El Grupo Parlamentario de VOX acusa a la Mesa del Congreso de haber paralizado toda la actividad de la Cámara Baja, y, en especial, de la función de control al Gobierno, excediendo sus poderes y vulnerando los artículos 66.2 y 116.5 de la Constitución.
Lo ha hecho en el marco de la solicitud de reconsideración, el escrito que ha presentado ante dicha Mesa, contra el acuerdo tomado el pasado 19 de marzo por el que se acordó paralizar toda la actividad parlamentaria mientras dure el estado de alarma. Y está firmada por el presidente de esa formación, Santiago Abascal, y la portavoz adjunta, Macarena Olona.
La Mesa del Congreso, que preside la socialista Meritxell Batet, está compuesta 9 personas: 3 miembros por el PSOE, 2 por Unidas Podemos, 2 por el PP, 1 por En Comú Podem y 1 por Vox.
La mayoría –PSOE, Unidas Podemos y En Comú Podem– votó, ese 19 de marzo, a favor de suspender «el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión».
UN ACUERDO QUE CONTRAVIENE LA CONSTITUCIÓN
De acuerdo con VOX, dicho acuerdo contraviene el artículo 66.2 de la Carta Magna, que dice que «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución».
Y el 116.5, que dice que en los estados de alarma, excepción y sitio no puede interrumpirse el funcionamiento de las Cámaras (Congreso y Senado): «Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados».
Desde el punto de vista de VOX, el acuerdo paraliza el normal funcionamiento de uno de los poderes constitucionales del Estado.
De un modo que elimina todos los plazos establecidos en el Reglamento para iniciativas como las peticiones de información requeridas por diputados o grupos parlamentarios a la Administración Pública, las preguntas que se dirijan por escrito al Gobierno, la emisión de informes por ponencias, la emisión de dictámenes por las Comisiones, la inclusión de proposiciones de Ley en el Orden del día del Pleno a efectos de toma en consideración, la presentación de enmiendas a un proyecto de ley y la emisión o no, de conformidad por el Gobierno, a la tramitación de proposiciones de Ley que supongan aumento de los créditos autorizados en el presupuesto.
SUPRESIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTROL
El Congreso de los Diputados solo se reuniría para la convalidación por la mayoría de los decretos leyes dictados por el Ejecutivo en ejercicio de todas las potestades que le reconoce la declaración de un estado de alarma, afirma VOX.
Precisamente «en el momento en el que la Cámara Baja debería estar más activa que nunca en su función de control al gobierno, dadas las prerrogativas excepcionales que este asume en el estado de alarma» es cuando «la Mesa decide eliminar dicha actividad, privando al Congreso de los Diputados de una de sus funciones fundamentales».
Para apoyar su petición, VOX refiere las sentencias 45/1986, 234/2000, 203/2001 y 124/2018 del Tribunal Constitucional que recuerdan que el concepto de Constitución democrática «va ineludiblemente ligado a la existencia de un régimen de ‘checks and balances’ (pesos y contrapesos) entre los diferentes poderes del estado».
O lo que es lo mismo, la función de control del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, algo que la Mesa del Congreso, con su decisión del 19 de marzo, ha eliminado al suspender, con carácter indefinido, los plazos que obligan al Ejecutivo a responder.
