La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant comparece mañana ante la magistrada María Antonia de Torres Díez-Madroñero, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, por un supuesto delito de desobediencia, al negarse a contestar durante el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo a las preguntas de la acusación popular, ejercida por VOX.
La juez investiga tanto a Reguant como al exdiputado de la CUP Antonio Baños –cuya declaración se ha aplazado hasta el 18 de marzo por motivos laborales y se hará por videoconferencia-, después de que el Tribunal Supremo dedujera testimonio por no cumplir la obligación que tienen los testigos de contestar a todas las partes.
El Supremo les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno, que fueron sufragadas con aportaciones de independentistas a la denominada «caja de solidaridad», e instó a que un juzgado ordinario les investigara por desobediencia.
Los multó porque los testigos tienen la obligación de contestar a las preguntas de todas las partes personadas en un procedimiento judicial.
Esta obligatoriedad está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y puede ser penada con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.
LOS HECHOS
Antonio Baños comunicó al tribunal que no quería contestar a VOX “por dignidad democrática y antifascista”.
El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, le aclaró que “ese derecho” a no responder “sólo lo tienen los acusados”, y le informó de que él es “un tercero que tiene información útil para alguna de las partes” y “no tiene derecho” a negar esa información a la sala.
Baños manifestó que asumía ese riesgo y se mantuvo en su posición de no contestar a VOX.
Tras consultar con su compañero de tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, Marchena dio al testigo una fórmula alternativa: que Ortega Smith expusiera su pregunta y después el propio presidente la replicara, y el abogado de Vox estuvo de acuerdo.
Durante unos segundos se produjo en aquella octava sesión del juiciouna situación inédita en los tribunales, al tener que repetir Marchena la primera pregunta fue formulada a su vez en voz alta por el abogado de VOX, y que versó sobre en qué periodo fue diputado de la CUP en el Parlamento catalán.
Al darse cuenta de que VOX iba a formular sus preguntas en voz alta y Marchena las iba a repetir, Baños insistió en que no quería responder a este abogado, por lo que el magistrado cortó el interrogatorio unos instantes para decidir con sus compañeros sobre qué hacer.
Un par de minutos después se retomó la vista y Marchena le anunció que el tribunal iba a proceder a dejar constancia en el acta de la sesión de su decisión de negarse a contestar.
Pidió a Baños que saliera de la sala y solicitó a la agente judicial que llamara a la siguiente testigo, Eulalia Reguant.
Tras informar de sus datos al tribunal, ésta pidió poder declarar en catalán y también comunicó su intención de negarse a contestar a VOX. Además, definió a este partido “de extrema derecha, machista y xenófobo”.
Marchena hizo a Reguant la misma advertencia que a Baños de que negarse a responder podía incurrir en responsabilidades penales.
La testigo confirmó que se mantenía en su decisión, por lo que el magistrado le pidió igualmente que saliera de la Sala.
‘OBJECIÓN DE CONCIENCIA’
El pasado 14 de febrero ambos investigados anunciaron que alegarán ante la magistrada objeción de conciencia por la existencia de una «vinculación de la judicatura con el franquismo» y con VOX, quien propuso sus testificales.
