
Delgado ha reconocido que esta reclamación «carece de toda originalidad» pues los anteriores fiscales generales del Estado ya la han perseguido, pero entiende que es necesario insistir en ella, sobre todo en el caso de la derogación de dicho artículo porque es «pernicioso precepto» que sólo favorece la «impunidad».
Por otro lado, también ha asegurado que se dedicarán «más recursos y esfuerzos» contra el discurso de odio, por lo que ha señalado que ello conllevará «la mayor especialización en estas nuevas formas de atentar».
DEFENSA DE LAS ASOCIACIONES DE FISCALES
Por último, Delgado, ha recordado que fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asociación por la que llegó a ser vocal del Consejo Fiscal, y que abandonó cuando fue nombrada ministra de Justicia. Se ha definido como una «firme defensora» de estos movimientos porque ejercen un «papel esencial».
Las «distintas sensibilidades» de los fiscales «encuentran el canal adecuado en el que expresarse», ha explicado, al mismo tiempo que ha subrayado su importancia porque «las ideas son un motor y termómetro del sentir de los fiscales».
