José Domingo, presidente de la asociación Impulso Ciudadano, letrado de la administración de la seguridad social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña por Ciudadanos, alerta en Confilegal sobre el riesgo de limitar el ejercicio de derechos fundamentales.
Destaca que «el estado de alarma no puede ser coartada para un control político».
«Salvo el derecho de circulación de las personas», agrega.
Denuncia que Impulso Ciudadano está viendo «en las últimas maniobras del Gobierno y de los partidos que le dan apoyo que se está poniendo en peligro la libertad de expresión y de opinión».
Hace hincapié en que eso es «inaceptable en un Estado democrático».
José Domingo solicita al Gobierno que sea «especialmente cauteloso y cuidadoso en amparar estos derechos fundamentales».
De no ser así, advierte que los ciudadanos «tendrán que acudir a los tribunales para presentar las correspondientes demandas buscando el amparo».
Como ha informado Confilegal, un abogado de Madrid ha denunciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Supremo por ‘vulneracion de derechos fundamentales’.
Un grupo de juristas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Fernando Fernández Marugán, por presunta suspensión de derechos constitucionales.
Esta asociación ha lanzado un comunicado en el que también alerta sobre el riesgo de limitar el ejercicio de derechos fundamentales y en el que pide «un Gobierno de concentración con solvencia técnica».
«Reclamamos que los principales técnicos no queden marginados», explica al respecto en este diario José Domingo.
Señala que hay instituciones dentro del Estado como por ejemplo el Consejo Económico y Social, «que está formado por buenos técnicos, que pueden realizar los informes pertinentes y con carácter urgente para asesorar al Gobierno».
Añade que existen también instituciones como el Consejo de Estado, «con grandes juristas», y que España cuenta con «grandes economistas y profesionales sanitarios que pueden aportar mucho en estos momentos tan difíciles».
Destaca que «en esta situación es necesario que se acuda a las mejores cabezas para que dirijan el Gobierno».
Apunta que «se necesita tanto un Gobierno de políticos como de técnicos».
En su comunicado, Impulso Ciudadano señala que la crisis sanitaria que estamos viviendo, que ha causado miles de muertos y la paralización de la actividad económica de nuestro país, «ha de ser asumida plenamente por la sociedad, las instituciones y los dirigentes políticos, y exige una respuesta eficaz».
Afirma que «desgraciadamente, las medidas adoptadas hasta ahora no han ido en la línea adecuada«, y que tras más de un mes de confinamiento, la pandemia sigue provocando «pánico» en la población y una «desoladora perspectiva social y económica».
Y subraya que «es la hora de las decisiones extraordinarias».
Esta asociación indica que desde el inicio de la declaración del estado de alarma, ha apoyado al Gobierno como autoridad única en la respuesta a la pandemia y ha reclamado «lealtad» a todas las Administraciones y «solidaridad» a los ciudadanos.
Indica que «no se encontrará una salida adecuada a la crisis sin un diagnóstico preciso» y que para tenerlo es pertinente hacer un mínimo balance.
Impulso Ciudadano denuncia que la situación que vivimos «tiene su origen en la respuesta tardía a la pandemia».
«La falta de previsión de las autoridades ha causado una insuficiente provisión de test, de equipos de protección para el personal sanitario, de mascarillas para la población, de respiradores para las UCIs, de protocolos de coordinación entre la sanidad pública y privada, así como el descontrol de las residencias para mayores», expone.
Afirma que a la vez, el «irresponsable retraso» en las decisiones relacionadas con el aislamiento de la población «ha contribuido a la propagación del virus».
Señala que «estos errores no pueden ser ignorados» y que en su momento «tendrán que reclamarse las pertinentes responsabilidades».
Además, considera que el Gobierno «no ha hecho un buen uso del estado de alarma».
Impulso Ciudadano manifiesta que «se ha podido constatar improvisación en la adquisición de material sanitario que ha impedido practicar test de detección del virus a la población y evitar eficazmente los contagios a través de mascarillas de calidad suficiente».
