Impulso Ciudadano denuncia ante el Defensor del Pueblo los ‘obstáculos’ de la Generalitat a la labor asistencial del Ejército en Cataluña
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, destaca que esta actitud está fundamentada “en espurias y sectarias razones ideológicas". Foto: Ministerio de Defensa

Impulso Ciudadano denuncia ante el Defensor del Pueblo los ‘obstáculos’ de la Generalitat a la labor asistencial del Ejército en Cataluña

Pide a Fernández Marugán que intervenga y requiera al Gobierno catalán para que cese en esos comportamientos y "haga prevalecer el interés general al sectarismo ideológico"
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13/4/2020 15:34
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Actualizado: 13/4/2020 15:40
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El presidente de la asociación Impulso Ciudadano,José Domingo Domingo, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en la que le informa que “la Generalitat de Cataluña, de manera premeditada», está «dificultando la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores asistenciales, de prevención y de control de la pandemia del coronavirus”.

Una actitud fundamentada “en espurias y sectarias razones ideológicas, tal como se desprende de las propias declaraciones de los integrantes del Gobierno de la Generalitat”, explica Domingo.

Presentó esta queja el pasado miércoles, 8 de abril, y ha sido admitida a trámite.

José Domingo expone a Fernández Marugán que «destacados miembros del Gobierno de la Generalitat han manifestado públicamente su negativa o reticencia a aceptar la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en esas labores o han llevado a cabo acciones obstaculizadoras o descalificadoras en relación con esta institución militar».

Le informa que «tristemente», a pesar de contar con unos graves índices de contagiados en zonas como el Vallés Oriental y Occidental o el Bajo Llobregat, «el Departamento de Salud ha demorado por razones nimias la instalación de hospitales de campaña como el de Sabadell en el Polideportivo de esta ciudad, o directamente ha impedido la entrada en funcionamiento de los hospitales ya instalados, como el de Sant Andreu de la Barca, lo que ha merecido el reproche de los responsables de los Ayuntamientos que habían gestionado con el Ejército de Tierra y con la Guardia Civil la construcción de los hospitales».

Además, afirma que la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias «viene obstaculizando la participación de los militares en las labores de desinfección de Residencias de ancianos a pesar de que este es uno de los principales focos de contagio y de que las personas de avanzada edad son el primer grupo de riesgo».

El presidente de Impulso Ciudadano indica que «la gravedad de la situación ha motivado, incluso, una queja del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que ha sido remitida a la Delegación del Gobierno en Cataluña».

Detalla que la queja se fundamenta en que tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como el Ejército de Tierra llevan desde finales de marzo vienen colaborando activamente en la desinfección de espacios públicos, como aeropuertos y estaciones de tren, y residencias de ancianos en Cataluña, y en diversas ocasiones, pese a tener la orden de Defensa, «los efectivos militares no han podido realizar la misión por motivos que tienen su razón de ser en la negativa de las autoridades a facilitarles el acceso a las instalaciones”.

Apunta que según informaciones recogidas de los medios de comunicación, hasta el domingo 5 de abril, la UME y el Ejército de Tierra llevaban recibidas un total de 166 peticiones de actuación en distintas poblaciones catalanas, y que de estas, casi en el 11% de los casos (10,8%) se encontraron con «incidencias» o «inconvenientes», según se indica en el correo enviado por el EMAD a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

José Domingo pone como ejemplo que en residencias de mayores de las localidades de Cardona, Suria, Barcelona, Hospitalet, Sant Joan de Vilatorrada y Els Pallaressos «se negó la entrada de los militares por parte de las direcciones de los centros».

Además, afirma que en otras dos (ambas en Barcelona) se canceló la solicitud, pero que al día siguiente se les ordenó llevar a cabo la desinfección; y que en 12 centros geriátricos más (en Barcelona, Sabadell, Tarrasa, San Feliu de Llobregat y Franqueses del Vallés), cuando los militares acudieron a las residencias, les comunicaron que la Generalitat ya las había desinfectado mediante la contratación de «empresas civiles» privadas.

«Y ello sin contar la negativa expresa que ha efectuado directamente la Generalitat a determinados Ayuntamientos que habían solicitado la intervención del Ejército en las tareas de desinfección en profundidad de las residencias de la localidad», añade.

Apunta que éste caso se ha dado, por ejemplo, en las localidades de Sant Cugat del Vallès y Castelldefels.

José Domingo, presidente de la asociación Impulso Ciudadano, letrado de la administración de la seguridad social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña.

El presidente de Impulso Ciudadano denuncia el «anómalo comportamiento» de algunos de los integrantes del Gobierno de la Generalitat que anteponen sus reticencias ideológicas contra las Fuerzas Armadas a los intereses generales de la población y al control de la pandemia” que, según dice, afecta al menos a los casos que cita en un documento que adjunta al escrito.

En él alude a la «paralización durante unos días» del montaje del hospital de campaña en la pista de atletismo de Sabadell; a la «denegación de la autorización de la entrada en funcionamiento» del hospital de campaña en el polideportivo municipal de Sant Andreu de la Barca; y a la «prohibición u obstaculización» de las tareas de desinfección de las residencias de mayores, al menos, en las localidades de Barcelona, Els Pallaressos, Sabadell, Sant Cugat del Vallés, Sant Joan de Vilatorrada, Castelldefels, Suria, Cardona, Tarrasa, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Franqueses del Vallès.

Señala que «lo más trascendente es que ese comportamiento denota un equivocado orden de prioridades en momentos tan críticos como los que se viven actualmente y relega la lucha contra la pandemia y la protección de las víctimas a una posición secundaria en la jerarquía de valores del gobierno independentista».

José Domingo subraya que «semejante actitud, tan contraria al interés general, merece la investigación del Defensor del Pueblo, sin que sea descartable, un posible reproche penal que se deja a criterio de esa institución».

Solicita al Defensor del Pueblo que reclame al gobierno de la Generalitat -especialmente de los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias- la pertinente información para acreditar si ha dado órdenes, instrucciones o ha efectuado sugerencias destinadas a obstaculizar el funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas en Cataluña  y explicite cuáles son las razones que le ha llevado a «obstaculizar o prohibir la intervención de los efectivos militares en las labores de construcción de hospitales y desinfección de zonas contaminadas».

También le pide que «requiera al Gobierno de la Generalitat para que cese en esos comportamientos y haga prevalecer el interés general al sectarismo ideológico».

Asimismo, reclama a Fernández Marugán que solicite al Gobierno de central que informe y haga relación al Defensor del Pueblo de los «obstáculos o prohibiciones» que han sufrido los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña para desempeñar su relevante labor durante el período de la pandemia; que reclame del Gobierno que «haga prevalecer su condición de autoridad competente» y ordene a las autoridades autonómicas catalanas que cesen en el «comportamiento obstaculizador» respecto a los trascendentes cometidos de las Fuerzas Armadas españolas en relación con la prevención y asistencia sanitaria en estos momentos de pandemia originada por el coronavirus.

Por último, le solicita que eleve las actuaciones a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal si aprecia algún posible comportamiento delictivo en el curso de la investigación.

El pasado 16 de marzo, Impulso Ciudadano también denunció el posicionamiento «aislacionista» del presidente catalán, Quim Torra, y sus «declaraciones insumisas» en la crisis del coronavirus y le exigió que anteponga la salud pública a sus “veleidades” separatistas y acate las órdenes del Gobierno.

Esta asociación fue fundada en septiembre de 2009.

Sus fines son promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978; fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades españolas e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las Administraciones Públicas.

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