David Marjaliza quedó en libertad provisional en diciembre de 2015, tras pasar 14 meses en prisión, al pagar una fianza de 100.000 euros. Foto: EP
Marjaliza será interrogado el 12 de marzo tras ser denunciado por Granados por aprovecharse del chivatazo de la Púnica
Está citado ante el magistrado Tomás Martín Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid
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24/2/2020 13:11
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Actualizado: 24/2/2020 16:56
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El constructor David Marjaliza será interrogado el próximo 12 de marzo en calidad de investigado tras la denuncia que presentó contra él el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados por un delito de aprovechamiento del secreto en relación al ‘chivatazo’ del caso Púnica.
Está citado a las 10.45 ante el magistrado Tomás Martín Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.
La denuncia fue presentada por Granados y por el guardia civil José Luis Caro Vinagre, ambos condenados en firme por el ‘chivatazo’.
También la dirigieron contra la que fue secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez Fernández; y un presunto testaferro del empresario, Eduardo de la Peña.
Los acusan de haber aprovechado la información policial que el propio Granados le dio para destruir documentos (hasta “tres carros” de supermercado en “una noche de niebla”) y ocultar fondos sin que fuesen acusados por ello, como sí pasó con Granados y Caro.
La citación supone la reapertura de la causa que el juez Martín Gil archivó el pasado diciembre y debe reabrir por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
Granados y el guardia civil en excendencia José Luis Caro Vinagre recurrieron el archivo de la denuncia, y la Audiencia de Madrid estimó el pasado 12 de febrero su recurso.
La exsecretaria y el supuesto testaferro también están citados para el 12 de marzo, a las 11:45 y 12:45 horas, respectivamente.
La denuncia fue presentada el pasado abril y se basa en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirmada después por el Tribunal Supremo que condenó a Granados y a Caro por ese chivatazo, la única pieza del caso Púnica que se ha juzgado por el momento.
El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel impuesta a Granados por la Audiencia Nacional, por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el chivatazo que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada ‘Operación Púnica’.
El agente que dio el aviso, José Manuel Talamino, fue condenado a dos años de cárcel, y José Luis Caro Vinagre a año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El único que recurrió en casación fue Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero de Presidencia e Interior madrileño, y exsecretario general del PP de Madrid, quien ya cumplió dos años y medio de prisión preventiva por el caso ‘Púnica’, que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional.
LOS HECHOS SE REMONTAN A SEPTIEMBRE DE 2014, DURANTE LAS FIESTAS DE VALDEMORO
Dentro de la investigación por delitos de corrupción de la llamada ‘operación Púnica’, el agente José Manuel Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en la localidad madrileña de Pinto una cámara oculta en la puerta de las oficinas de otro de los investigados, David Marjaliza.
La noche del 5 de septiembre, durante las fiestas de Valdemoro, el agente alertó a Granados de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.
Granados comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, una versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral.
Dijo que su exsocio le mandó quemar “en un día de niebla” todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto. Entre estos documentos citó una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.
Tras el soplo, el tribunal de la Audiencia Nacional señaló que hubo dos “consecuencias inmediatas”: la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y la “adopción de cautelas” por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación.
El tribunal de la AN precisó en la sentencia que se frustró la posibilidad de grabar a “concejales, asesores y exconcejales” que acudieron a su despacho.
En este juicio, que fue el primero de la trama Púnica, tanto el expolítico como los dos acusados negaron que se filtrara esa información.
Granados dijo que Rodríguez Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico, pero que en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo relató en su sentencia que la utilización de la información recibida se tradujo directamente en un “beneficio económico” para Granados y Marjaliza, “mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”.
Señaló que Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros; y que Marjaliza, por su parte, ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria.
Para la defensa de los denunciantes, es inexplicable que habiendo quedado probado en ambas instancias que Granados avisó a Marjaliza de que le habían puesto vigilancia en la puerta de su oficina y constando, asimismo, que éste se lo comunicó a su secretaria y a De la Peña para que le ayudasen a destruir documentación -«tres carros» de papeles que ardieron «un día de niebla»- ninguno de ellos fuese imputado ni juzgado por el mismo delito de revelación de secretos.
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