Ola de críticas de colectivos profesionales a los planes de ceder la Seguridad Social al Gobierno autonómico vasco
En la foto el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Foto: Moncloa

Ola de críticas de colectivos profesionales a los planes de ceder la Seguridad Social al Gobierno autonómico vasco

Este traspaso de funciones, tratado en una segunda reunión de trabajo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), recoge también una treintena de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía
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28/2/2020 06:35
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Actualizado: 27/2/2020 23:10
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Si esta iniciativa se llevase a cabo sería la primera vez en la historia de España que el Gobierno central acepta transferir la gestión económica de la Seguridad Social.

Un acuerdo que ya ha sido cuestionado por diferentes colectivos profesionales.

El presidente y portavoz de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca), Jordi Solé, adelanta a Confilegal que en la Junta de Gobierno de este miércoles se decidió solidarizarse con la postura de los letrados de la Seguridad Social e inspectores de Trabajo en cuanto a la necesidad de proteger la caja única de la Seguridad Social.

Para la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, esta medida no solo amenaza «la igualdad de todos los españoles», sino que afecta directamente a la denominada caja única. Así lo explican en un comunicado en el que se muestran muy críticos con la propia transferencia, así como con el modo en el que se ha adoptado la decisión.

«Se trata de una decisión adoptada sin la indispensable intervención del ‘Pacto de Toledo‘, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social constituido en el seno del Congreso de los Diputados con el objetivo primordial de garantizar el sistema de protección social público mediante el consenso de los diferentes partidos políticos», sostiene el primer punto del documento.

A continuación, los letrados afirman que la decisión de transferir las prestaciones «afecta de lleno a las previsiones del artículo 149.1.17 de la Constitución Española que otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social».

También recuerdan, citando al Tribunal Constitucional, que es un sistema «único y unitario para todos los ciudadanos», que debe garantizar «al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes».

«Lo anterior exige, ineludiblemente, que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, que se adoptan bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única. Lo contrario abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional», advierten.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladó al secretario general y a la directora general de función pública su queja por la falta de información sobre el traspaso de las competencias de la Seguridad Social y Prisiones.

El sindicato mostró su malestar por el «secretismo» en las negociaciones, y exigió que se abra cuanto antes una mesa de negociación sobre los puestos a transferir, condiciones de trabajo y económicas, así como posibles traslados o cierres de oficinas.

Inspectores de Trabajo se unen a las críticas

Por su parte, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social señala también que transferir a las comunidades autónomas la gestión económica de la Seguridad Social sería el comienzo de la ruptura del principio de caja única del sistema.

En un comunicado subraya que esta medida abocaría «irremediablemente» a la ruptura de la solidaridad del sistema de igualdad de todos los españoles en materia prestacional.

El sindicato ha señalado que ocurriría lo mismo con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de cuotas, de recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del Estado.

Asimismo, destaca que afectaría al régimen de aplazamientos en las obligaciones, a la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos o a la defensa ante los tribunales bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora.

«Su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial», aclara.

Los inspectores de trabajo ven fundamental que la gestión de la Seguridad Social siga dentro de las competencias del Estado para realizar su trabajo y para garantizar los principios de «calidad y eficiencia de la prestación del servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora y la concepción única e integral del sistema».

«La igualdad de todos los españoles y la propia caja única pueden verse afectados como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar, y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del ‘Pacto de Toledo'», destaca este sindicato.

Fedeca también se suma

En las próximas horas la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) emitirá un comunicado de apoyo a los colectivos anteriormente citados, que irá previsiblemente en esta misma línea.

Desde Fedeca insisten en que hay dos perspectivas importantes. Por un lado, hay profesionales que inciden más en el tema constitucional y que dicho proceso de transferencia de las competencias de Seguridad Social al País Vasco rompería la solidaridad entre los españoles.

Frente a esa tesis hay otra que habla de organización política del Estado, de manera que lo que nos tiene que preocupar es la desigualdad que podría generarse en el propio sistema ante el fraccionamiento del control de la Seguridad Social. Son dos visiones complementarias, nos explican.

Para este colectivo de altos funcionarios del Estado lo que queda claro es la necesidad de un alto grado de consenso en cualquier decisión tomada relativa a la Seguridad Social.

Como ya lo hicieron en su día los letrados de la Seguridad Social y el sindicato de inspectores de trabajo y Seguridad Social, Fedeca cree oportuno que sea desde el ‘Pacto de Toledo’ desde donde se gestione este tema en concreto.

Desde todos los ámbitos se espera con impaciencia que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se pronuncie sobre el tema. Este jueves  presentó en el Congreso de los Diputados las líneas maestras de su negociado, pero no entró en el detalle de esta cuestión.

Fedeca muestra su preocupación por una posible política de hechos consumados por la puerta de atrás. También advierte de un posible efecto dominó donde otras comunidades autónomas que quieran seguir la iniciativa del País Vasco y fraccionar aun más la caja única de la Seguridad Social.

PP y Ciudadanos, por su parte, han alzado la voz contra el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno del País Vasco.

“Es el paso previo y necesario para romper la caja única de las pensiones”, ha advertido la portavoz de los naranjas en el Congreso, Inés Arrimadas. Para los populares es una «irresponsabilidad» jugar con este asunto.

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