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Afrenta a la abogacía y a la procura, segunda carta abierta al ministro de Justicia
Marcos Molinero es abogado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
28/4/2020 06:35
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Actualizado: 27/4/2020 23:43
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Ministro, buenos días.
Lamento comunicarle que ya no cuenta con la colaboración que le ofrecí en mi anterior carta que, a través de Confilegal, le remití el pasado 9 de abril.
El motivo fundamental es el desprecio y el absoluto desacato a la dignidad personal y profesional de la mayoría de los miembros que conformamos el poder judicial en España: los abogados y los procuradores.
En esta su Ministerio que, más parece acoger tan solo a jueces y fiscales, ya no puede contar con mi lealtad y colaboración para agilizar la Justicia y afrontar los retos y el trabajo que va a suponer su reactivación.
Con respeto le reproché el clamoroso error de empujar a nuestro sistema judicial en un letargo mortal. Sin embargo, acaté el contenido de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y asumí el reto de paliar las nefastas consecuencias que ello suponía.
Sin embargo, no puedo asumir el desprecio que esta norma supone sobre la igualdad de consideración y medios para todos y cada uno de los operadores jurídicos que estamos dispuestos a luchar por la normalización y mejora del sistema.
El Real Decreto de medidas procesales que aprueba previsiblemente hoy el Consejo de Ministro, supone un sacrificio personal y profesional que sin embargo no impone a jueces, magistrados, fiscales, lajs y demás funcionarios de justicia.
Desde un inicio abogué públicamente por el esfuerzo común de todos los operadores jurídicos, incluso habilitando el mes de agosto o las tardes durante los días laborales.
Medida excepcional para tiempos excepcionales, aunando el propio argumentario de su Ministerio.
Seré muy claro y descriptivo ministro al respecto de la medida de habilitar del 11 al 31 de agosto y las tardes de los días entre semana.
A abogados y procuradores nos han impuesto, en mor de la solidaridad y el compromiso profesional, quedarnos sin vacaciones o tardes estivales, como derecho a desconectar y descansar la mente y, en el mejor de los casos, en el supuesto de que podamos permitírnoslo, desplazarnos de “veraneo”.
Ello sin contar con la dificultad de conciliar durante todo ese tiempo la vida profesional con la personal.
Personalmente estaba dispuesto, al igual que han hecho miles de profesionales de la sanidad, los transportes o los servicios esenciales, prestar todos esos sacrificios para que los ciudadanos sometidos a la “tutela del sistema judicial” no viesen retrasado más tiempo la solución a sus problemas.
JUECES Y FISCALES TENDRÁN VACACIONES
Pero la toga que arrastra privaciones no puede ser siempre la misma.
Jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración y funcionarios de justicia sin embargo podrán “turnar” durante la vigencia de su Real Decreto sus periodos vacacionales y de descanso.
Quedará a su arbitrio cuando acceden a sus descansos y “veraneos” sabiendo que “siempre” al otro lado habrá un abogado y un procurador para dar cumplimiento a sus órdenes y a los plazos legalmente establecidos para evacuar los trámites procesales, o interponer en tiempo y forma, los recursos o acciones que estimen por conveniente en defensa de los derechos de sus clientes y representados.
LOS ABOGADOS Y PROCURADORES, NO
Abogados y procuradores estamos excusados de ese arbitrio y por tanto de nuevo sometidos a la autocracia del poder consentido.
Este Real Decreto es el resultado de su imposibilidad como ministro de obtener el consenso entre todos los operadores jurídicos.
Durante estas semanas hemos podido presenciar como los diferentes representantes y asociaciones de esos operadores realizaban su propia y personal propuesta de cómo “solucionar el problema”.
La dispersión se ha convertido en un público ejercicio de “ver quien tiene la toga más larga y la puñeta mejor labrada”.
Común a todos esos ejercicios salvadores es la redacción por “juristas” cuyas togas poco o nada pisan la “arena de la judicial” y si lo hacen evitan manchar sus bajos con el barro de la misma, demostrando a propios y extraños que quien dice “mandar y representar” padece una grave miopía respecto de la realidad.
La toga de los abogados, como de costumbre, aunque profusas y bien argumentada, se ha visto teñida por un negro apagado propio del acomplejamiento obstinado de este lado del estrado, recogiendo a duras penas el sentimiento y las necesidades de la mayoría de abogados que desde su pequeño y artesanal despacho ejercen tan digna y honorable profesión.
