La Fiscalía pide 8 años de prisión para el exjefe de Anatomía II de la Complutense por el hacinamiento de cadáveres
Según explica, que esto fue así hasta que la Inspección de Trabajo ordenó en 2014 la paralización de los trabajos y finalmente se extrajeron del sótano 534 cadáveres. Foto: EP

La Fiscalía pide 8 años de prisión para el exjefe de Anatomía II de la Complutense por el hacinamiento de cadáveres

Dice que pese a las reiteradas quejas de los trabajadores, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”
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04/3/2020 16:00
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Actualizado: 04/3/2020 16:12
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La Fiscalía Provincial de Madrid reclama ocho años de prisión para el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se hacinaban numerosos cadáveres, por tener a sus trabajadores en condiciones «degradantes» y nocivas».

Imputa a José Ramón Mérida Velasco un delito contra la salud de los trabajadores por el que solicita tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, reclama un total de 277.258 euros para cinco técnicos afectados.

Por su parte, la acusación particular pide 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.

Según expone el representante del Ministerio Público, el médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”.

Detalla que a raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.

La Fiscalía denuncia en su escrito el modo en que Mérida sometió a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral”.

Explica que durante años desatendió “sistemáticamente” las “justas” demandas de los trabajadores “al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución”.

Cuenta que una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”.

La Fiscalía detalla que Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.

“El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos”, denuncia la Fiscalía.

Relata que el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos “determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores”.

Dice que tales circunstancias eran conocidas por Mérida, “así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía”.

Pone como ejemplo que los técnicos trabajaban en un sótano “que carecía de ventilación adecuada”, por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Además, expone que no existía ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos
o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos.

Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, señala que cuando se averió, el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.

“Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”, apunta la Fiscalía.

Explica que para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor, “pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición”.

Las instalaciones, según la Fiscalía, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que “los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales”.

Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o
padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas.

La Fiscalía explica que “esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”.

Además, destaca que los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y que la condiciones de higienes era “deficientes”.

Apunta que en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

El representante del Ministerio Público señala también que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia “permanente” de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y “de modo repetitivo” cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba “introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción”.

Afirma que carecían incluso de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio.

La Fiscalía cuenta que a la primera queja motivada por el mal funcionamiento de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal olor que desprendía, la respuesta fue: “Las puertas cerradas y que no se hable nada”.

Explica que cuando se le expuso la necesidad de llevar los cadáveres a otro sitio la repuesta fue que “era muy caro” y que ante el requerimiento para que frenara la afluencia de cadáveres por falta de espacio ya no hubo respuesta.

“El 30 de abril de 2014, la técnico (,,,) volvió a solicitar que se llevaran los cadáveres, a lo que el acusado contestó que era imposible», explica.

Según la Fiscalía, ese mismo día, a última hora, el acusado convocó a dos personas para decirles “por esa vía vais mal”, en referencia a las fotografías que habían aparecido en la prensa.

Añade que el 12 de mayo de 2014, a través de la secretaria de su Departamento, el acusado dijo a los técnicos que se ataran los machos, que estaba muy enfadado con todos ellos, que las cosas iban a seguir igual y que el que no estuviera a gusto se marchara.

En referencia a la publicación de las fotografías del centro de trabajo en la prensa, manifestó que si se enteraba de quién había sido, que se preparara, de acuerdo a la Fiscalía.

Explica que al tener conocimiento Mérida de que el 20 de mayo de 2014 iba a tener la primera visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, recriminó a los técnicos su negativa a colaborar con él en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos.

La Fiscalía informa que ese mismo día, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenó la paralización de todos los trabajos y al depurarse responsabilidades por parte del Rectorado de la Universidad, se extrajeron del sótano 534 cadáveres, a los que se dio destino legal.

En concepto de responsabilidad civil, reclama 66.619 euros para el técnico 1, 46. 401 euros para el técnico 2, 77.103 euros para el técnico 3, 22.303 euros para el técnico 4 y 21.832 euros para el técnico 5; 10.000 euros para el 1, 2, 4 y 5 por los daños causados en su integridad moral personal durante años, y 3.000 para el técnico 3.

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