El Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado viernes varias enmiendas a la proposición de ley impulsada por Unidas Podemos que busca eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos para las instrucciones judiciales y aboga para que la reforma se aplique sólo a los procedimientos que se inicien tras su entrada en vigor.
El viernes pasado finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas al articulado de la iniciativa que prevé derogar esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impulsada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La reforma impulsada por la formación morada incluye la eliminación del artículo 324 de la citada ley, que limita ese plazo a seis meses con carácter general o a 18 si se trataba de investigaciones expresamente declaradas complejas.
Entre las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, destaca la de los populares que hace hincapié en que la reforma se aplique a nuevos procedimientos, mientras que en la disposición transitoria única redactada por Unidas Podemos especificaban que también se aplicara a todos los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley.
VOX Y CIUDADANOS ABOGAN POR MANTENER EL 324
Por otro lado, tanto el Grupo Parlamentario de Vox como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos abogan por mantener el artículo 324 de la Lecrim.
Para los de Arrimadas, la derogación del artículo sin contemplar la redacción anterior a la reforma de 2015 generará «una innecesaria e indeseable inseguridad jurídica».
Por este motivo, proponen que el 324 contemple que la instrucción concluirá cuando el juez entienda que ha cumplido su finalidad, «momento en el que dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779».
Por su parte, en las enmiendas presentadas desde el Grupo Parlamentario de Vox coinciden con Ciudadanos en mantener el 324 eliminando cualquier plazo e inciden en que la derogación propuesta no supone que recobre vigencia el texto anterior.
Además, los de Abascal inciden en que «no es ocioso» que se provea por el legislador sobre la duración de la instrucción, y destacan que con su enmienda buscan «evitar la impunidad de las acciones u omisiones cuya relevancia penal se investiga judicialmente».
JUNTS: CERRAR INSTRUCCIÓN SI EN 6 MESES NO HAY DILIGENCIAS
Desde Junts per Catalunya, formación incluida en el Grupo Parlamentario Plural, prefieren una modificación del 324 antes que una derogación, y abogan por que el texto recoja que la instrucción durará «el tiempo mínimo indispensable».
«En todo caso, deberá ponerse fin a la instrucción cuando transcurra un plazo de seis meses sin que se lleve a cabo ninguna diligencia de investigación», añaden.
Entienden que establecer ciertos límites a la duración de una instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables.
Advierten de que el proceso es en sí mismo «una pena que comporta aflicción y costes para el imputado», y añaden que dado que en otros ámbitos como el tributario hay límites de duración, se debe articular un sistema que conjugue la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de la presunción de inocencia, del derecho de defensa y de un proceso con garantías.
