Carta abierta al Ministro de Justicia: Letargo mortal del sistema judicial

Ministro de Justicia, buenos días,

En primer lugar agradecerle que siga ahí, encabezando un Ministerio disgregado en 12 Comunidades Autónomas con competencia en justicia transferida que poco, o en nada, estimulan medidas, medios y recursos económicos para obtener una justicia de calidad, efectiva y eficaz a la altura de un país como España.

Parece que el despliegue de justicia digital sigue siendo una asignatura “muy pendiente” y que el cumplimiento de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, funciona dependiendo de la Comunidad Autónoma de la que hablemos, o directamente se obvia.

Ministro, solicita usted ahora a abogados y procuradores su colaboración para agilizar la Justicia y afrontar los retos y el trabajo que va a suponer su reactivación.

Gracias ministro, no dude de que contará conmigo para ello, tal y como lo vengo haciendo durante mis treinta años de profesión como abogado.

Se llama lealtad profesional y compromiso personal.

Sin embargo, de nuevo y como es de costumbre en cualquier ejecutivo, sea del signo político que sea, llega tarde y lo seguirá haciendo si se mantiene en su idea de postergar la adopción de las “soluciones proactivas” una vez llegado el fin de las medidas excepcionales  (disposición adicional 19 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo).

Acato las órdenes del Ejecutivo al que pertenece, pero en modo alguno comparto ni puedo digerir, sin amargo sabor, que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo con su disposición adicional tercera sumiera en una hibernación y letargo mortal a nuestro sistema judicial.

Diez días después, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 10/2020 determinó los servicios esenciales en la Administración de Justicia sin contar y consensuar tal medida con abogados y procuradores.

Ahora nos pide un esfuerzo extraordinario a los profesionales que de ser mutualistas no contamos con las ventajas o los beneficios de los autónomos afiliados al RETA.

Se lo hemos pedido pero su respuesta ha sido el silencio.

Los adscritos a las mutualidades de jueces y funcionarios civiles, en situación de incapacidad temporal, se les garantiza el cobro de sus retribuciones durante el estado de alarma   

De aquellos barros estos lodos.

La paralización del sistema judicial ha sido necesaria por el absoluto fracaso de la efectiva implantación de la justicia digital y de la enorme laxitud para que muchos juzgados, tribunales y representantes del Ministerio Fiscal llevaran a estricto cumplimiento el contenido de la ley digital.

¿DIGITALIZACIÓN?

Tras once años desde su promulgación, en la Comunidad de Madrid por ejemplo, está vigente, pero es de estricto y exclusivo cumplimiento para abogados y procuradores.

La fiscalía sigue mandando sus escritos en formato papel y como mucho a través del fax.

Exigir la simple digitalización de un procedimiento se convierte en todo un incidente procesal.

La paralización ha sido una decisión torpe y precipitada consecuencia de la falta de previsión de las consecuencias de una pandemia que ya se conocía desde mediados de enero que llegaría a España.

Sumir en un letargo de semanas al sistema judicial es tanto como haber cerrado los hospitales y centros médicos dejando tan solo abiertas las urgencias para ciertos casos.

Se han apartado a miles de ciudadanos que, al parecer, sus asuntos, como siempre, pueden esperar. Para todos ellos sus asuntos, sus problemas, el amparo de sus derechos, la defensa de sus intereses y la tutela judicial de los mismos también resulta esencial o fundamental.

Un conocimiento del funcionamiento del sistema y de los Juzgados permite concluir que, con una disposición activa de todos los operadores jurídicos, la distintas jurisdicciones e instancias podían haber seguido funcionando “cerrada al público” articulando simples sistemas de teletrabajo y reforzando las comunicaciones vía LEXNET.

Durante todos estos días era posible seguir todos los trámites escritos de los diferentes procesos judiciales, desde la interposición de una demanda, hasta el dictado de una sentencia o la interposición de recursos.

Ministro, ha invernado el derecho de defensa de la mayoría de los ciudadanos que siguen percibiendo la escasa credibilidad en la honestidad y la eficacia del sistema judicial en España.

Casi un mes ha tardado en reaccionar la máxima representación de la Abogacía Española a la congelación por Real Decreto de la práctica totalidad del sistema judicial español.

Así ve Marcos Molinero a la Justicia. 

A través de una propuesta, a mi juicio tenue, y desde una perspectiva en poco o en nada hermanada con la realidad y los usos del foro, traslada a su Ejecutivo una serie de sugerencias para llevar a cabo actuaciones y modificaciones legislativas, a fin de salir del confinamiento procesal del sistema judicial.