La toga de los procuradores ha estado a la altura, propiciando, de manera efectiva la reanudación de la actividad de presentación de escritos y demandas.
La toga de jueces y magistrados que impone su autoridad en el poder judicial, pretendió con un extenso y perfectamente estructurado manifiesto, aprovechar la situación para introducir por “vía respiratoria al albor del COVID-19” una reforma estructural que en muchos aspectos suponía la vulneración de derechos constitucionales y garantías procesales salvaguardando sus intereses.
La toga de la privilegiada Fiscalía ha estado presta en pedir se impulsen las conformidades para reducir el número de juicio orales y se deroguen las obligaciones derivadas de los plazos de instrucción del artículo 324 de la Alecrín (los “malos” no tienen derecho a un juicio sin dilaciones y que les “ajusticien” en un tiempo prudencial y determinado).
No han recalado que muchos de esos juicios podrían evitarse si se redujeran las vacuas y temerarias acusaciones que terminan en muchos casos con la absolución de los imputados.
Además, asombrosamente se le ha olvidado “defender la legalidad” frente a la vileza y conculcación de los derechos fundamentales que supone permitir y consentir que la Audiencia Nacional autorice, de manera generalizada en tiempo de estado alarma/excepción, sin informe justificativo ni control razonado y motivado, la renovación de las autorizaciones de intervenciones telefónicas que realizan policía nacional, guardia civil y policías autonómicas.
La toga de los letrados de la Administración de Justicia se levantó en armas frente a la orden ministerial que permitía la presentación de escritos desde el día 15 de abril, al considerar que abogados y procuradores teníamos el espurio fin de “ahogar” los juzgados buscando justificar el cobro de nuestras.
Los sindicatos de funcionarios de justicia no han dudado en exigir, con su habitual falta de argumentos y amenaza de huelga, la pervivencia de su reputación de asalariados vitalicios y por tanto de unas intocables dispensas especialmente a la hora del desayuno.
Si cada uno de los sanitarios, del personal de limpieza al médico jefe, hubiera mantenido esa actitud, nuestros caídos por esta pandemia sería muchísimos más.
Ahora nos toca a los sectores y servicios que no estábamos en primera línea.
Pero nos toca a todos, sin excepción ni beneficio en función del rango.
El Real Decreto no puede validar los privilegios de 5.500 jueces y magistrados, 2.500 fiscales y 4.600 letrados de la administración a costa del sacrificio de 190.000 mil abogados ejercientes y 10.000 mil procuradores.
Ministro, no es tiempo de enlucir la reforma de leyes procesales o encargar a las multinacionales del derecho la redacción de la ley del derecho a la defensa, es tiempo a empujar con consenso desde la igualdad en derecho y obligaciones a todos los ocupantes de las sillas de los estrados.
LAS COSAS CLARAS
De nuevo, seré concreto y muy expresivo.
Como de costumbre me entenderán si necesidad de precisión todos los abogados y procuradores, que habitualmente pisan la arena jurídica de los estrados, físicos o figurados.
Permítame que me repita.
- Las instalaciones judiciales son el lugar de trabajo de “todos” los que vestimos la toga, los abogados y procuradores no vamos de visita. Las mediadas de protección individual deben estar a disposición de todos nosotros.
- Los plazos procesales son y están para todos los operadores jurídicos, también para los jueces y fiscales.
- Las posiciones de auto importanciosidad y empoderamiento autoritario deben ser desterradas del sistema judicial en las relaciones entre los diferentes participantes en un proceso, los abogados ostentan la autoridad del derecho a la defensa.
- La colaboración, el trabajo conjunto, en equipo y el diálogo entre los diferentes profesionales intervinientes permite la consecución de objetivos y la evitación de confrontaciones procesales.
En cada proceso judicial el “equipo profesional” lo conforman el juez, el abogado, el procurador, el letrado, el oficial y en su caso el fiscal.
Trabaje por el consenso ministro desde la consideración. No dicte el Real Decreto, pues no tendrá, salvo interesadas excepciones, a nadie a su lado, sino a casi todos en su contra, y desde el enfrentamiento nunca se ha dado solución a ningún problema social.
Gracias por leerme…, ahora escúcheme.
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