El ministro de Justicia, y su equipo (a la izquierda), en la reunión que ayer tarde mantuvo con los representantes asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (a la tarde) Foto: MJ
Campo presenta el Plan Justicia 2030 a las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia
Les ha pedido "colaboración y compromiso" en el diseño de la hoja de ruta de este programa que abordará la reforma de la Justicia en los próximos años
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27/2/2020 18:54
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Actualizado: 27/2/2020 20:07
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió ayer con los representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia dentro de su ronda de contactos con los operadores jurídicos para explicarles el Plan Justicia 2030.
Campo les ha pedido «colaboración y compromiso» en el diseño de la hoja de ruta de este programa que abordará la reforma de la Justicia en los próximos años.
El ministro también les ha trasladado otras líneas de trabajo que emprenderá su departamento en esta legislatura y su «voluntad firme de impulsar el diálogo con el sector para avanzar, desde el consenso, en el conjunto de medidas legislativas, organizativas y tecnológicas que necesita la Justicia para la mejora del servicio público».
Justicia ha informado que tendrá en cuenta las aportaciones que en esta materia realicen las asociaciones de letrados a las que se remitirá un cuestionario en el que plasmar sus propuestas para el Plan Justicia 2030.
También han estado sobre la mesa las principales demandas del colectivo para la mejora de su ejercicio profesional y actuaciones pendientes de desarrollar en materia legislativa.
Por parte del Ministerio, acompañaron al ministro en el encuentro el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste, y la directora del Centro de Estudios Jurídicos, Abigail Fernández.
Por parte de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, han acudido el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara; la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Lidia Urrea; la portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), Marta Urbano; y el presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), Ángel Maraver.
En la reunión, el ministro les ha anunciado también que la Secretaría General de la Administración de Justicia, que constituye el puesto superior jerárquico del Cuerpo, la va a ocupar Borja Vargues, en su calidad de secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
El ministro ha agradecido en un mensaje en Twitter «la buena disposición mostrada» por las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia.
LA VALORACIÓN DE LA REUNIÓN POR PARTE DE LOS RESPRESENTANTES DEL CUERPO DE LETRADOS
Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, ha señalado a Confilegal que Campo «ofreció mucho diálogo» y dice que el colectivo colaborará porque «está muy interesado en la mejora de la Administración de Justicia».
«Luego entramos en detalles que nos afectan a los letrados de Justicia, de cuestiones estatutarias y asuntos pendientes que tenemos, sobre todo el tema del reglamento orgánico y temas salariales, y la disposición del ministro también fue muy positiva«, explica Lara.
Informa que posteriormente mantuvieron un debate sobre la ubicación del cuerpo de letrados dentro de la estructura del Ministerio.
«Nosotros, como desde que se creó la figura tenemos un secretario general de la Administración de Justicia, que es nuestro superior orgánico, sobre el que recae toda la responsabilidad de la organización estatutaria del cuerpo, sostuvimos que Borja Vargues debía ocupar la Secretaría General de la Administración de Justicia. El ministro nos dijo que iba así iba a ser, aunque algunas de las competencias iban a ser delegadas», explica el presidente de CNLAJ.
Según relata, el ministro les informó que «quería introducir ciertas competencias sobre el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia en una subdirección de una dirección general», ante lo que él le mostró que no está de acuerdo porque entiende que son «el único cuerpo superior jurídico nacional dependiente del Ministerio de Justicia que tiene el departamento de Campo para la homogeneización de servicio público».
Rafael Lara subraya que el Colegio Nacional de Letrados considera que «el secretario general debe asumir todas las competencias que le corresponden sobre el cuerpo de letrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no que se deleguen parte de esas competencias en una subdirección general en la que están enclavadas las cuestiones que afectan al resto de funcionarios, muchos de las cuales están transferidos a las comunidades autónomas».
«Nosotros le manifestemos nuestra inquietud sobre ese tema, el ministro nos dijo que eran cuestiones que todavía no estaban decididas, y esperamos que realmente no se decida en el sentido anunciado en un principio», expone.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia entregó ayer al ministro un informe que hace anualmente, El letrado de justicia en cifras, donde se analizan estadísticamente el funcionamiento de la administración de Justicia en España y el servicio que se presta, con la aportación que hace el colectivo a ese correcto funcionamiento de la Justicia.
Desde el SISEJ valoran «muy positivamente la exposición del ministro y su equipo en relación a la retomar la implantación de la Oficina Judicial y el papel que los LAJ desarrollaremos en la misma», ha informado a este diario Marta Urbano.
Además, Urbano indica que consideran acertada la intención de implantar los tribunales de Instancia.
«También nos explicaron cómo se organizará la estructura interna del Ministerio, donde destaca la oficina de proyectos, así como la intención de retomar los grupos de trabajo para abordar las situaciones relativas a nuestro colectivo», detalla Urbano.
Estas medidas serán, en opinión de SISEJ, «positivas para el colectivo y en general para mejorar el servicio público en beneficio de la ciudadanía».
Asimismo, considera «un acierto que Borja Vargues asuma la máxima dirección de los LAJ a través de la Secretaria General de la Administración de Justicia, atendiendo su conocimiento de nuestro colectivo y su experiencia en la implantación de la Oficina Judicial».
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia entregó ayer al ministro un documento con propuestas, como lograr un Pacto de Estado por la Modernización de la Justicia que permita diseñar una Justicia orientada a la ciudadanía y reorganizar la Administración de Justicia a través de la implantación de Tribunales de Instancia, la creación de Tribunales de Base y Ejecución y el fortalecimiento de los Servicios Comunes procesales, revisando el modelo de 2009, mediante la modificación de la Ley de Demarcación y Planta judicial.
Lidia Urrea, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha indicado a Confilegal que «la intención» de su asociación «es colaborar en este proyecto», que les parece muy interesante y que supone «el avance de la Justicia, que pasa por la organización territorial, estructural y tecnológica, mucho más moderna y eficiente».
Informa que también desde UPSJ hicieron mucho hincapié en la reunión en que son un colectivo «muy decepcionado y muy poco motivado».
«Decepcionado con el trato que hemos tenido durante los últimos 10 años, desde que nos han dado nuevas competencias y desde que tenemos más importancia en los Juzgados y no se nos ha reconocido», explica.
Lidia Urrea cuenta que el colectivo está «desmotivado» porque considera que no se les trata bien, y le hizo saber al ministro que hay «un problema grave de desmotivación en el cuerpo y que esos proyectos necesitan letrados motivados que cojan cargos directivos importantes, que asuman que son el eje de la transformación digital».
«Eso nos tiene que dar las motivaciones para que la gente participe en esos proyectos; motivaciones que son de muchos tipos, sobre todo de buen trato, no solamente institucional, sino también retributivo, organizativo, etc.», explica Urrea.
Apunta que «actualmente los coordinadores están muy quejosos y muchos no quisieran ni repetir» y que eso debe cambiar.
Insiste en que «si esos proyectos no pasan por ese cambio de motivación para los letrados están abocados al fracaso, porque una organización que gira en torno a la oficina judicial, servicios comunes, no tenga letrados directores, no va a funcionar».
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