Apunta que «especialmente graves son las condiciones en las que han tenido que desempeñar su actividad los profesionales sanitarios, que han convertido a España en el país del mundo con más personal sanitario contagiado».
También critica que ha habido «infrautilización de todos los recursos del país en las fases agudas». Al respecto, señala que en algunas Comunidades Autónomas los hospitales estaban saturados y en otras había camas y UCIs libres, tanto en la sanidad pública como en la privada.
Asimismo, esta asociación habla de «descoordinación y confusión en el recuento de fallecidos y contagiados» entre las distintas administraciones.
También ve «falta de autoridad del Gobierno para acabar con las reticencias o rechazo de responsables políticos autonómicos y locales hacia los efectivos de las Fuerzas Armadas que participaban en la instalación de hospitales o en la desinfección de residencias de mayores».
Al respecto, esta asociación ha denunciado ante el Defensor del Pueblo los «obstáculos» de la Generalitat a la labor asistencial del Ejército en Cataluña.
Impulso Ciudadano también denuncia «retraso en el pago de las prestaciones que se derivan de los ERTEs tramitados y ausencia de protección de algunos colectivos», así como «falta de coordinación» en materia educativa entre Comunidades Autónomas «cuando está en juego la expedición de títulos con el mismo valor en toda España».
Además, alerta que «la inevitable limitación de algunos derechos, como la libre circulación de personas, debido al estado de alarma, en modo alguno justifica la monitorización y cierre de voces críticas en redes sociales o la instrumentalización de organismos públicos para insinuar que las únicas fuentes fiables son las oficiales».
Destaca que consideraciones como la de que sea misión de la Guardia Civil “minimizar las críticas al Gobierno” «disparan seria alarmas sobre los fundamentos del Estado de Derecho».
Apunta que «el uso indebido de las libertades de expresión y de información solo puede ser corregido judicialmente».
Igualmente, dice que por parte del Gobierno y del autonómico de Cataluña «se ha confundido la transparencia informativa en la rendición de cuentas con insoportables exhibiciones de propaganda y autobombo».
Apunta que en lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas, nos enfrentamos a una evidente caída del PIB y que actividades importantísimas en nuestra economía «tardarán mucho tiempo en recuperarse, lo que conllevará el empobrecimiento de muchos ciudadanos».
Señala que esta crisis, además, afecta a toda la Unión Europea, por lo que es «imprescindible» que las instituciones comunitarias participen activamente en su resolución.
Ante esta situación, «de extraordinaria gravedad», Impulso Ciudadano subraya que «han de adoptarse medidas con el máximo consenso».
Afirma que España necesita de todos sus recursos y debemos afrontar la dura y difícil realidad «con determinación, generosidad y patriotismo»; y que precisa de «un gobierno que gestione de manera eficiente los ingentes recursos que le han sido confiados y que ofrezca propuestas rigurosas y realistas, documentadas y completas, que puedan servir de base para amplios acuerdos».
A ello añade que «España ha de presentar una posición cohesionada ante la UE que fortalezca la negociación con el resto de los Estados miembros de la Unión».
Por ello, esta asociación reclama a los actuales partidos de gobierno «liderazgo y sentido de Estado en la promoción de los imprescindibles pactos con los otros actores políticos y sociales», y a estos últimos, que «prioricen los intereses generales a los partidistas».
«Somos una sociedad madura y preparada que prefiere el trabajo y la cohesión a la propaganda», manifiesta.
Lamenta que a estas alturas «ya se debería contar con un programa unitario para la reconstrucción económica y de lucha contra la pandemia».
Insiste en que el «instrumento idóneo» para la aplicación del programa de reconstrucción es «un gobierno de concentración entre las principales formaciones políticas del país, que cuente con la solvencia técnica y profesional imprescindible para llevarlo a cabo».