En definitiva nada nuevo con COVID-19 o sin COVID-19, pues esta parte del estrado se sigue mostrando acomplejada y sintiéndose inferior al resto de estrados a fin de rendir la acostumbrada pleitesía que permite evitar la incomodidad del transcurrir de nuestras togas.

Decisiones imaginativas cara a la galería a fin de justificar su representación.

En el otro lado del estrado, las asociaciones judiciales le muestran su apoyo para salir adelante y le “instan” a que dote de  medios personales y materiales a la Administración de justicia al mismo tiempo que se llevan a cabo reformas organizativas y procesales que agilicen los trámites  sin merma de los derechos de los justiciables.

Como no podía ser de otro modo muestran su predisposición y compromiso con la Justicia.

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) le ha pedido la reanudación de la actividad judicial de tramitación antes de que cese el estado de alarma, facilitando para ello los medios tecnológicos necesarios para que los funcionarios puedan teletrabajar a fin de “anticiparse a la situación que se avecina” cuando se retome la actividad judicial evitando con ello “efectos negativos en la recuperación económica y desequilibrios para los justiciables dependiendo del proceso judicial en el que se encuentren inmersos”.

Y como no podía faltar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha desmarcado de “La apuesta por la unidad es el único camino” que usted propugno en la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia frente al COVID-19”, para diseñar su propia y particular hoja de ruta queriendo con ello “arreglar la evidente irresponsabilidad y falta de respuesta a las necesidades de los jueces en la que venía instalado el Consejo desde el comienzo de la pandemia”.

Entre estas peleas sufren no solo la salud de los ciudadanos, sino el sentimiento de desprotección y falta de interés en la resolución de los conflictos en los que se ven inmersos, más aún en lo que se avecina en la jurisdicción laboral y administrativa.

No solo no hay unidad sino que no se ha buscado el consenso necesario para acometer con éxito y eficacia el reto que se nos propone.

Prácticamente existe anuencia en reactivar de inmediato un sistema que nunca se debería haber paralizado de la forma y manera que lo ha hecho.

Pero como ya habrá tiempo de exigir y ejecutar responsabilidades políticas y personales, aquí nos tiene a abogados y a procuradores a fin de hacer lo que mejor sabemos: trabajar por la Justicia en defensa de los intereses de nuestros clientes y representados.

Toda la literatura formada por las “tímidas sugerencias” de la abogacía, las exigencias y requerimientos de la judicatura, y la dispersión de CGPJ, contiene con mayor o menor acierto las medidas que hay que adoptar.

Los olvidos y disfunciones respecto a la realidad forense podrán solucionarse si para la elaboración del texto final y definitivo existe la afluencia de todos y cada uno de los operadores jurídicos.

Tan solo hay un elemento de extraordinaria importancia que debe concurrir si realmente quiere hacer realidad el fin perseguido: la igualdad de consideración y medios para todos y cada uno de los operadores jurídicos que estamos dispuestos a luchar por la normalización y mejora del sistema.

Seré concreto y muy expresivo.

Me entenderán si necesidad de precisión todos los abogados y procuradores, que habitualmente pisan la arena jurídica de los estrados, físicos o figurados:

• Las instalaciones judiciales son el lugar de trabajo de “todos” los que vestimos la toga, los abogados y procuradores no vamos de visita.
• Los plazos procesales son y están para todos los operadores jurídicos, también para los jueces y fiscales.
• Las posiciones de auto importancia y empoderamiento autoritario deben ser desterradas del sistema judicial en las relaciones entre los diferentes participantes en un proceso, los abogados ostentan la autoridad del derecho a la defensa.
• La colaboración, el trabajo conjunto, en equipo y el diálogo entre los diferentes profesionales intervinientes permite la consecución de objetivos y la evitación de confrontaciones procesales.

En cada proceso judicial el “equipo profesional” lo conforman el juez, el abogado, el procurador, el letrado, el oficial y en su caso el fiscal.

Lo que debería ser una cuestión normalizada, la igualdad de armas y la mutua consideración entre jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados y oficiales, suele convertirse en una lucha de adquisición de poder moral y territorial que dificulta enormemente el trabajo diario.

Por tanto ministro, dígame por donde y cuando quiere que empiece, pero no me exija un enorme sacrificio sin dotarme, o permitir que me aprovisione, de los mismos medios, prerrogativas y autoridad que al resto de los estrados.

Vamos a por ello. Ánimo.

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¡¡Malditos abogados y procuradores!!