El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió hoy las decisiones tomadas en torno a la protección de los trabajadores de la Administración de Justicia, subrayando que, desde el comienzo de la pandemia, han prestado sus servicios un 10 por ciento de ellos, «10 de cada 100», que después se redujo a un 5 por ciento, en el peor momento de la crisis.
Esas decisiones han contribuido a un hecho incontrovertible: «España tiene un contagio por cada 100.000 habitantes de 0,43 de media. Afortunadamente, y lo digo con absoluta grandeza, el sector justicia se ha visto contagiado en un 0,002. Cosa que es maravillosa. Porque el índice es mínimo».
«Hemos tenido defunciones, es cierto. Y en cada oportunidad que he tenido he mostrado mis respetos, con algunos, hasta personalmente, porque los conocía. Una compañera de mi promoción», afirmó el ministro.
De acuerdo con el ministro, por encima de una tutela judicial efectiva estaba la salud de los profesionales y de cualquiera que se acercara.
«Justicia no podía cerrar. Porque había que expedir licencias de enterramiento, hay que atender a casos de violencia de género, a cuestiones de cooperación jurídica internacional. Justicia no puede pararse y el decreto de alarma no ha anulado ningún derecho. No ha supuesto una merma del estado de derecho», remachó en otra de sus intervenciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Campo también dio explicaciones sobre los equipos de protección individual (EPI).
«En un mercado internacional saturado, estresado, complejo, el Ministerio de Justicia ha coordinado la compra de EPI para todo el territorio nacional, también para las Comunidades Autónomas», explicó.
«La primera distribución se realizó el 23 de marzo comprendió más de 600.000 dispensadores de gel, y casi 100.000 guantes. En la misma semana, la del 30 de marzo, se distribuyeron 40.000 mascarillas, 164.600 guantes y 16.356 geles directamente a los 432 partidos judiciales de toda España«, añadió.
«Entre las fiscalías también se distribuyeron 4.100 mascarillas, 8.200 guantes y 822 geles».
«En los escasos diez días, desde la declaración de la alarma, todos los partidos judiciales de España comenzaron a recibir equipamientos de protección. Sinceramente, creo que en esta materia hemos estado a la altura desde el primer momento», señaló.
Cuando las medidas de confinamiento se recrudecieron, se diseñó una segunda fase de importación y distribución de EPI en todo el territorio del Estado para 45 días.
«Se trata de un contrato de emergencia por un importe aproximado de 830.000 euros que permitirá una distribución adicional de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores», prosiguió.
También se enviaron EPI al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de España durante la semana del 6 de abril «a fin de cubrir las necesidades de los profesionales que desempeñan su trabajo en los respectivos campos».
«En total se repartieron un total de 145.000 mascarillas quirúrgicas y 89.034 guantes de látex».
La actividad en este campo está lejos de acabar.
«Hemos diseñado una tercera fase en la adquisición y reparto de materiales de protección para la desescalada. Concretamente está previsto que la tercera ronda de reparto se inicie durante la primera quincena de mayo. O sea, estos días«, ha remachado.
