Trabajemos juntos para dignificar la justicia

Desde que fuera decretado el estado de alarma hace poco más de un mes, las autoridades gubernativas han desarrollado una ingente actividad normativa motivada por unas evidentes razones de urgencia, adaptándose continuamente a los distintos escenarios vislumbrados por las recomendaciones de los expertos sanitarios con el fin de mitigar los terribles efectos socioeconómicos provocados por el COVID-19.

En este contexto, el ministro de Justicia dictó el pasado 13 de abril una Resolución para adecuar el servicio y reactivar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, atendiendo a que la última prórroga autorizada por el Congreso de los Diputados había superado los criterios del confinamiento cualificado contemplados en el Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo, que supuso la paralización de la actividad económica, laboral y profesional del país, a excepción de aquellos supuestos expresamente considerados como esenciales.

NO ES UNA TAREA PACÍFICA 

Reanudar la actividad judicial como prioridad ineludible para recuperar la normalidad y disipar la incertidumbre generada por esta insólita situación no está siendo una tarea pacífica y ha generado verdaderos enfrentamientos entre los diferentes operadores, si bien todos ellos parten en el fondo de un denominador común, pues desde sus distintas posiciones profesionales, tanto funcionariales como liberales, sostienen sobre sus hombros el peso de una Administración de Justicia aquejada desde hace años por una falta de medios intolerable.

Así pues, sin duda, la emergencia sanitaria que estamos viviendo ha evidenciado una lacerante precariedad y la consecuente necesidad de trabajar para revitalizar las estructuras más básicas y esenciales del Estado del Bienestar.

Por ello los poderes públicos deben trabajar para facilitar un reinicio efectivo de la actividad jurisdiccional aprovechando las opciones del teletrabajo o la distribución por turnos, sin que ello implique dejar de velar por la salud de las personas, solidarizándose los distintos cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tanto con la ciudadanía (víctima de este colapso judicial) como con las profesiones liberales, especialmente las de la Abogacía y la Procuraduría, aunque no solo; pues no olvidemos que del normal funcionamiento de la misma depende el sustento de muchas familias y despachos en particular y de la buena marcha del país en general.

CONSENSO

Sin duda, la tarea de mejorar la Administración de Justicia acercándola a los parámetros europeos de responsabilidad y trasparencia para ponerla al servicio de la ciudadanía, es una misión compartida por todas y cada una de las personas que prestan sus servicios en la órbita de aquélla.

Por eso, la articulación de cualquier medida dirigida a perfeccionar su funcionamiento, y muy especialmente las propuestas estos días para paliar los efectos de un más que previsible aumento de la litigiosidad ligada al coronavirus, debe estar investida en todo momento de un consenso que resulte de la experiencia compartida de todos los sectores profesionales que participan de la misma.

Este ha sido el espíritu del que nos hemos imbuido desde los distintos Colegios de la Abogacía de España a la hora de recoger las inquietudes de nuestro sector y trasladarlas a nuestro Consejo a fin de que fueran remitidas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial, para agilizar la actividad judicial una vez se alce el estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales.

Es de reconocer que el máximo órgano de gobierno de los jueces ha elaborado un ambicioso documento de trabajo que recoge una multitud de medidas, algunas de ellas de carácter general y otras de carácter específico de acuerdo con las necesidades de cada orden jurisdiccional, con una clara vocación de mejorar la justicia.

Sin embargo, muchas de estas propuestas van más allá de la provisionalidad de la situación, pues afectan a cuestiones que existían con anterioridad al momento en el que el Gobierno declarara el estado de alarma, requiriendo por tanto de un debate parlamentario más profundo que cuente con la participación de todos los operadores jurídicos.

Así pues, las reformas estructurales que por su naturaleza exceden más allá de la transitoriedad de este escenario, deben tramitarse necesariamente a través de los cauces legislativos ordinarios para permitir el adecuado análisis sobre su idoneidad y valorar sosegadamente si éstas se ajustan realmente al modelo de justicia que queremos.

UN RETO MÁS ALLÁ DE LA LÓGICA PARTIDISTA

Además, la materialización de una verdadera tutela judicial efectiva y la garantía plena del derecho de defensa, imprescindibles en un Estado de Derecho, solo será posible integrando la oportuna crítica de todos los profesionales del sector, que debe realizarse en todo caso desde el respeto y la unidad que ahora se precisan para salir adelante de esta crisis.

En ese sentido, el punto de inflexión en el que nos encontramos debe servir para cimentar las bases que permitan proyectar lo que debe ser el Plan de Justicia 2030 y superar, como afirmó acertadamente el ministro, Juan Carlos Campo, al presentar sus líneas maestras, «las décadas de insuficiencias estructurales de las cuales algunas no tienen justificación alguna»; un reto que debe plasmarse más allá de una lógica partidista, pues no olvidemos que estamos ante un servicio público a través del cual se garantiza la convivencia y la paz social.

Ahora, más que nunca se pone de manifiesto la necesidad de un gran Pacto de Estado que dignifique la Justicia como elemento esencial para la buena gobernanza, por la que debemos ser capaces de luchar unidos para atender a los desafíos que como sociedad tenemos por delante, y que han evidenciado la importancia de que trabajemos juntos por unas instituciones sólidas que prioricen la recuperación económica de las familias, los autónomos y las empresas, asegurando la materialización efectiva de su derechos y libertades.

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