«Caos en el Registro Civil«, así califica la situación la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) en un comunicado en el que denuncian que la actuación del Ministerio de Justicia es «errática» y «caótica».
Asimismo, califican la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del departamento de Juan Carlos Campo, que pidió el pasado sábado, a través de una instrucción, una relación del número de defunciones por Covid-19.
En concreto, que todos los Registros Civiles, así como los de los juzgados de paz, remitan a una dirección de correo electrónico, una vez finalizada su jornada laboral, una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual.
Esta decisión, se explica en la instrucción, se toma para «tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen, datos que deben conocerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad, una vez comprobado que por el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los Registros Civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma Inforeg».
Algo que USPJ califica como «absurdo», ya que en España, recuerda, hay 436 Registros Civiles, entre exclusivos y con competencia mixtas, y 7.667 juzgados de paz, en total como poco 8.103 correos a mandar a una sola dirección de correo, lo que ha generado, subrayan, «el colapso total de dicho correo«.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apunta que la decisión se ha tomado «sin una visión de conjunto y sin dotar de medios suficientes».
La situación descrita por este sindicato es de registros civiles que «sufren demoras, una informatización incompleta y desfasada y una absoluta ausencia de planificación e información que ha impedido utilizar el Registro Civil como una fuente más de información sobre el número de fallecidos en España».
Recalca que «el personal de los registros civiles está desbordado. Al no producirse el fallecimiento por muertes violentas, no hay autopsia, así que los médicos, sobre todo en pequeñas localidades, certifican el fallecimiento atendiendo a causas respiratorias o a patologías que presentase la persona difunta, ya que evidentemente no se hace la prueba».
«Reunión urgente»
CSIF considera que el ministerio de Juan Carlos Campo «llega tarde en la resolución de este problema y, además, está desviando la atención con consideraciones sobre la fiabilidad de los datos que sobre la causa de la muerte que figuran en los certificados de defunción».
A juicio del sindicato, «para obtener una estimación de los fallecimientos por Covid-19, debería compararse el número de solicitudes de inscripción de defunción que entran en los Registros civiles con los datos de fallecidos en años anteriores y en la misma época del año».
Por todo ello, reclaman al Ministerio una «reunión urgente» con los sindicatos y comunidades autónomas con el objetivo de coordinar estas y otras actuaciones que afectan a la Administración de Justicia.
Asimismo, UPSJ pide a Justicia que «en todo lo relativo a los Registros Civiles, de las órdenes oportunas para que, desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se efectúen las decisiones de una forma más coherente y ordenada».
